El Gobierno y la realidad, por caminos bifurcados

Néstor O. Scibona
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Si hubiera que atenerse a las expectativas para 2021 podría afirmarse que se espera un año algo mejor que el difícilmente olvidable 2020, pero condicionado por múltiples incógnitas en cuestiones sanitarias, político-institucionales y macroeconómicas con pronóstico incierto. Entre ellas sobresalen sospechosa falta de transparencia en la gestión de compra de vacunas para el Covid-19 y el riesgo de un rebrote de contagios; la ofensiva de Cristina Kirchner contra la Corte Suprema, su intento por colonizar y ser reivindicada por la Justicia, el menor margen de maniobra de Alberto Fernández y la baja posibilidad de acuerdos con la oposición. También la aceleración inflacionaria, el descongelamiento de tarifas, la escasez de reservas netas del Banco Central, los alcances de la negociación con el FMI, el déficit fiscal, la emisión de pesos para financiarlo y la brecha cambiaria. Poco que ver con la "Reconstrucción Argentina", el eslogan que proclama el último spot oficial con la voz del Presidente y pasa por alto la urgente necesidad de inversión privada para exportar, crear empleos y bajar la pobreza.

En el ambiente de las empresas de primera línea prevalece la impresión de que la realidad del país y la agenda del Gobierno transitan por caminos cada vez más distanciados, que desdibujan cualquier noción de futuro relativamente previsible para superar la crisis económica agudizada por la pandemia y su aún incierta evolución a nivel global y local.

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Quienes reconocen la buena predisposición al diálogo de Alberto F. deslizan off the record que, en privado, suele decirles lo que quieren escuchar pero eso no coincide con sus declaraciones públicas, con lo cual pierde credibilidad. No habla además -si bien no le preguntan- sobre su relación con CFK, ni las presiones de La Cámpora y el Instituto Patria en la adopción de varias medidas económicas que modifican anuncios iniciales y generan más incertidumbre en las empresas.

Algo similar ocurre con quienes se reúnen con los ministros y funcionarios del gabinete económico, pero en este caso con salvedades según los temas en discusión. Por ejemplo en las cuestiones fiscales (como amortización acelerada de nuevas inversiones o desgravaciones a la exportación), la última palabra la tiene Martín Guzmán y ese embudo hace que el trámite de cualquier medida -incluso con aval de otras áreas oficiales-, se torne mucho más lento.El ministro de Economía se escuda invariablemente en los límites que le impone la negociación del programa con el FMI, que espera cerrar en marzo o abril, aunque también sufrió el "fuego amigo" del cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria que impuso CFK. En materia de precios la situación es diferente. Es difícil encontrar a algún ejecutivo empresario que no haya sido recibido y escuchado en estos meses por la secretaria de Comercio Interior, Paula Español; pero mucho más a uno al que le haya resuelto el desfasaje entre los precios máximos oficiales y los aumentos de costos, que en promedio oscila entre 20 y 25% desde marzo pese a un par de ajustes parciales del orden de 5%. Mucha comprensión, poco resultado. A veces, algunas reuniones de trabajo tienen un inesperado giro cortoplacista: por caso, el análisis de un régimen para promover la producción y exportación de carne vacuna a mediano plazo, derivó en el pedido oficial de precios máximos para tres cortes populares (asado, vacío y matambre) antes de Navidad, que sólo rigen por tres días este fin de semana.

En voz baja, no pocos empresarios caracterizan este tipo de medidas como "fulbito para la tribuna" de cara al año electoral y cuestionan que el Gobierno atornille los precios máximos y congelados sin considerar los costos de producir bienes y servicios, con lo cual no resuelve los problemas de arrastre sino que los agudiza. Uno de ellos es la creciente distorsión de precios relativos. Según el Indec, en los últimos 11 meses los precios estacionales (verduras, hortalizas y frutas) acumularon una suba de 62,2%, casi el doble que la inflación núcleo (32,9%) y seis veces más alta que los regulados (11,8%). Pero además, un informe de la consultora MacroView revela que desde marzo los alimentos con precios máximos subieron menos de la mitad (14,3%) que los no sujetos a control (34,2%). Dentro de los primeros hay atrasos notables como el del aceite de girasol, cuyos costos aumentaron 97%( entre materia prima, salarios, envases y fletes) y recibieron una actualización oficial de 9,2%. Como contrapartida, la SCI propuso a los productores que constituyan un fideicomiso fondeado en exportaciones para subsidiarse entre ellos.

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Otro tanto ocurre con la puesta en marcha de la controvertida Ley de Góndolas, reglamentada nueve meses después de su sanción y presentada ahora oficialmente como una herramienta para bajar la inflación, que en el último trimestre se está acelerando a tasas anualizadas de 50/60% como derivación del desborde monetario de los meses previos. Con esta confusión entre efectos y causas, el Gobierno acordó con los intendentes peronistas del conurbano bonaerense la realización de controles de precios. Sin embargo, la ley sólo alcanza al 30% de la comercialización de productos de consumo masivo (cadenas de supermercados) y deja fuera de sus alcances al segmento mayorista. Al exigir un mínimo de 5 proveedores por rubro y asignar espacios fijos en las góndolas a productos de pymes, economía popular y pueblos originarios, crea un problema de reposición y abastecimiento que descoloca a los supermercados. En cambio, quedaron sin reglamentar las categorías de productos. Los fabricantes sospechan que este vacío será utilizado por la SCI como elemento de negociación para ampliar el programa de Precios Cuidados, que vence el 7 de enero, y derivar algunas marcas a cambio de eximir otras presentaciones de los precios máximos.

Dentro de esta ofensiva intervencionista, donde el Estado define o cambia unilateralmente las reglas para el sector privado, uno de los casos más recientes es el decreto que extiende hasta el 31 de marzo el congelamiento de tarifas de electricidad y gas -que para entonces cumplirá dos años, al igual que las del transporte- y su reemplazo por un esquema transitorio basado en los ingresos de los usuarios, que será elaborado por los interventores en los entes reguladores (Enre y Enargas), a cargo de funcionarios-militantes cristinistas. Otro, el tope de 5% a los ajustes en telecomunicaciones (telefonía, internet y televisión por cable), que habían sido congelados a fin de agosto por un DNU que los declaró servicio público esencial y motivaron el reclamo judicial de las empresas del sector. Y también redujo a 10% el único ajuste de cuotas de este año para la medicina prepaga, pese a aumentos de costos superiores entre dos y cinco veces.

Como frutilla del postre de este revival de usos y costumbres peronistas, después de un año de crisis sanitaria en el que parte de la administración pública tuvo virtuales vacaciones pagas, el gobierno de Alberto Fernández acaba de acordar con los dos principales gremios estatales (ATE y UPCN) un ajuste salarial inferior a la inflación, a cambio de la incorporación a planta permanente de 29.000 empleados contratados con una antigüedad superior a cinco años en ese carácter y concursos a través de una plataforma digital. Este período no es casual: abarca a quienes ingresaron en el último tramo de la gestión de CFK, muchos de ellos como militantes rentados, Nadie aclaró cuántas vacantes se produjeron en ese período (por retiros o jubilaciones) ni si es necesario cubrirlas íntegramente.Total, los sueldos serán pagados por los contribuyentes y/o con inflación, que en un mes equivale al aumento anual de la mayoría de los países de la región excepto Venezuela.