Gobierno pide a SCJN que siga la prisión preventiva

Alberto Morales, Víctor Gamboa y Kevin Ruiz

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 25 (EL UNIVERSAL).- El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deja en manos de los jueces la decisión de aplicar prisión preventiva oficiosa, generaría una presión adicional al exponerlos a la corrupción y a la violencia.

En un comunicado, firmado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y la consejera Jurídica de la Presidencia, María Estela Ríos, el gobierno federal fijó su postura sobre el proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales que declara inconstitucional la prisión preventiva.

El proyecto señala que esto no significa que deje de existir dicha figura, sino que ya no podrá aplicarse en automático y será el juez quien podrá imponerla "según las peculiaridades del caso".

El gobierno federal pidió al Máximo Tribunal que al momento de resolver este proyecto considere la seguridad pública del país, a las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y el esfuerzo que implica la persecución criminal donde participan fuerzas federales y estatales, así como las fiscalías locales y la General de la República (FGR).

"En consecuencia, que prevalezca la prisión preventiva oficiosa, tal como lo establece nuestra ley fundamental", exigió la administración federal.

Presidencia argumentó que es "fundamental" la existencia de la prisión preventiva oficiosa en ciertos delitos, para asegurar que los presuntos criminales a quienes se les detiene por delincuencia organizada, ilícitos graves del orden común o de cuello blanco no se sustraigan de la acción de la justicia en el proceso penal.

"Se trata de evitar, de igual manera, que evadan la acción de la justicia; que, en represalia por su detención, atenten contra la integridad de las víctimas o amenacen o atenten contra testigos, o que sigan cometiendo delitos y dirigiendo actividades criminales que afectan a la sociedad".

Pidió tomar en consideración que, en muchas ocasiones, detenerlos implica un gran esfuerzo del Estado en recursos, inteligencia y despliegue de fuerzas.

El gobierno señaló que la estrategia nacional de seguridad pública y la política de "cero impunidad" no sólo buscan garantizar detenciones, sino también autos de vinculación a los procesos penales y sentencias condenatorias, con pleno respeto a los derechos humanos.

Este martes, la Primera Sala de la SCJN determinó enviar este expediente al pleno para que se desahogue en conjunto con otro proyecto de la ministra Norma Piña Hernández, quien propone conceder un amparo a un quejoso porque considera que la prisión preventiva afecta los derechos de libertad y presunción de inocencia. Tentativamente se debatiría el 5 de septiembre.

"Impunidad y corrupción". Antes, en conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que el proyecto del ministro Aguilar Morales, en esencia, lo que busca es que haya impunidad y corrupción.

Señaló que para las personas privadas de su libertad que no tienen sentencia se tiene que buscar un mecanismo para que la justicia sea expedienta y no usar esto como pretexto para liberar a diestra y siniestra.

"¿Qué pasaba antes? a Elba Esther y a otros los juzgaron o los acusaron de lavado de dinero porque era delito grave, es delito grave, no la corrupción, entonces retorcían la ley porque lo que querían era encarcelarlos, ahora es delito grave el huachicol, que no era, es delito grave la corrupción, la defraudación fiscal, todo eso. Hicieron modificaciones constitucionales y ahora quieren darle marcha atrás", comentó.

Que no se elimine: Sheinbaum. Durante la presentación de resultados contra la violencia de género, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado de preocupación ante el proyecto del ministro.

Pidió que no se retire, pues aumentaría la impunidad en delitos como la corrupción y además representa un problema para la seguridad de las familias e inclusive para la violencia feminicida.

"Estoy convencida, entonces a quién está definiendo esto, sea por criterios internacionales o no en la Suprema Corte [de Justicia de la Nación], hacerle saber nuestra preocupación de que esto pudiera llegar a ocurrir".

Dijo que esto podría ser la puerta para mayor impunidad.