Gobierno pide a corte rechazo sobre ley de Arizona

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PHOENIX, Arizona, EE.UU. (AP) — El gobierno federal solicitó a una corte que rechace la solicitud de Arizona con la que ésta busca anular un fallo que impide la aplicación de una medida menor de la ley estatal de inmigración que prohíbe alojar a inmigrantes sin permiso para estar en el país y que había entrado en vigencia en 2010.

En un documento que entregó el 27 de diciembre a la Corte de Apelaciones del 9no Circuito, el Departamento de Justicia dijo que las amplias facultades sobre inmigración del gobierno federal superan la medida en cuestión de la ley de Arizona y manifestó que la ley federal prohíbe a las personas alojar a inmigrantes que viven en el país sin autorización.

"El gobierno nacional tiene la máxima autoridad para normar el trato a los extranjeros que se encuentren en territorio estadounidense porque es la nación en conjunto, y no un estado individual, la que debe responder por las consecuencias internacionales resultantes de ese trato", afirmó el Departamento de Justicia en su escrito que presentó como amigo de la corte.

El gobierno federal, que apeló en 2010 la ley de Arizona, entregó el documento como parte de la impugnación separada que presentó una coalición de grupos defensores de los derechos civiles.

La medida había entrado en vigencia a finales de julio de 2010 pero la jueza federal Susan Bolton la bloqueó el 5 de septiembre a causa de la apelación que presentó una coalición defensora de los derechos civiles.

Dos semanas antes de que congelara la medida, Bolton había dicho que no conoció casos de arrestos de personas porque hubieran dado albergue a inmigrantes no autorizados.

La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, que promulgó en el estado la ley de inmigración conocida como SB1070 y es la defensora oficial de la normativa, solicitó a la corte de apelaciones que revierta el fallo de Bolton. Nadie en la oficina de la gobernadora ha respondido en la semana a las solicitudes de que hagan declaraciones sobre el particular.

Brewer, mediante sus abogados, dijo a la corte de apelaciones que la medida que prohíbe alojar a inmigrantes no autorizados fue aprobada para combatir la delincuencia en Arizona y no discrepa con las políticas federales. También afirmó que la coalición de derechos civiles no ha mostrado su interés jurídico para impugnar la disposición.

La prohibición tuvo menos importancia mediática que otras disposiciones previstas en la ley, como la que entró en vigencia el 18 de septiembre y que obliga a los agentes, cuando procedan policialmente, a que pregunten sobre la condición migratoria de una persona si sospechan que está se encuentra ilegalmente en el país.

La Corte Suprema de Estados Unidos ratificó en 2012 esa disposición pero anuló otras contenidas en la ley, incluida la que obliga a los inmigrantes a obtener y portar documentos en los que conste su registro de inmigración.

La Corte Suprema no consideró la prohibición al alojamiento de inmigrantes no autorizados.

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