Gobierno de Oaxaca busca rutas para la paz en comunidades mixes

·4  min de lectura

OAXACA, Oax., julio 3 (EL UNIVERSAL).- Autoridades de distintas dependencias del gobierno de Oaxaca comenzaron una serie de reuniones para "crear una ruta institucional que permita entablar un diálogo encaminado a construir la paz entre las comunidades mixes", dio a conocer la Secretaría General de Gobierno (Segego).

Dicha reunión, encabezada por Francisco García López, titular de la Segego, se convocó este viernes luego de que un tribunal colegiado emitió una sentencia definitiva en la que ordena a autoridades del gobierno estatal y federal reconectar su manantial a San Pedro y San Pablo Ayutla, comunidad ayuujk de la Sierra Norte de Oaxaca, a la que, desde hace cuatro años, se le niega el derecho al agua.

Lo anterior porque el 7 de junio de 2017 un grupo armado de la comunidad vecina Tamazulápam del Espíritu Santo los despojó de las tierras donde se ubica el manantial, del que se abastecían 3 mil personas que habitan en la cabecera.

Ante ello, en la reunión convocada por la Segego participaron los responsables de la Comisión Estatal del Agua (CEA), de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos (CADH), de la Junta de Conciliación Agraria de Oaxaca, así como de la Procuraduría Agraria del gobierno federal.

Esto porque en la sentencia definitiva del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en Cholula, Puebla, que a su vez deja en firme la resolución del Juzgado Tercero de Distrito del Poder Judicial de la Federación, emitida en julio de 2020, se les ordena a dichas autoridades, junto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) "respetar, proteger y hacer cumplir" el derecho humano al acceso al agua de Ayutla.

Y que, en la medida de sus atribuciones, "agoten todos los medios que tienen a su alcance para que se realice la reconexión del agua a la comunidad de Ayutla", acorde con los metros cúbicos y criterios de explotación que autoriza la concesión 10OAX129282/28HOGR99, que fue otorgada por la Conagua a la comunidad el 24 de diciembre de 1999.

Al respecto, la Segego informó a EL UNIVERSAL que, aunque todavía no ha sido notificada de la sentencia definitiva, se comenzó a trabajar en mesas de diálogo, dado que como trasfondo del despojo del manantial hay un conflicto de tierras que sigue activo.

"Se tendrán reuniones para conciliar el conflicto político-social por parte de la Segego, para que operativamente se pueda cumplir con la sentencia", explicó la dependencia.

Indicó que, al ser los ediles las autoridades responsables, dentro de la ruta institucional "se tienen que entablar con ellos mesas para informar de las consecuencias penales que pueden existir [de no llevarse a cabo la reconexión]".

Mientras que la Conagua, como autoridad responsable dentro del juicio, debe coordinar los trabajos en cuanto a las concesiones que otorgó.

Según el área de comunicación de la Segego, esta es una primera reunión convocada por el secretario López García, con "la entera disposición de poder solucionar el conflicto de fondo [de tierras], en cuanto a conciliación", por lo que se espera que exista voluntad tanto de las autoridades municipales como de las agrarias.

Rodrigo Jarquín, presidente de la junta de Conciliación Agraria, recuerda que ambas comunidades estaban dentro de una mancomunidad, como resultado de una resolución presidencial de reconocimiento de bienes comunales, misma que se dividió en 2002, pero que no han podido resolver su línea de colindancia.

"No han resuelto su línea de colindancia porque vienen conciliando de la parte de arriba y se encuentra con el manantial, y ambas piden hacer un quiebre para que el ojo de agua quede su lado. Justo donde está el manantial nadie quiere ceder", dice en entrevista.

Asegura que se ha avanzado para la definición del tema agrario, pero justamente donde está el manantial nadie quiere ceder. "Si los dos pusieran interés y dijeran, que pase la línea y los dos disfrutamos del manantial en pulgadas iguales del agua se podría resolver o la otra, declarar un polígono de 10 o 20 hectáreas y se declare como un santuario o área natural protegida y que nadie se meta ahí", agrega.

Para los habitantes de Ayutla, la situación de la mancomunidad y los límites no tiene nada que ver con el reclamo, pues históricamente han denunciado que la comunidad vecina se ha ido expandiendo e invadiendo cada vez más en tierras de Ayutla. Además, describen que la sentencia que ordena su reconexión al manantial indica que ésta tiene que ejecutarse con base en los términos de la concesión que tienen por parte de la Conagua, por lo que sólo queda como siguiente paso que la sentencia sea materializada.

"Es el final del camino legal. Lo que sigue es materializar la sentencia y reconectar a Ayutla al manantial. Salió de nuevo a nuestro favor, porque siempre hemos dicho la verdad. Ya no hay pretexto para que no lo hagan", expresa al respecto Laura Morales, una de las 78 comuneras que interpusieron el amparo en 2017, del cual se dictó la sentencia definitiva.

Nuestro objetivo es crear un lugar seguro y atractivo para que los usuarios se conecten en relación con sus intereses. Para mejorar la experiencia de nuestra comunidad, suspenderemos temporalmente los comentarios en los artículos.