El Gobierno de Nicaragua está eliminando toda forma de organización civil

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Ginebra, 13 sep (EFE).- El Gobierno de Nicaragua está eliminando toda forma de organización civil en el país, en particular las que tienen que ver con la Iglesia Católica, según un informe presentado hoy por la Alta Comisaría de Derechos Humanos de la ONU, que muestra que la crisis se profundiza más y más.

El organismo indicó que las violaciones constantes de los derechos de asociación, prensa, expresión, a la libertad y a la justicia, entre otros, hacen temer la forma en que se realizarán las elecciones municipales de noviembre próximo.

"Los embates a la libertad de asociación se han incrementado de manera exponencial. Este año se ha cancelado la personalidad jurídica de 1.512 organizaciones de derechos humanos, de asistencia al desarrollo, asociaciones profesionales, incluidas médicas, y entidades asociadas a la Iglesia Católica", dijo un representante del organismo de la ONU.

CIERRE DE ORGANIZACIONES CIVILES

El director de Operaciones en el Terreno de la Alta Comisaría, Chistian Salazar, indicó que con esta nueva ola represiva ya suman 1.578 las organizaciones que han sido forzadas a cerrar desde 2018, año en el que la ciudadanía salió a las calles para reclamar reformas democráticas, un movimiento que fue aplastado con mucha violencia.

Cerca de 200 personas siguen en detención arbitraria en relación con la crisis sociopolítica que se vive desde entonces. De ellas, medio centenar fueron encarceladas en el contexto electoral de 2021 y condenadas recientemente, algunas hasta a 13 años de prisión en juicios que no fueron justos, señaló la ONU

Ni siquiera la cárcel es suficiente para las autoridades, puesto que a muchos de esos presos se les niega desde hace más de un año cualquier contacto con sus familias, según el informe expuesto ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se reúne en Ginebra.

LA IGLESIA Y LA PRENSA ATACADAS

En la presentación se mencionó que en una gran operación policial se incautaron equipos de trasmisión de una estación de radio católica que trasmitía desde una parroquia en Sébaco, Matagalpa, cuyo obispo, junto con otras ocho personas, fueron detenidos y trasladados a la capital, Managua.

Los hechos ocurrieron a mediados de agosto y un juez extendió la detención de todos ellos por noventa días.

La libertad de prensa también está siendo ahogada, con la clausura de veinte estaciones de radio y televisión solo este año, la mayor parte de ellas de carácter religioso, mientras que muchos miembros del personal del mayor periódico del país han tenido que exiliarse.

Ellos se suman a los 120 periodistas que han huido del país desde 2018.

Esta situación de crisis ha llevado ha llevado a 200.000 nicaragüenses a convertirse en refugiados y solicitantes de asilo, el 75 % de ellos en Costa Rica.

La gravedad del exilio también queda en evidencia a través de las cifras de migrantes de Nicaragua detenidos por las autoridades fronterizas de Estados Unidos, que han pasado de cerca de 5.500 en 2018 a más de 84.000 en lo que va de este año.

REACCIONES

Desde Managua, la procuradora general de Nicaragua, Wendy Morales, respondió de forma telemática al informe, que rechazó totalmente, advirtiendo que el gobierno no acepta las recomendaciones que hace y que incluyen iniciar un diálogo nacional y liberar a los presos políticos.

Sostuvo que Estados Unidos y otros países occidentales usan esas recomendaciones "para tratar de someternos a su voluntad" y que en realidad se trata de "una forma de inmiscuirse en los asuntos internos de Nicaragua".

En los comentarios que siguieron a esas intervenciones, la delegación de Ecuador -a nombre de un grupo de 46 países- manifestó inquietud por la situación en Nicaragua, en particular por el impacto que tiene en el derecho a la educación el cierre de universidades y la norma que somete los programas académicos a la aprobación de un órgano central.

La Unión Europea denunció "una represión generalizada que está asfixiando al país" y el creciente número de prisioneros políticos, a algunos de los cuales se les niega tratamiento médico o se les somete a una detención incomunicado.

Isabel Saco

(c) Agencia EFE