El Gobierno les mandó una carta a los colegios privados para instarlos a que acaten el DNU

Maia Jastreblansky
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Alberto Fernández y Nicolás Trotta
Alberto Fernández y Nicolás Trotta

Mientras crece la incertidumbre en toda la comunidad educativa por la judicialización de la suspensión de las clases presenciales que enfrentó fuertemente a Alberto Fernández con Horacio Rodríguez Larreta, el Gobierno sumó otro elemento de presión para evitar que los establecimientos educativos abran sus puertas en los próximos días.

El Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia remitieron una carta conjunta a las cámaras que agrupan a los colegios de gestión privada para instarlas a que acaten DNU Nº 241/2021, que en su artículo 2º dispuso el cese de las clases presenciales en el AMBA por dos semanas. La misiva, confirmaron fuentes oficiales, fue un pedido expreso del Presidente, luego de que la Ciudad se negara a acatar el fallo adverso de un juez federal en lo Contencioso Administrativo para esperar una resolución de la Corte Suprema.

“Les queremos hacer saber que el Decreto N° 241/2021 es una norma federal que se encuentra vigente, por lo cual corresponde sostener la continuidad educativa no presencial o en contexto virtual hasta el 30 de abril de 2021 en todos los niveles y en todas sus modalidades en el aglomerado del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”, señaló una de las cartas, a la que accedió LA NACION.

El Presidente ratificó a Trotta y avanzó con un plan para volver a clases de forma “administrada”

Y agregó una interpretación del laberinto judicial en el que quedó sumida la medida presidencial: “No desconocemos la confusión que ha generado el dictado de una medida cautelar para continuar con las clases presenciales suspendidas por la norma federal citada, que fuera dispuesta por un tribunal local de la Ciudad sin competencia para adoptar esa decisión. En el día de ayer la misma fue dejada sin efecto por la justicia federal. A ello se suma que también tramita ante la Corte Suprema un expediente i niciado por el gobierno porteño”.

La carta

“Lamentamos que, en el momento de mayor riesgo sanitario y ante la evidencia del crecimiento sostenido de casos de Covid-19, se genere una situación de incertidumbre que sin dudas aqueja a la ciudadanía y a la comunidad educativa toda, cuando no se respetan las normas federales. Las autoridades porteñas desconocen demuestran una actitud política y jurídica irresponsable”, cierra la nota que fue firmada por el ministro de Educación, Nicolás Trotta y por el flamante ministro de Justicia, Martín Soria.

En Casa Rosada insisten en que la decisión de Rodríguez Larreta de esperar el fallo de la Corte Suprema y sostener la presencialidad escolar “es pasible de responsabilidad penal, ya que podría encuadrarse en los delitos de desobediencia y violación de medidas adoptadas para impedir la propagación de una epidemia”.

En una entrevista exclusiva, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, remarcó la importancia de la presencialidad como eje regulador del dictado de clases, separándose de la postura adoptada en 2020
Silvana Colombo


En una entrevista exclusiva, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, remarcó la importancia de la presencialidad como eje regulador del dictado de clases, separándose de la postura adoptada en 2020 (Silvana Colombo/)

Las cartas fueron remitidas a las cámaras que aglutinan a los colegios privados tras una reunión entre Trotta y Fernández que buscó cicatrizar las heridas que habían quedado por la decisión sorpresiva del Presidente de cerrar las escuelas por 15 días horas después de que el ministro asegurara que la presencialidad educativa sería lo último a verse afectado. El ministro elabora ahora nuevos protocolos para, eventualmente, regresar a las aulas a partir de mayo, con una “presencialidad administrada”.

En la carta a las cámaras educativas, en tanto, el Gobierno subrayó la obligación de las instituciones de gestión privada de arbitrar los medios para que los alumnos reciban clases no presenciales y que los trabajadores no sean forzados a trabajar en las instituciones. Por eso el Gobierno les solicitó a los establecimientos educativos que no se computen las inasistencias ni se adopten medidas compulsivas.

“Hemos recibido denuncias, quejas y manifestaciones de malestar. Porque al estar las escuelas abiertas, si un padre o madre decide no mandar a sus hijos conforme el DNU, corren las falta y no les garantizan las instancias no presenciales de Educación. Los docentes privados también sienten forzados a asistir”, aseguró una fuente al tanto de las conversaciones que mantuvo Trotta con el Presidente.

El Gobierno le remitió la carta a la Junta Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada de la República Argentina (Coordiep); a la Junta Nacional de Enseñanza Privada (Junep); a la Confederación Argentina de Instituciones de Enseñanza Privada (Caiep); y al Consejo Superior de la Educación Católica (Consudec). En el mismo acto, convocó a sus autoridades a una reunión con Trotta para mañana.