El gobierno de Macri sospecha que la empresa bloquea la información

LA NACION

En el Gobierno no hay dudas: la empresa Odebrecht está trabajando para bloquear la información sobre el pago de sobornos que realizó en nuestro país. Además, crecen las dudas sobre la intención de la constructora brasileña de abandonar el consorcio de empresas encargadas del soterramiento del ferrocarril Sarmiento.

Cerca del Presidente advirtieron que Odebrecht intenta de forma "subterránea" boicotear que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos coopere con información vinculada al pago de coimas en la Argentina. Lo mismo está haciendo en Brasil.

"El lobby que están desplegando es muy fuerte. Se resisten a irse y a entregar información", describió a LA NACION un integrante del gabinete de Macri .

El enojo de Macri; del ministro de Justicia, Germán Garavano , y del procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, con la empresa es total. El jefe del Estado estaba convencido de que Odebrecht, inmersa en un escándalo de corrupción en su país y otras partes del mundo, incluida la Argentina, dejaría la obra del Sarmiento, pero pasan los días y nadie confirma la decisión.

Como publicó LA NACION el jueves, el Presidente les contó a sus íntimos que con la posible salida de la empresa de la obra se sentía "liberado de la discusión" en torno a la continuidad de Odebrecht en obras públicas de la dimensión del soterramiento. Pero el alivio aún no llegó. La "inminente" venta a la empresa italiana Ghella del 30 por ciento que Odebrecht controla del Sarmiento no se materializó y crecen las dudas sobre la intención de los brasileños.

Odebrecht el escándalo que puede estallar en plena campaña electoral

El objetivo que persigue Odebrecht es salir "indemne" del caso en la Argentina. "Creen que porque ya los juzgaron en Brasil y pagaron la multa en Estados Unidos ya está; buscan zafar", explicó un hombre que conoce en detalle la negociación entre el Gobierno y la firma.

"Se está demorando de un modo vergonzoso [la llegada de datos de las coimas de Odebrecht]. La Justicia debe actuar con toda la fuerza y avanzar en la investigación. La justicia argentina es hoy la única de la región que no avanzó con este tema", reprochó Garavano en declaraciones radiales.

Para el titular del área de Justicia, la "llave" para alcanzar la información la tiene la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, enemiga número uno de la Casa Rosada. Según Garavano, "la inacción" de Gils Carbó llevó al Gobierno a buscar asistencia en Estados Unidos.

Ahora, un grupo de jueces y fiscales argentinos viajarán a Estados Unidos para intentar activar el flujo informativo sobre los pagos ilegales. El ministro de Justicia aseguró que el viaje podría realizarse en la primera quincena de julio.

Pero el Gobierno también apuesta a la aprobación del régimen penal para empresas que cometan delitos de corrupción. La iniciativa, que impulsa el oficialismo y que podría debatirse en la Cámara de Diputados en un plazo de dos semanas, propone un andamiaje legal para que empresas que ya cometieron delitos en el país puedan confesar a qué funcionarios les pagaron sobornos durante el kirchnerismo. Es una norma a la medida de Odebrecht.

El proyecto -que obtuvo dictamen favorable esta semana en un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Legislación General- incluye una cláusula transitoria para que, en el caso de hechos ocurridos antes de la sanción de la ley, las empresas puedan celebrar, por vía administrativa, un acuerdo de cooperación con la Procuración del Tesoro. La apuesta del Gobierno es generar un marco legal que genere presión sobre los empleados de la empresa que participaron del pago de los sobornos.

Lo cierto es que hasta ahora el Gobierno no encontró la llave para forzar al gigante brasileño para que colabore con la Justicia. Y la empresa, hasta el momento, ha dado sobradas muestras de que no tiene intención de hacerlo, salvo que le garanticen que sus trabajadores quedarán libres y la firma exenta de daños.