El Gobierno llama a sesiones extraordinarias a partir del 1° de febrero

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Alberto Fernández definió el temario de las sesiones extraordinarias
Alberto Fernández definió el temario de las sesiones extraordinarias

El Gobierno dispuso el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación a partir del 1° de febrero. Desde hace poco más de una semana se esperaba la convocatoria, que finalmente se anunció este martes por la tarde y fue oficializada este miércoles en el Boletín Oficial. Gran parte de los 18 proyectos incluidos en el temario están vinculados con la producción, pero uno es de corte netamente político: la reforma del Consejo de la Magistratura , órgano encargado de la designación y control de los jueces.

En el listado se destacó, como primer asunto, “el Proyecto de Ley por el que se aprueba el Consenso Fiscal suscripto por el Poder Ejecutivo Nacional y representantes de las Provincias”, que se firmó a fines del año pasado, sin la presencia de la ciudad de Buenos Aires.

El llamado a extraordinarias, que se esperaba desde mediados de mes, se da en un momento clave para el Gobierno, que necesita recuperar la iniciativa política luego de las derrotas que a fin de año sufrió en el Congreso, tras la renovación que dejó un parlamento con mayor equilibro entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

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Con respecto a la reforma del Consejo de la Magistratura, el oficialismo aspira a elevar de 13 a 17 los miembros del organismo. El proyecto se aceleró poco antes de que saliera el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la composición de 13 miembros, sancionada en 2006 por impulso de Cristina Kirchner, y ordenó regresar a un Consejo de 20 miembros a mediados de abril, salvo que antes el Congreso apruebe una ley que determine una nueva composición. Ese fallo de la Corte, conocido en diciembre pasado, se dio en medio de la relación conflictiva que el oficialismo atraviesa con la cabeza del Poder Judicial.

El Poder Ejecutivo busca aumentar en el Consejo la representación de los jueces (de tres a cuatro), de los abogados (de 2 a 4) y de los académicos y científicos (de uno a dos). De esa manera, el organismo quedaría integrado por cuatro jueces, seis legisladores, cuatro representantes de los abogados de la matrícula federal, un representante del Ejecutivo y dos representantes del ámbito académico y científico: un esquema menos desequilibrado que el actual, donde los representantes políticos superan en número al resto de los claustros.

La reforma del Consejo de la Magistratura promete generar una nueva batalla entre el Gobierno y la oposición, que tiene varios proyectos en carpeta para reformar el organismo.

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En la lista de temas que propondrá para su tratamiento el Gobierno se encuentran también el proyecto de Promoción de la Movilidad Sustentable y la creación del Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial.

La agenda impulsada por el Ejecutivo se terminó de definir en las últimas horas, y estuvo en manos del propio presidente, Alberto Fernández, y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra. Así lo consignó el propio mandatario, en su cuenta de Twitter: “Me reuní con la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia. Definimos y ordenamos el temario de proyectos para el llamado a las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional”.

En el listado se contemplan los proyectos de Promoción de la Electromovilidad; de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz –Autopartista y su Cadena de Valor; de “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador”; y el de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores.

También se incluye el proyecto de ley para establecer el marco regulatorio de la cadena de producción, industrialización y comercialización de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados para uso industrial y/o medicinal, incluyendo la investigación científica, con vistas a satisfacer el mercado local y generar exportaciones.

Finalmente, entre los pedidos del Poder Ejecutivo se cuentan la creación de dos Parques Nacionales (en Córdoba y Río Negro); de dos universidades (Delta y Pilar); y el Proyecto de Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, Otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y Tuberculosis (TBC).

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