Tensión. Obligan a las empresas a producir al máximo y con control de precios

Melisa Reinhold
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Supermercados
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Esta madrugada la Secretaría de Comercio Interior intimó a las compañías que “poseen la mayor solvencia económica” a operar hasta el máximo de su capacidad instalada mientras dure la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, bajo amenaza de aplicarles la Ley de Abastecimiento a las que no cumplan. Como contracara, los empresarios tildaron la regulación de “inconstitucional” y remarcaron que “excede al poder de control por parte del Estado”.

Desde la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) rememoraron que durante el gobierno de Cristina de Kirchner ya habían criticado la normativa, cuando Guillermo Moreno solía amenazar a los empresarios durante su gestión, aunque “como nunca la aplicaron, no hubo situaciones concretas”.

“Lo vemos mal porque es una invocación que ya hemos cuestionado. Quieren llevar la producción a pleno pero: ¿Para qué mercado? ¿Con qué financiamiento? ¿Con qué condiciones? ¿Y con qué insumos? ¿Quiénes van a comprar? Esto, que nace de la ley de Abastecimiento, para nosotros es inconstitucional, vulnera el derecho de propiedad privada de ejercer toda industria lícita”, señaló Daniel Funes de Rioja, presidente de la COPAL, en diálogo con LA NACION.

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Sin embargo, para la industria de la alimentación no fue del todo una sorpresa: desde marzo del año pasado -cuando se decretó el aislamiento obligatorio- el Gobierno ya había intimado a las compañías alimenticias y de consumo masivo a producir al máximo, a través de una resolución similar a la que salió publicada en las últimas horas.

Pero lo de la generalización sí fue una sorpresa”, agregaron los empresarios. En esta ocasión, las compañías alcanzadas por la medida son aquellas pertenecientes al sector comercial que facturen más de $3698 millones por año y las firmas industriales que registren anualmente ventas totales superiores a $3955 millones. Los montos surgen de lo establecido por la Resolución SEPYME 220/2019 y sus modificaciones, afectando a alrededor de 1000 empresas pertenecientes a diferentes rubros. LA NACION intentó comunicarse con la Unión Industrial Argentina (UIA) para conocer su posición, pero no obtuvo respuesta.

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Union Industrial Quilmes


La resolución afecta tanto a sectores comerciales como a la industria masiva. (Union Industrial Quilmes/)

El argumento del Gobierno: desabastecimiento y escasez

De acuerdo con la Resolución 330/2021, publicada este viernes en el Boletín Oficial, la Secretaría de Comercio Interior indicó que se han reportado “situaciones de desabastecimiento o escasez de insumos y bienes finales que son particularmente perjudiciales en la coyuntura actual”.

“Cabe agregar que las situaciones apuntadas, que se exteriorizan en negativas de venta y falta de stock de insumos y bienes finales, no han sido motivadas por problemas concretos de la cadena de producción y resultan irrazonables e injustificadas en un contexto actual de normalización de la economía y recuperación de la demanda”, remarcó el texto oficial.

Para enfrentar la situación de escasez, el Gobierno intimó a las compañías “que poseen la mayor solvencia económica y tienen un impacto significativo en las áreas de comercio e industria” a incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y a “arbitrar las medidas conducentes para asegurar el transporte, distribución y provisión de sus insumos y bienes finales”. En palabras del texto oficial, la resolución “resulta razonable y adecuada a las circunstancias”.

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Desde la mirada empresarial, desde que llegó la pandemia a la Argentina la industria ha producido y abastecido al mercado de forma normal, pese a las dificultades operativas. “¿Hubo algunos problemas? Sí, cómo no va a haber si hubo cierre de fronteras interprovinciales, municipales. Hubo dificultades para comprar insumos, tanto importados como internacionales. Así y todo, el propio Gobierno reconoció nuestro trabajo”, apuntó Funes de Rioja.

Mayor producción, pero con precios congelados

En marzo de 2020 el Gobierno puso en funcionamiento el programa Precios Máximos por 30 días (aunque la resolución sigue vigente hasta hoy en día), al tiempo en que intimó a las empresas alimenticias a producir al máximo de su capacidad instalada.

Con los precios de los alimentos todavía congelados, los empresarios del rubro recibieron la nueva resolución como un baldazo de agua fría. En números, la COPAL señaló que si bien los precios de góndola no acompañaron a la inflación, el aumento de los costos estuvo por arriba del 40%; los costos logísticos treparon 35% en un año, el costo salarial subió del 32% al 38% y eso sin contar todos los “gastos Covid” que las compañías tuvieron que afrontar.

“Nos pidieron el máximo esfuerzo, que fue más allá de lo razonable. En 2020 nos congelaron los precios y lo único que nos dieron fueron incrementos del 4% al 10,8% cuando hubo una inflación del 36%. Tenemos un montón de sobrecostos que están pesando sobre las estructuras de las empresas y, por lo pronto, no somos la causa sino la consecuencia de la inflación. Los insumos han variado de manera significativa y hace que la ecuación costo-precio esté totalmente desequilibrada”, cerró el presidente de la COPAL.