“Gobierno no puede incumplir suspensión de juez”, abogados advierten sobre reinicio de obras del Tramo 5 del Tren Maya

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Tren Maya
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Con el argumento de que se trata de una obra de “seguridad nacional”, el gobierno de México reinició las obras del Tramo 5 del Tren Maya, entre Playa del Carmen y Tulum, en Quintana Roo, a pesar de que existen dos amparos vigentes que fueron otorgados por un juez para que la construcción se detuviera hasta que estos queden resueltos. 

La decisión de reiniciar la construcción se tomó durante la sesión ayer del Consejo de Seguridad, aseguró Javier May, titular del Fonatur, la dependencia federal encargada de la obra. “Los interesados son la Secretaría de Seguridad Pública y de Gobernación, ellos determinaron que la obra se inicie nuevamente. Con eso no se violenta ningún amparo ya que el Fondo no intervino”, declaró ante medios. 

Sin embargo, abogados consultados por Animal Político advirtieron que, pese a lo dicho por el titular de Fonatur, ningún decreto presidencial ni lo establecido en un Consejo de Seguridad están por encima de lo dictado por un juez. Por ello, señalaron, las autoridades involucradas en la reactivación de las obras podrían estar incurriendo en un delito. 

“Si hay una suspensión concedida por un juez, esta sigue rigiendo hasta que el propio juez la modifique o la revoque. Mientras no suceda ninguna de estas dos cosas, (Fonatur) sigue obligada a cumplir con la suspensión”, explicó en entrevista Javier Martín Reyes, abogado constitucionalista, quien subrayó que una declaratoria de seguridad nacional no implica en automático que la suspensión del juez quede sin efectos. 

“Mientras exista una suspensión decretada, y no se haya dejado sin efectos, las autoridades están obligadas a respetarla. El argumento de la seguridad nacional no se puede utilizar para dejar de cumplir esa suspensión”, coincidió Mario de la Garza, también abogado. 

De la Garza señaló que la única forma de no cumplir con la suspensión dictada por un juez “es impugnándola yendo a un tribunal colegiado de circuito”. 

“Puedes argumentar que la suspensión se concedió en términos ilegales y dejarla sin efecto. Pero mientras no hagas eso, y sobre todo, mientras no tengas una sentencia que te dé la razón y revoque la suspensión, tú no puedes utilizar el argumento de seguridad nacional para dejar de cumplir una orden judicial, así de claro”, remarcó. 

Animal Político y otros medios buscaron a Fonatur para preguntarle si podía publicar el acta del Consejo de Seguridad en la que se tomó la decisión de que el Tren Maya sea una obra de seguridad nacional. Pero en su respuesta, la dependencia alegó que tanto las reuniones como las actas y los documentos que se generan en esas sesiones “son reservados”. 

En mayo pasado, el Juzgado Primero de Distrito de Yucatán concedió una suspensión de las obras en el Tramo 5 del Tren Maya, luego de que un grupo de buzos, espeleólogos de cuevas y cenotes y organizaciones civiles ambientalistas interpusieron dos amparos porque las obras en ese tramo arrancaron sin contar antes con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). 

El juez concedió los amparos y determinó que, hasta en tanto se decida en un juicio si se concede un amparo definitivo o si se reinician las obras, las excavadoras tenían que dejar de cortar árboles y de trabajar en la zona. 

No obstante, desde el pasado viernes 15, activistas y organizaciones civiles como Moce Yax Cuxtal denunciaron que las máquinas volvieron al trabajo, a pesar de los amparos concedidos por un juez. 

Ampliarán denuncia millonaria a Sedena

Jesús Alberto Guerrero, director de la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado (ONRE), una asociación civil que se ha especializado en la representación de afectados por políticas públicas o acciones de privados, apuntó que “en ningún caso” una declaratoria de seguridad nacional puede estar por encima del interés público y social. 

“Todas las normas ecológicas, todas, las de árboles, acuíferos o animales, dicen en su artículo 1 que son de orden público y de interés social. Y la seguridad nacional no puede estar por encima, así que el amparo sigue surtiendo el efecto de que se suspendan las obras, sea quien sea el que las haga”, señaló. 

“Lo que dijo (el titular de Fonatur) no es correcto, en absoluto. Ese decreto de seguridad nacional no puede estar por encima del esquema ecológico, que es un derecho humano fundamental, ni por encima de toda la normativa ecológica, que es de orden público y de interés social”. 

Asimismo, el director de la ONRE recordó que violar la suspensión decretada por un juez, ya sea provisional o definitiva, “es un delito” que puede derivar en denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de quienes desacataron la suspensión concedida por el juez. 

“Es un delito federal, grave, que puede llegar hasta el titular de las dependencias involucradas. Aunque seas parte o no del amparo, si a ti te notifican, tienes que acatarlo”, recalcó. 

El pasado 17 de mayo, la ONRE anunció que otro juez federal aceptó la demanda colectiva que interpuso en contra de cinco constructoras del Tren Maya, a las que reclama por iniciar las obras del Tramo 5 sin contar antes con todos los permisos ambientales que exige la ley. 

La demanda fue interpuesta en contra de Grupo México, la española Acciona y otras tres razones sociales de la constructora ICA. 

La demanda, que fue admitida el pasado 13 de mayo por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, reclama daños iniciales de las obras por hasta 27 mil millones de dólares que, en caso de que la justicia sentencie a favor de la ONRE, deberán pagar las constructoras. 

Jesús Alberto Guerrero dijo a este medio que, por el momento, cuatro de las cinco empresas ya fueron notificadas de la denuncia, y que una vez que todas hayan recibido el aviso, la ONRE va a ampliar la demanda y va a incluir en esta a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dependencia federal que también se encarga de la construcción de una parte de la obra en el Tramo 5.

“El daño lo van a tener que reparar en el ámbito civil para poder recuperar la agresión ecológica que están realizando”, dijo Guerrero, que precisó que, al ser una demanda colectiva la que están realizando, están facultados para demandar también a entes públicos. 

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