El Gobierno evalúa regular por decreto el traspaso de mando en cada ministerio

Maia Jastreblansky

El traspaso de mando que Mauricio Macri hará con Alberto Fernández el martes 10 de diciembre implicará mucho más que un pasamanos con la banda y el bastón presidencial. Más allá de la discusión de fondo por el estado de la macroeconomía, la gestión actual deberá entregar información, equipos, documentos sensibles y hasta contraseñas para que el gobierno entrante ponga en marcha a los despachos oficiales.

En la Casa Rosada no descartan estipular los "términos y condiciones" del traspaso a través de un decreto. "Hoy no hay una norma que regule el traspaso presidencial en la Argentina. Tenemos la decisión política de hacer una transición ordenada que le facilite la gestión al que sigue", comentaron ayer en la Casa Rosada.

A Macri lo obsesionan las formalidades del traspaso. Luego de su propia experiencia con Cristina Kirchner -que se fue de la Casa Rosada el 9 de diciembre de 2015 sin asistir al acto de asunción de su sucesor- el Presidente envió al Congreso en agosto de 2016 un proyecto de ley que proponía "establecer las bases para que el traspaso de mando entre las autoridades del Poder Ejecutivo en funciones y las de un gobierno electo se concrete de un modo eficiente, transparente y ordenado".

"Las autoridades de los organismos, a pedido del jefe de gabinete, deberán entregar un piso mínimo de información para poder poner en funcionamiento al Poder Ejecutivo al momento mismo de la asunción", señalaba aquel proyecto.

La cuestión nunca se reguló y ahora le toca al propio Macri dejarle las llaves del gobierno a Fernández.

La transferencia de usuarios y contraseñas

El Gobierno tiene en carpeta la confección de una normativa que siga el espíritu que fijaba aquel proyecto de ley de 2016. En la Casa Rosada aún deben definir cómo lo implementarán, en un contexto de diálogo sensible con Fernández.

La gestión de Macri analiza enviar proyectos al Congreso para que las formalidades del traspaso eventualmente queden fijadas por ley. Pero también evalúa redactar un decreto para resolver en lo inmediato la transición que tendrá lugar en un mes.

La nueva normativa, según pudo reconstruir LA NACION, podría fijar la modalidad de la transferencia de las bases de datos del Estado, los informes de ejecución presupuestaria, los registros del personal de todas las áreas de Gobierno y un relevamiento patrimonial, con un inventario de automóviles, mobiliario y computadoras.

Uno de los aspectos más sensibles es el de la transferencia de los trámites, que hoy ya no están en papel. El Gobierno implementó la Gestión Documental Electrónica, donde cada funcionario tiene un usuario y una contraseña para resolver y firmar de forma digital. Con el traspaso, quienes asuman deberán tener rápido acceso a toda la documentación digital, y a su vez deberán bloquear los accesos de los funcionarios salientes.

Por otro lado, a la jefatura de Gabinete le preocupa la supervivencia de las publicaciones que hizo el Gobierno en las redes sociales oficiales y los dominios del Estado. Por eso, en la Casa Rosada también evalúan fijar por escrito que los contenidos del gobierno saliente queden archivados, a modo de memoria, cuando asuma el nuevo gobierno.

En Balcarce 50 toman como modelo a los Estados Unidos, donde las publicaciones del presidente saliente pasan a ser custodiadas por la Biblioteca Nacional. En el caso local, pensaron en el Archivo General de la Nación como la "caja fuerte" para atesorar sus publicaciones.

En la Casa Rosada advierten que el traspaso de mando es un "acto complejo". Y prometen: "No vamos a tomar decisiones de peso en los últimos minutos".

En los equipos técnicos del Frente de Todos advierten que esperan "una transición habitual". Y agregan: "Tiene que haber una continuidad, más allá de la tensión entre dos espacios políticos que tienen miradas muy distintas de cómo se administra lo público".