Madrid, 28 abr (EFE).- El Gobierno español logró este jueves que el Congreso aprobara, con un resultado ajustado, su plan para frenar la inflación y los efectos económicos de la guerra de Ucrania, contra el que votó el principal grupo de diputados independentistas catalanes (ERC), muy molesto con un caso de supuesto espionaje a sus dirigentes.

Entre las medidas, que ya estaban en vigor, se establece una bonificación de 20 céntimos de euro por litro para todos los usuarios de combustible de automoción, ayudas para sectores especialmente afectados por la crisis y avales crediticios del Estado para empresas y autónomos.

La incertidumbre sobre el resultado de la votación parlamentaria llegó hasta el comienzo mismo del debate de este decreto ley anticrisis, aprobado por el Gobierno hace unas semanas; ninguno de los partidos de la oposición había aclarado hasta ese momento si apoyaría el plan gubernamental o no, en medio de una tormenta política por supuestas escuchas a independentistas catalanes por parte del Estado.

La debilidad parlamentaria del Ejecutivo, formado por los socialistas y los izquierdistas de Unidas Podemos, le obliga a negociar constantemente con otras fuerzas políticas, prácticamente siempre con pequeños partidos de izquierda y de nacionalistas e independentistas vascos y catalanes para sacar adelante las leyes.

"La votación de hoy no va del Gobierno, va de ayudar a los ciudadanos", no de perjudicarles, argumentó hoy el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en el Congreso.

LOS INDEPENDENTISTAS CATALANES "AVISAN" AL GOBIERNO

El Ejecutivo consiguió finalmente el apoyo de EH Bildu (independentistas vascos de izquierda radical) para que el plan fuera convalidado por 176 votos a favor, con 172 en contra, entre ellos los de ERC (independentistas catalanes de izquierda).

Estos son dos de los pequeños grupos en los que el Gobierno, que preside el socialista Pedro Sánchez, se apoya habitualmente en el Parlamento, dado que su partido y Unidas Podemos solo suman 155 de los 350 diputados del Congreso.

ERC consideró que el Gobierno no ha dirimido responsabilidades por el supuesto espionaje y advirtió de que se trata de "un primer aviso" al Ejecutivo. La ministra de Defensa, Margarita Robles, "debe dimitir", según los independentistas catalanes, a la que hacen responsable, ya que los servicios secretos están adscritos a su departamento.

Por el contrario, Sánchez apoyó hoy a Robles al responder que "por supuesto" al ser preguntado por la prensa sobre si la respaldaba.

Dado lo incierto del resultado, el Gobierno llegó a reclamar el apoyo del principal grupo opositor, el conservador Partido Popular (PP), que demandaba, a cambio, una bajada de impuestos selectiva y temporal para compensar la elevada inflación, situada en el 8,4 % interanual.

El PP votó en contra, pero el plan de medidas económicas fue aprobado por los dos partidos gobernantes -socialistas y Unidas Podemos- con ayuda de un puñado de fuerzas que adujeron motivos de "responsabilidad", al margen de la gravedad de otras polémicas.

Ahora se tramitará como proyecto de ley, lo que permitirá incorporar modificaciones, como pedían el PP y otros partidos.

El decreto ley convalidado, en vigor desde el 31 de marzo, contiene una serie de medidas económicas hasta el 30 de junio como la prórroga de la rebaja de los impuestos de la electricidad, y amplía la cobertura del bono social eléctrico para los consumidores menos pudientes.

La norma limita la revisión de los alquileres y prohíbe el despido de trabajadores por causas relacionadas con los costes energéticos.

(c) Agencia EFE