“El gobierno no escucha a las víctimas de desplazamiento forzado; creen que con una despensa ya nos atendieron”

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La pesadilla se desató a eso de las once y media de la noche. Era domingo 22 de noviembre de 2015. Todo estaba en aparente calma en la comunidad de Polixtepec, una comunidad de la sierra de Guerrero que pertenece al municipio de Leonardo Bravo, en la zona centro de la entidad. Hasta que, de la nada, un convoy de vehículos con más de 40 personas llegó al poblado y abrió fuego contra todo lo que encontraban a su paso.

“Vamos a acabar con todos”, gritaban los atacantes , según narra Carmen, una de las pobladoras de la comunidad, que por motivos de seguridad se omite su identidad.

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La balacera en la comunidad fue brutal y se extendió hasta pasadas las dos de la madrugada. Por el suelo, las banquetas, por todas partes, quedaron regadas balas de armas tipo AK-47 y AR-15 y también de calibre 50, según los casquillos que encontraron los peritos de la Fiscalía guerrerenses, que no se apersonaron en el lugar hasta casi dos días después.

De entre toda la comunidad, cuenta Carmen, los integrantes del crimen organizado se cebaron con una casa en particular, la de Héctor, su hermano.

“Estos hombres armados se detuvieron frente a su casa y le empezaron a gritar que saliera, que eran militares. Mi hermano se asomó por la ventana, para ver si era cierto, y se dio cuenta de que no eran soldados. Así que no salió”, explica la mujer.

De inmediato, los agresores balearon la casa y le aventaron dos granadas. Luego, la rociaron de gasolina y le prendieron fuego con todo y la familia adentro.

Carmen dice que su hermano, un carpintero de 48 años, resultó herido, pero logró escapar y sobrevivir. Sin embargo, su esposa Cristina, y sus hijos Gloria, de 23 años, Adán, de 18, e Isael, de 16, fueron asesinados.

“Nos salimos de la comunidad para refugiarnos, y a eso de las seis de la mañana del día siguiente regresamos y nos acercamos a la casa. Pero ya estaba completamente calcinada. Mi cuñada, mis sobrinos… Todos estaban muertos. Nosotros tuvimos que levantar sus cuerpos porque ninguna autoridad había llegado, y en el pueblo toda la gente estaba muy asustada y escondida”, cuenta Carmen, que ante la pregunta de por qué un grupo armado entró de esa manera tan violenta a Polixtepec, solo acierta a encoger los hombros y a decir: “Los criminales querían la comunidad para ellos”.

Tras el asesinato de sus familiares, Carmen huyó a otra comunidad cercana, a Los Morros. Ahí vivió durante tres años con familiares, hasta que el mismo grupo delictivo entró y mató a otro de sus hermanos, que tenía 32 años, y acabó huyendo de nuevo; esta vez a la cabecera municipal de Chichihualco, a unas tres horas y media de la sierra.

Ahora la mujer lleva desde el pasado 22 de septiembre participando en un plantón permanente frente a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), en la Ciudad de México. Ahí lleva más de 40 días junto a pobladores de otras comunidades de Leonardo Bravo, que, en noviembre de 2018, sufrieron otro ataque armado en El Carrizal que dejó cuatro heridos. Mientras que, en marzo de 2020, alrededor de 800 habitantes de El Balsamar y Tepozonalco, también en Leonardo Bravo, huyeron por la presencia del crimen organizado que los despojó de sus cultivos de maíz, frijol, y de sus pertenencias.

Teodomira Rosales, directora del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, la organización civil que acompaña los casos de desplazamiento forzado interno en Guerrero, entidad en la que estiman que hay más de 25 mil desplazados por la violencia, explica en entrevista que el objetivo del plantón es que las autoridades les otorguen el reconocimiento de víctimas, y que cumplan los acuerdos firmados el pasado 27 de marzo de 2019.

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En ese entonces, Rosales expone que los pobladores firmaron con autoridades del gobierno federal de López Obrador una minuta en la que quedaron establecidos tres compromisos principales: otorgar seguridad a las víctimas, garantizarles un retorno seguro a sus comunidades, y brindarles ayuda humanitaria.

Hasta ahora, dice la activista, solo se brindó ayuda humanitaria a 80 familias, pero aun faltan por reconocer como víctimas a más de 115 personas, con todo y sus hijos. Por lo que están exigiendo que, en primer lugar, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconozca a todos los desplazados como víctimas, para que, a continuación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) les brinde la ayuda humanitaria y todos los recursos que necesiten para tener una vivienda digna, atención a la salud, y una educación de calidad para los hijos de los desplazados.

“En las manos de este gobierno está darnos la condición de víctimas. Queremos que volteen a vernos y que nos den una respuesta. Porque, hasta ahora, solo nos han criminalizado”, critica Rosales, que además señala que estas peticiones son extensibles para muchas otras comunidades en estados como Chihuahua, Chiapas, Quintana Roo, Sonora, o Michoacán, donde los desplazados por la violencia también se cuentan por miles.

“No tenemos a dónde ir. Nadie nos atiende. Tenemos tres años de lucha y tres meses de estar en el plantón. Pero el gobierno nos hace caso omiso. Nos dieron solo la esperanza, pero no el cumplimiento”, lamenta por su parte Mateo Moreno Pineda, otro habitante de la comunidad de Leonardo Bravo.

“Piensan que con una despensa ya nos atendieron”

Ante la denuncia por falta de atención de las autoridades de los tres niveles de gobierno, el jueves 11 de noviembre representantes de comunidades tanto en el sur, como en el centro y norte del país que sufren desplazamiento forzado como consecuencia de la violencia y más de 20 organización de la sociedad civil anunciaron una alianza nacional para dar visibilidad a esta problemática.

En el encuentro, en el que participó Serapaz, la Red TDT, y que se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, en la Ciudad de México, los representantes de estas comunidades pidieron a los legisladores la aprobación urgente de una Ley en materia de desplazamiento forzado, que reconozca la tipificación del delito y a las personas desplazadas como víctimas.

“Queremos que se nos reconozca como víctimas y queremos que el Estado nos provea de una vivienda digna, porque en nuestras comunidades lo dejamos todo”, dijo Joaquina Cantor, desplazada de Zitlala, en Guerrero.

“Nadie sale de su vivienda por gusto, sino por salvar la vida y la de los hijos y la familia -añadió-. En nuestras comunidades, el crimen organizado saca a los niños de 12 años para que hagan trabajos forzados. Y eso el gobierno no lo está viendo. Al contrario, nos está criminalizando”.

Marcelo Soto, integrante de un colectivo que representa a 80 personas que tuvieron que abandonar viviendas y ranchos en la sierra de Chihuahua, explicó que el crimen organizado, además de sus negocios habituales de tráfico de drogas, se apoderó también de los bosques y las minas, provocando la expulsión de cientos de personas de esas zonas.

“El crimen organizado lo controla todo”, lamentó. “Y muchos hemos perdido nuestras propiedades y el trabajo de toda una vida”, recalcó.

Julián Méndez Córdova, en representación de desplazados de El Guanal, en Ocosingo, Chiapas, señaló que no hay un reconocimiento explícito de las autoridades de los tres niveles de gobierno de que, en efecto, existe un problema de desplazamiento interno en México que afecta a miles de personas. Y tampoco se está visibilizando que estas víctimas, una vez expulsadas, quedan a la deriva sin acceso a una vivienda digna, ni a políticas públicas de empleo, educación, o salud.

“Las autoridades no nos escuchan. Piensan que con una despensa ya nos atendieron. Y nosotros lo que pedimos es justicia”, subrayó.

Mientras que Jeremías Mateo Juan, de la comunidad indígena desplazada en Maya Balam, Quintana Roo, explicó en entrevista con este medio que factores como el megaproyecto del Tren Maya, la violencia política, las disputas por los intereses económicos, y la irrupción del crimen organizado, están generando una situación creciente de desplazamientos forzados en la entidad.

“El crimen organizado también ha comenzado a introducirse hacia el interior de las comunidades. Es algo muy alarmante, porque están utilizando las brechas donde cultivamos como fosas donde tiran a las personas que asesinan”, aseguró el activista.

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