El Gobierno chileno impulsa la Agenda de Reparación de las víctimas del estallido

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Santiago de Chile, 3 ago (EFE).- El presidente de Chile, Gabriel Boric, presentó este miércoles el Plan de Acompañamiento y Cuidado para Sobrevivientes de Trauma Ocular (Pacto), un proyecto que forma parte de la Agenda Integral de Verdad, Justicia y Reparación para víctimas de la revuelta popular de 2019, conocida como estallido social.

Las protestas explotaron por la subida del precio del transporte público, pero en realidad reflejaban un malestar social por la creciente brecha económica y social que padece Chile, uno de los países más desiguales del mundo según la OCDE.

Durante la represión de la misma, cientos de personas fueron detenidas o resultaron heridas por la acción de las Fuerzas de Seguridad.

En este contexto, Boric presentó hoy un plan impulsado por el ministerio de Salud, desarrollado de forma conjunta con las víctimas, cuyo objetivo es "brindar medidas inmediatas de atención integral, transformando en política pública el reimpulso a la reparación en el área de salud".

“El objetivo es restablecer la confianza de los sobrevivientes de trauma ocular y sus familias en las instituciones y el Estado” a través de atenciones dignas y empáticas, que incluyan prestaciones de salud con financiamiento del recambio de prótesis a lo largo de todo el ciclo vital, entre otras medidas, explicó el mandatario.

“Durante el 2023 vamos a incorporar al Programa Pacto a los lesionados graves y a las víctimas de heridas por perdigones en manifestaciones para que puedan recibir una atención integral en salud”, agregó.

En este contexto, Boric aplaudió, asimismo, el impulso dado a la Mesa de Reparación Integral para Víctimas del Estallido Social, instancia impulsada por el Ministerio de Justicia que busca el diálogo entre el Estado y las víctimas de vulneraciones a los derechos fundamentales en contexto de la citada protesta.

“Todo esto incluye la importancia de tener la posibilidad de ser oídos, de participar activamente en los procesos destinados a establecer las medidas reparatorias”, subrayó.

"Creo que esta es la única manera de que entendamos que hechos como los del 2019 y 2020 no pueden repetirse jamás. Nuestro compromiso es la reparación integral a quienes vieron vulnerados sus Derechos Humanos, y esto constituye un primer paso para el reencuentro y la convivencia democrática”, concluyó.

El pasado octubre, la ONU pidió al Estado chileno en un duro informe "profundizar sus esfuerzos" para abordar las violaciones a los derechos humanos cometidas en las masivas protestas, que se desinflaron con la llegada de la pandemia.

Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en la actualidad hay 3.072 querellas contra las fuerzas de seguridad, 136 agentes formalizados y solo sentencias condenatorias.

El proceso constituyente en el que está inmerso Chile se gestó precisamente en las protestas y el plebiscito celebrado el 25 de octubre de 2020 para cambiar la actual Constitución -heredada de la dictadura- fue la salida institucional que encontró el país para calmar la crisis.

Un proceso que continuará el próximo 4 de septiembre, fecha en la que los chilenos están obligados a participar en un plebiscito para decidir si aprueban o rechazan el texto escrito durante el último año por los constituyentes, un grupo de ciudadanos elegidos de forma democrática.

(c) Agencia EFE

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