El gobierno de Axel Kicillof se despega de la liberación de presos y apunta a un funcionario judicial impulsado por Vidal

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El penal de Dolores, donde se encuentran detenidos los rugbiers
Mauro V. Rizzi

El asesinato del kiosquero Roberto Sabo en manos de Leandro Suárez (quien ya había estado preso y cumplido su condena), junto a una cómplice menor de edad que dijo estar embarazada, derivó en que la oposición retomara su planteo de que en la provincia de Buenos Aires hubo una liberación masiva de presos durante la pandemia impulsada por la gestión de Axel Kicillof.

Ayer la candidata porteña a diputada nacional María Eugenia Vidal hizo de nuevo esa observación y fue cuestionada por la ministra de Comunicación Pública de la Provincia, Jésica Rey, quien aseguró que el artífice de estas salidas de detenidos fue el procurador Julio Conte Grand, impulsado en ese cargo por Vidal y exsecretario de Legal y Técnica cuando ella pasó por la Gobernación.

“La impunidad con la que la exgobernadora exorgullosamente bonaerense miente en televisión roza lo impúdico”, aseveró Rey en Twitter y agregó: “Repite ‘liberaron miles de presos’ cuando fue su exsecretario Legal y Técnico devenido en procurador Conte Grand quien firmó la resolución que lo indicaba”.

LA NACION se comunicó con Conte Grand, que no quiso hacer declaraciones sobre el tema, pero en altos niveles judiciales de la provincia dijeron a este medio que los datos desmienten lo sostenido por el gobierno de Kicillof. Sostuvieron que los números oficiales muestran que las liberaciones se dispararon meses antes de la resolución del Procurador (desde enero de 2020) y que obedecieron a una “bajada de línea” del nuevo gobierno, que acababa de asumir con la decisión de modificar la política criminal de Cambiemos y pedía reducir la “superpoblación carcelaria”.

Anoche, durante una entrevista televisiva, Vidal habló de una “decisión política de no ocuparse de la seguridad” e indicó: “Es imposible que mejore, si liberás miles de presos”.

En respuesta a esos dichos, la funcionaria de la administración del gobernador Kicillof adjuntó en el tuit imágenes de la Resolución 158/20 de la Procuración General de la Suprema Corte. Esos documentos establecen que el 16 de marzo del año pasado, Conte Grand instruyó a los defensores oficiales para que dispongan la prisión domiciliaria y la morigeración de la prisión preventiva para “los privados de la libertad que, de acuerdo con los criterios epidemiológicos vigentes, requieran una protección individualizada por considerarse población en mayor riesgo ante el Covid-19″.

Asimismo Rey compartió el artículo 2 de la misma resolución, donde Conte Grand insta a que los agentes fiscales, a la hora de expedirse sobre requerimientos de medidas de prisión con detención domiciliaria y de morigeración de la prisión preventiva, evaluaran prioritariamente los casos de quienes requerían “una protección individualizada por considerarse población en mayor riesgo ante el Covid-19″.

La respuesta

De Conte Grand, que es el Procurador, dependen los fiscales, los defensores y los asesores de menores bonaerenses. Fuentes judiciales bonaerenses que defienden su gestión dijeron a LA NACION que no es cierto que las salidas masivas hubieran obedecido a la resolución de Conte Grand ni tampoco a la pandemia. No solo alegan que el crecimiento de los presos que dejaron las cárceles comenzó antes. Dicen además que la resolución del Procurador fue en línea con lo que se dispuso en otros países como Francia, Alemania y Estados Unidos, y que no instruía a los defensores a que pidieran las liberaciones de todos los presos de riesgo, sino que los instaba a revisar si tenían personas en este universo entre sus defendidos y que evaluaran la pertinencia de pedir las prisiones domiciliarias de acuerdo con las circunstancias de cada caso y las normas vigentes, en particular las penas en cumplimiento y las características del delito correspondiente.

También alegaron que el fallo de la Corte bonaerense que revocó el fallo Violini (el que ordenó que los detenidos por delitos leves y en riesgo sanitario fueran beneficiados con el arresto domiciliario) fue revocado a instancias de un recurso del fiscal de Casación que fue sostenido y ratificado por un dictamen de Conte Grand.

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