Gobierno de AMLO propone reforma que centraliza en el DIF acciones para la niñez; es regresiva, dicen activistas

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Gobierno de AMLO propone reforma que centraliza en el DIF acciones para la niñez; es regresiva, dicen activistas
Gobierno de AMLO propone reforma que centraliza en el DIF acciones para la niñez; es regresiva, dicen activistas

A más de un año de la primera vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió la desaparición del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (Sipinna), comenzó el proceso que podría concretarlo.

El 11 de noviembre, el DIF, dirigido por Rocío García, publicó en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) la propuesta de reforma de ley con la que absorbería las funciones del Sipinna, que –según especialistas– significaría debilitar a un órgano enfocado en la construcción de derechos de esa población y regresar a una política ‘asistencialista’.

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Esto porque el Sipinna es un órgano de coordinación de la política dirigida a 40 millones de menores de edad y que logró –por ejemplo– la Estrategia nacional de la primera infancia que estableció la ruta integral de derechos que los gobiernos de todos niveles deben hacer cumplir, desde revisiones médicas durante el embarazo, hasta la educación en los primeros años de vida, advierte Aranza Alonso, vocera de Pacto por la Primera Infancia.

“El riesgo de concretarse esta reforma es que volvamos a ver las políticas como asistencia social, como ‘ayuda’, como un ‘soporte’ para una persona que esté en situación de necesidad y eso es distinto a un enfoque de derechos. La asistencia asistencial piensa en los ‘mínimos indispensables’, mientras que los derechos, en los ‘máximos posibles’”, explica Alonso en entrevista con Animal Político.

El Sipinna nació en 2015 por mandato de la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, como parte de la armonización con la Convención de los Derechos del Niño, en las que son reconocidos como sujetos de derechos. Se trata de un mecanismo indispensable porque “no hay manera de que se pueda hacer esta incorporación como parte del Estado mexicano sin que haya articulación intergubernamental”, afirma Ricardo Bucio, exsecretario ejecutivo del Sipinna.

Dicho organismo está presidido por el presidente de la República, representantes de los estados, dependencias, la FGR, la CNDH y cuyo único ‘personal’ son los integrantes de su Secretaría Ejecutiva.

Aunque el presidente López Obrador ha sugerido su desaparición como una cuestión de ahorro o duplicidad de funciones, en realidad el Sipinna tiene una responsabilidad muy específica de coordinación de las instituciones, leyes y reglamentos y contó con un presupuesto de poco más de 67 millones de pesos, de acuerdo con el presupuesto de egresos de 2020.

En tanto, el DIF tuvo un presupuesto de 2 mil 377 millones de pesos, pero tiene en su responsabilidad el diseño de políticas públicas, la ejecución de programas y acciones de asistencia social, la coordinación del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, “en favor de las familias y personas que, en sus diversas etapas de vida, enfrenten alguna condición de vulnerabilidad”.

Sin embargo, de acuerdo a la propuesta de modificación, tanto el presupuesto como la estructura del Sipinna pasaría al DIF, por lo que ni siquiera habría ahorro, y sí “una pérdida de especialización. De facto está matando la ley”, asegura Bucio. Debido a que el Sipinna hace una labor para que el Estado cumpla con sus obligaciones hacia 100% de las personas menores de 18 años y no solo “asistencia a los más vulnerables”, como lo hace el DIF.

Pasar las funciones del Sipinna al DIF significaría además darle más responsabilidades que a la larga sería ‘debilitar’ la coordinación y desaparecerla, pues sería poco probable que el DIF pudiera cumplir, pues ni siquiera está resolviendo sus propias obligaciones, advierte Juan Martín, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe.

“Desde que empezó la pandemia empezamos a alertar sobre niños y niñas en orfandad, y en febrero del año pasado, aún con el acuerdo con la directora, seguían sin tener padrón ni registro al respecto. También está pendiente el padrón de niños y niñas hijos de víctimas de feminicidio, pese a que es su obligación. Además tenemos una crisis humanitaria de niños y niñas migrantes, (a los que debería proteger) con violaciones masivas violatorias de todas las leyes, con aval del DIF”, asegura Martín.

“El DIF no tiene capacidad, ni le toca sustituir al Sipinna. Solo acumularía incumplimientos”, expone el activista.

Animal Político solicitó postura al respecto al DIF, pero no hubo respuesta.

En la propuesta de decreto que reforma la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes, en el portal de Conamer, advierte que con ello “se pondrá fin a derroches operacionales innecesarios mediante la realización de funciones semejantes y en la misma materia, por parte de un solo ente público, siempre atendiendo la modernización de la gestión pública”.

Dicha propuesta recibirá comentarios de la Conamer hasta el 11 de diciembre y después, el Ejecutivo definirá si presenta la iniciativa de reforma en la Cámara de Senadores o Diputados para seguir el proceso legislativo.

Juan Martín asegura que esta decisión del presidente representa una “visión vieja” y denota que “no es un hombre de Estado”, ni respeta sus promesas, pues cuando estaba en campaña firmó 9 compromisos a favor de la niñez el 20 de abril de 2018 en presencia de él y otros activistas, y el primero de ellos era fortalecer el Sipinna. Esto demuestra que está actuando “en contra de la niñez”, lamenta.

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