Los gobernadores apoyan con dudas el control de precios

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El Gobierno publicó el 20 de octubre en el Boletín Oficial la resolución 1050/2021 de la Secretaría de Comercio Interior, a través de la cual se retrotraen al 1 de octubre y se congelan hasta el 7 de enero próximo los precios de 1.432 productos de consumo masivo
Victoria Gesualdi

CORDOBA.- Aunque, desde la Casa Rosada, insisten en el “respaldo” de los gobernadores al control en los puntos de venta para que se cumpla con lista de “precios congelados”, en las administraciones provinciales hay más tibieza. En general admiten ante LA NACION que no es una política que vaya a dominar la inflación -reconocen los fracasos anteriores- pero los más cercanos al oficialismo lo interpretan como un “activarse” ante un problema “que preocupa” al electorado. La coordinación fina, hasta ahora, no está. Pero la decisión es no aparecer “al margen” de un tema clave.

Son las direcciones de Comercio Interior y de Defensa del Consumidor las que asumen las tareas de visitas a los supermercados. Prima la idea de “no generar tensiones” y evitar enfrentamientos que, entienden, pueden evitarse. Se adeudan las “precisiones” respecto a qué se hará efectivamente frente a los que no cumplan.

Una muestra de que no hay intenciones de “tensionar” es la expresión del gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad -un aliado de la Rosada- quien dijo “sería muy hipócrita de mi parte salir a controlar los precios a los misioneros, cuando no tenemos un tratamiento impositivo diferencial porque nos han vetado una ley”. Subrayó que la responsabilidad de la matriz macroeconómica es nacional.

Fue la secretaria de Provincias, Silvina Batakis, quien se encargó de invitar a varios de los gobernadores; en especial a los menos permeables a aparecer en, lo que interpretan, como jugadas electorales de la Rosada. Esa intermediación, a criterio de algunos mandatarios, generó “ruidos” que se transparentaron en el listado de quiénes estaban o no en el encuentro.

Las “desprolijidades” dominaron todo el proceso hasta que salió unilateralmente el congelamiento por parte del Gobierno. En los distritos administrados por la oposición e incluso en Córdoba -ya Juan Manzur y Carlos Caserio dijeron que el gobernador Juan Schiaretti “no es peronista”- hay una clara toma de distancia. Insisten en que es una medida “decidida” a nivel nacional y que la instrumentación es compleja.

Están los que asimilan la dinámica a las decisiones tomadas durante las cuarentenas: “Primero centralizaron todo, cuando hubo problemas, descentralizaron y apuntaban a las provincias como responsables si algo no funcionaba”.

En Córdoba, la posición es que la Secretaría de Comercio “evaluará” la manera en que puede acompañar. La administración provincial terminó enviando al titular de esa área, pero se distanció de la decisión.

“No queremos aparecer partícipes de un fracaso”, deslizó el vocero de un opositor. Todos los distritos -incluso Córdoba, Jujuy, Mendoza y Corrientes- venían participando en los controles del anterior programa Precios Cuidados y, cuando detectaban inconvenientes, hacían un acta y comunicaban a Nación.

Inspecciones institucionales

El “convenio” firmado entre la Secretaría de Comercio Interior que comanda Roberto Feletti con Provincias y municipios apunta -explicaron desde esa área a LA NACION- a la “articulación y coordinación” para “hacer un seguimiento del efectivo cumplimiento” de la disposición.

“No hay forma de saber desde una oficina del microcentro qué pasa en los territorios provinciales -agregaron-. Esa articulación apunta a generar un canal de diálogo para saber qué mejorar, eliminar o profundizar”. Sin detalles, indicaron que aportarán “información y asistencia técnica” a las autoridades encargadas en los diferentes distritos; apuntaron que hay leyes provinciales y ordenanzas que pueden también aplicarse.

En Tucumán, el director de Comercio Interior, Francisco Nader, indicó que ya hacen controles y que, si corresponde, harán actas y aplicarán sanciones. El foco está, en particular, en establecimientos pertenecientes a las grandes cadenas. En La Rioja también afirmaron que ya hay “seguimiento del cumplimiento” de la resolución.

En La Pampa las inspecciones comenzarán la próxima semana con 30 agentes. Florencia Rabario, directora de Defensa del Consumidor, indicó: “El objetivo es que las fiscalizaciones generen el efecto disuasivo en los distintos puntos de venta”. Su par catamarqueña, Florencia Agüero, sostuvo que se “unificará el control” con el de otros programas y que primero será en las cadenas nacionales. Advirtió que las sanciones previstas son “amplias”.

En Chubut los voceros del gobernador Mario Arcioni indicaron que en los controles ya se detectaron faltantes: “Nuestros inspectores están facultados para sancionar; se sumará personal de la Secretaría de Trabajo y gente de Defensa del Consumidor de los municipios. Las sanciones van a ser reguladas en base a lo que surja en cada comercio”. Habilitaron un teléfono para que la gente mande fotos de las góndolas y advirtieron que controlarán “depósitos y notas de pedido para verificar” datos.

El director de Industria y Comercio de Entre Ríos, Fernando Caviglia, apuntó que ya están inspeccionando -con colaboración de municipios- y que, están trabajando con Nación para, en caso de tener que aplicar sanciones, se les indique cómo proceder. “Hay una tarea articulada”, resumió.

“Institucionalmente desde el Gobierno provincial se seguirá desde la Dirección de Comercio Interior -plantearon desde la administración de Río Negro-. No sabemos si el Frente de Todos pondrá movimientos sociales”. En Chaco señalaron que ya hubo “intimaciones” a los mayoristas para que presenten los listados con los precios para “dar cumplimiento” a la resolución nacional. También en Salta dijeron que seguirán las inspecciones que “permiten garantizar el stock de los productos y los precios contemplados”.

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