'Un gigantesco tiro por la culata': La demanda de Trump contra el maestro especial parece un error

WASHINGTON — Los expertos juristas afirman que la solicitud del expresidente Donald Trump para que un juez interviniera y nombrara a un maestro especial en la investigación penal sobre su retención de documentos gubernamentales pareciera cada vez más ser una metedura de pata importante.

“Tal vez desde la perspectiva de Trump, generar retrasos y caos siempre es una ventaja, pero esto más bien parece un gigantesco tiro por la culata”, comentó Peter M. Shane, un estudioso de las leyes de la Universidad de Nueva York y especialista en la ley de separación de poderes.

En un principio, la demanda de Trump de que un árbitro externo revisara los documentos que el FBI incautó en su propiedad de Florida parecía que resultaría a su favor. Su demanda fue asignada a una jueza a la que él puso en el cargo, Aileen Cannon del Distrito Sur de Florida, quien sorprendió a los expertos juristas concediéndole dicha demanda.

Al nombrar a un maestro especial como sugirieron los abogados de Trump, la jueza congeló en la práctica la investigación del Departamento de Justicia y le dio al árbitro un amplio mandato. El juez, Raymond Dearie del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, filtraría los materiales no solo por privilegio abogado-cliente, lo cual no es inusual, sino además por privilegio ejecutivo, lo cual es inusitado.

Sin embargo, el aparente triunfo de Trump duraría poco. Una decisión del tribunal de apelaciones de la semana pasada y una carta que el Departamento de Justicia presentó el martes pasado sobre los alegatos subsiguientes que su equipo legal había presentado bajo sello a Dearie sugieren que las ventajas de obtener un maestro especial se están erosionando y las desventajas aumentan.

James M. Trusty, abogado de Trump, no respondió a una solicitud de comentarios. Pero el miércoles pasado, el equipo de Trump volvió a presentar sus alegatos ante Dearie —en una carta fechada el 25 de septiembre— lo que pone de manifiesto las tensiones con mayor claridad.

La semana pasada, el tribunal de apelaciones liberó al Departamento de Justicia para que volviera a utilizar alrededor de cien documentos marcados como clasificados en su investigación, además de telegrafiar que el tribunal pensaba que Cannon probablemente había cometido un error con el nombramiento de un maestro especial.

Bloquear parte de la orden de Cannon, el panel del tribunal de apelaciones, que incluye a dos personas designadas por Trump, le permitió a los investigadores volver a examinar el material que supone, por mucho, la mayor amenaza jurídica para Trump. Los posibles delitos incluyen retención ilegal de secretos de seguridad nacional, obstrucción y el desafío de un citatorio que exigía la entrega de todos los registros sensibles que permanecían en poder del expresidente.

No obstante, el Departamento de Justicia aceptó por ahora que continúe el resto del proceso del maestro especial, lo cual significa que un árbitro especial seguirá evaluando alrededor de 11.000 registros no clasificados y otros artículos incautados de Mar-a-Lago, el complejo de Trump en Florida. Una segunda carta de Trusty del miércoles decía que eso equivale a casi 200.000 páginas de material.

Como tal revisión ya no retrasa ni desvía la investigación penal, no está claro qué beneficios le quedan a Trump.

Y Dearie, lejos de complacer al expresidente, como tal vez esperaban sus abogados al sugerir su nombramiento, parece estar organizando la revisión de documentos de maneras que amenazan con horadar más rápido la defensa del expresidente.

Por ejemplo, el juez le ordenó a Trump presentar para el viernes una declaración juramentada o jurada para verificar el inventario o enlistar artículos “que el demandado afirma que no fueron incautados” en el registro.

Pero si Trump reconoce que el FBI tomó de su oficina personal y de un almacén de Mar-a-Lago cualquier documento marcado como clasificado, como dice el inventario, sería una prueba que podría usarse en su contra si después se le acusara de desafiar una orden judicial.

Pedirles a los abogados de Trump que verifiquen y objeten el inventario también significa, en la práctica, obligarlos a afirmar o desmentir ante el tribunal una afirmación que Trump ha hecho en público: su acusación de que el FBI sembró pruebas falsas. Aunque no es un delito mentir a los espectadores de Fox News ni en las redes sociales, mentir ante un tribunal tiene consecuencias.

En esencia, Dearie le está diciendo al equipo de la defensa de Trump “que demuestre o que calle”, afirmó Julie O’Sullivan, profesora de Derecho Corporativo de la Universidad de Georgetown.

“Pensaron que esa estrategia era una victoria para ganar la primera batalla, pero no pensaron bien lo que significaría ganar esa batalla con cualquier juez respetado que fuera nombrado maestro especial”, explicó Sullivan, quien agregó que “no pueden anticipar que todos los jueces le den carta blanca sin considerar la ley. Se trató de una estrategia de relaciones públicas, no una jurídica”.

En su carta del domingo a Dearie, los abogados de Trump argumentaron que Cannon no había autorizado que el maestro especial buscara una declaración para verificar el inventario con Trump o sus representantes. Los abogados también dijeron que necesitarían ver los documentos marcados como clasificados para proporcionar dicha certificación.

Otro motivo de tensión se centra en la insistencia pública de Trump en que desclasificó todo lo que se llevó a Mar-a-Lago, argumento para el cual no ha surgido ninguna evidencia creíble.

Sus abogados no han repetido ese argumento en los tribunales. En cambio, se han limitado a insinuar que Trump podría haberlo hecho al enfatizar que un presidente tiene amplias facultades para desclasificar documentos, sin afirmar en los documentos que en realidad los usó.

En una audiencia este mes, Dearie dijo que los abogados de Trump necesitarían presentar pruebas de cualquier desclasificación —como una declaración jurada— o que concluiría que los documentos seguían siendo clasificados.

“Creo que mi opinión sobre esto es que no siempre puedes salirte con la tuya”, aseveró.

Trump, a través de sus abogados, manifestó su molestia por otras órdenes del maestro especial, según su carta del domingo.

Por ejemplo, Dearie dijo que deben catalogar cada documento que Trump afirma que está sujeto a privilegio. Deben decir si se refieren al privilegio abogado-cliente o al ejecutivo. Y si alegan el privilegio ejecutivo, también deben distinguir entre los registros que simplemente están protegidos de la divulgación a personas ajenas al poder ejecutivo y los que el propio poder ejecutivo supuestamente no puede revisar. También deben explicar por qué cada documento tiene derecho a ese estatus.

Lo que Dearie busca es tratar de obligar a los abogados de Trump a enfrentar una debilidad en su teoría de que el privilegio ejecutivo es relevante para el caso. Muchos juristas dudan de que un expresidente puede invocar el privilegio contra los deseos del actual presidente e impedir con ello que el Departamento de Justicia revise los materiales del poder ejecutivo en una investigación penal.

Pero en su carta, los abogados de Trump dijeron que Dearie estaba yendo más allá de lo que Cannon le había autorizado a exigirles, y comentaron que “no ven ningún fundamento para segmentar” sus alegatos de privilegio ejecutivo en los dos tipos diferentes que había identificado.

Por su parte, el Departamento de Justicia pareció disfrutar el creciente descontento de Trump.

“El demandante presentó este procedimiento civil y equitativo”, escribió en su carta. “Él tiene la carga de la prueba. Si quiere que el maestro especial haga recomendaciones sobre si tiene derecho al remedio que busca, el demandante tendrá que participar en el proceso” que expuso Dearie.

© 2022 The New York Times Company