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GIEI dice investigación sobre estudiantes desaparecidos en México sufre retrasos y fracasos

Miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dan una rueda de prensa en Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO, 31 mar (Reuters) - Autoridades mexicanas no han realizado todas las detenciones ordenadas por fiscales relacionadas con la desaparición de 43 estudiantes en 2014 y el Ejército ha negado acceso a información importante, dijo el viernes el GIEI, manifestando su preocupación por los continuos retrasos en la investigación.

El presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo a finales del 2018 prometiendo descubrir la verdad en torno al presunto secuestro y masacre de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, después de que la investigación de su predecesor estuviera plagada de errores.

El año pasado, una comisión de la verdad creada por López Obrador calificó las desapariciones de "crimen de Estado" encubierto por miembros del Gobierno. Sólo se han descubierto e identificado los restos de tres estudiantes.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que han dado seguimiento a la investigación, instó el viernes a los militares a cooperar con las solicitudes de información y a los fiscales a emitir más órdenes de aprehensión.

"Con ocultamiento de información o con respuestas que no responden a la realidad no va a haber una resolución del caso", dijo Carlos Beristain, uno de los dos miembros actuales del GIEI.

Funcionarios públicos, algunos contra los que se emitieron órdenes de detención hace seis meses, aún no han sido detenidos, dijo Ángela Buitrago, miembro del GIEI.

No precisó el número de detenciones pendientes.

"Hemos insistido en la necesidad de la verificación y el cumplimiento de esas órdenes de captura", dijo en una conferencia de prensa.

La oficina del fiscal general no respondió a una solicitud de comentarios.

Los fiscales pidieron el año pasado la detención de 83 militares, policías y funcionarios gubernamentales, entre otros, y 21 de las órdenes de detención fueron retiradas posteriormente. En aquel momento, el GIEI calificó la medida como "incomprensible" y acusó al Gobierno de interferir en el caso.

Buitrago dijo que el GIEI ya ha enviado pruebas a los fiscales que respaldan las órdenes de detención que fueron retiradas.

El GIEI también acusó al Ejército mexicano de negar el acceso a posibles pruebas en varios casos.

Los expertos afirmaron que el Ejército les había dicho que ciertos documentos y registros no existían, incluso después de que el GIEI los hubiera obtenido.

En un caso, el GIEI dijo que había encontrado las transcripciones de las llamadas telefónicas interceptadas en los archivos militares. Cuando se le preguntó por ellas, dijo que la Secretaría de la Defensa (Sedena) había respondido que no interceptaba ni controlaba las llamadas y que la información no existía.

Sedena respondió a una consulta de Reuters que no tenía información sobre el tema.

El año pasado se presentaron los primeros cargos contra un exfuncionario de alto nivel, acusando al exprocurador general Jesús Murillo de tortura, desaparición forzada y obstrucción de la justicia. El caso sigue abierto y los abogados de Murillo han negado las acusaciones.

(Reporte de Lizbeth Diaz y Daina Beth Solomon; editado por Aurora Ellis y Rosalba O'Brien; traducido por Adriana Barrera)