Yahoo Noticias General relacionado con “falsos positivos” es agregado en embajada de Colombia en EEUU, según El Nuevo Herald
Por Jenny Rozo Herrera
El general colombiano Jaime Lasprilla Villamizar, señalado por Human Rights Watch de estar implicado en los llamados ‘falsos positivos’, ejecuciones extrajudiciales sucedidas entre 2002 y 2008, es desde hace 18 meses agregado de Defensa del Gobierno en Estados Unidos, alertó El Nuevo Herald.
“Ha estado sirviendo como agregado de defensa de Colombia en Washington desde poco después de que él y otros altos oficiales del comando militar fueran sacados de sus puestos luego de un informe condenatorio de Human Rights Watch”, informó el diario.
Lasprilla Villamizar fue comandante del Ejército colombiano entre febrero de 2014 y julio de 2015. Para este último año, el presidente Juan Manuel Santos ordenó una serie de cambios en la cúpula militar, no solo el de él, sino también el de los comandantes de la Fuerza Aérea y Armada.
El diario se refiere al documento titulado El rol de los altos mandos en falsos positivos, que el organismo de derechos humanos divulgó a mediados de 2015, en el cual presentó evidencias que “sugerían de manera convincente que numerosos generales y coroneles sabían o deberían haber sabido sobre los casos de ‘falsos positivos’, e incluso podrían haberlos ordenado o facilitado activamente su comisión”.
Con relación a Lasprilla Villamizar, Human Rights Watch dijo que habría tenido responsabilidad por acción u omisión en 48 casos de las ejecuciones extrajudiciales. Esto habría ocurrido cuando estuvo al frente de la Novena Brigada del Ejército, en el departamento del Huila, al suroeste del país, en 2007.
En su momento, el informe no presentó evidencia alguna contra él pero HRW alega que tiene responsabilidad, ya que como comandante de Brigada firmaba las órdenes donde se reportaban las ejecuciones como muertos en combate y debió por lo menos sospechar que algo raro sucedía.
En 2008, el país se estremeció al conocer que supuestamente miembros del ejército asesinaron a civiles para hacerlos pasar por muertos en combate, presionados para incrementar el número de guerrilleros dados de baja y recibir beneficios. Esto sucedió durante el gobierno de Álvaro Uribe, cuando Santos era el ministro de Defensa. Las primeras destituciones que ordenó Uribe fueron 27 militares por el asesinato de 11 hombres de una localidad cercana a Bogotá.
De acuerdo con la Fiscalía, al menos 3.000 colombianos fueron asesinados.
Según El Nuevo Herald, los grupos de derechos humanos y sus partidarios en el Congreso se enteraron a mediados de marzo del cargo que ocupaba en Washington. “No estábamos al tanto de que el general Lasprilla hubiera sido asignado aquí, pero la verdadera pregunta es si oficiales como él, y no sólo los soldados rasos, serán castigados por actos que, de acuerdo con toda medida objetiva, fueron crímenes de guerra”, dijo un asistente congresual que se dedica a asuntos de América Latina, quien exigió conservar el anonimato porque no está autorizado a hablar públicamente.
El diario explica que el Departamento de Estado de Estados Unidos “estaba al tanto de su transferencia a la embajada en noviembre del 2015, pero no hizo mención alguna de que él estuviera trabajando en la capital de Estados Unidos cuando hizo referencia a las alegaciones de asesinato en una carta anual de certificación de derechos humanos enviada al Congreso en septiembre el año pasado”.
Mientras, el director de la división de América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien también aparece en el artículo, afirmó que “el gobierno colombiano parece haber ido un paso más allá en el caso del general Lasprilla Villamizar al asumir que a las autoridades de EEUU no les preocupará tener a un oficial que estuvo al mando de una brigada involucrada en docenas de asesinatos pasándola bien en Washington en lugar de ser investigado en Colombia”.
“Colombia ha llevado a juicio a pocos militares de alto rango por abusos de derechos humanos en la guerra civil que se ha prolongado allí durante décadas”, añadió.
Vivanco también se manifestó en su cuenta de Twitter. “En 2015 denunciamos vínculos de jefe del ejército con ejecuciones. Gob lo removió pero en silencio lo envió a EEUU”, escribió.
Sin embargo, la Fiscalía colombiana nunca ha presentado cargos contra Lasprilla Villamizar. En junio de 2015, funcionarios de la Fiscalía y de la Procuraduría General emitieron un certificado que constaba que no presentaba antecedentes penales ni disciplinarios, y que ya no tenía procesos pendientes.
Por su parte, Lasprilla dijo que “él no había hecho nada malo y que no estaba escondiéndose, y criticó duramente al grupo de derechos humanos”, aseguró el diario.
“Le recuerdo que la ONG Human Rights Watch no es el sistema de justicia colombiano”, expresó Lasprilla, señalando que el gobierno de Estados Unidos estaba al tanto de su presencia en Washington. “Yo he sido una figura pública y no tengo que esconderme”.
“Durante el curso de mi carrera, nunca he dado una orden que vaya en contra de la población o del sistema judicial”, continuó. “Mi conciencia está tranquila de que durante toda mi vida he vivido con transparencia”.
El Nuevo Herald concluye que funcionarios de la Embajada le confirmaron que al general le falta poco para que termine su asignación en Washington, y que regresará a su país.
Como respuesta, en Colombia, el periódico El Tiempo divulgó que el embajador en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, salió en defensa del oficial, diciendo: “Si el general tuviera alguna investigación activa no podría estar acá, jamás lo hubieran aceptado”. No señala dónde dio las declaraciones. Y agrega que en una carta al Miami Herald, Pinzón insiste en que el general “ha prestado servicio abiertamente en Washington”.
