El gasto en ayuda social se redujo fuertemente y ya está debajo de la inflación

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Masiva movilización convocada por los movimientos sociales en Plaza de Mayo
Prensa Movimiento Evita

Contra lo que ordena todo manual de campaña, el ajuste del gasto público que aplicó el ministro de Economía Martín Guzmán en lo que va del año también alcanzó al gasto social que se vuelca en los sectores más vulnerables. En efecto, los distintos programas englobados en el rubro Promoción y Asistencia Social, si bien obtuvieron en estos meses un refuerzo presupuestario del 27,5%, no logran empardar con la inflación que, hasta ahora, acumuló el 29,1% y alcanzaría el 48,5% anual según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM).

Las consecuencias están a la vista: en menos de 20 días dos marchas multitudinarias convocadas por los movimientos sociales ganaron la calle y encendieron luces de alarma en la Casa Rosada y en el Instituto Patria que conduce Cristina Kirchner. La conflictividad social, en ascenso, surge de las entrañas mismas del electorado más afín al oficialismo.

El ajuste cobra mayor dimensión si se compara el nivel del gasto social actual con el del año pasado, en plena pandemia. Con la eliminación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), las transferencias a programas sociales disminuyeron un 53,6% interanual, según el último informe de ejecución presupuestaria de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Esta disminución fue compensada parcialmente por el impulso de otros programas sociales, tales como Potenciar Trabajo y Políticas Alimentarias, ambos concentrados en el Ministerio de Desarrollo Social que hoy conduce el flamante ministro Juan Zabaleta.

La urgencia del Gobierno está puesta en atender la emergencia alimentaria de los sectores más empobrecidos de la población, cuyos ingresos se deterioraron fuertemente por el impacto de la pandemia. Según el INDEC, el índice de pobreza llegó al 42% al término del segundo semestre del 2020, 6,5 puntos porcentuales por encima del 35,5% de igual período de 2019. Además, el índice de indigencia, que comprende a las personas cuyos ingresos no alcanzan para comprar el mínimo de comida para la subsistencia, se ubicó en el 10,5%, contra el 8% del semestre julio-diciembre de 2019.

Un presidente debilitado por Cristina

Frente a la emergencia del hambre, en un segundo plano quedaron otros programas de asistencia que no tuvieron la misma prioridad presupuestaria como las de atención alimentaria. Por caso, los siguientes:

*Abordaje Territorial: este programa del Ministerio de Desarrollo Social tiene como objetivo contribuir a la mejora de las condiciones de salud de la población en articulación con los sistemas sanitarios provinciales y municipales. Con una partida de 9819 millones, aumentó sólo el 1,3% en ocho meses.

*Promoción y asistencia a la primera infancia: con una asignación de $2070 millones en el Ministerio de Desarrollo Social, tuvo un refuerzo del 16,3% este año.

*Plan Nacional de Protección Social: apunta a identificar y acompañar hogares en situación de extrema vulnerabilidad social: con $821 millones, no tuvo refuerzos presupuestarios y sólo se ejecutó en un 22%.

*Plan Potenciar Inclusión Joven: destinado a jóvenes de entre 18 y 29 años en situación de vulnerabilidad, este herramienta apunta al financiamiento de proyectos socioproductivos, sociolaborales y sociocomunitarios. Con una asignación de 587 millones, sólo se ejecutó el 22%.

Disputa por la caja

Así las cosas, el Gobierno focalizó todos sus esfuerzos presupuestarios en la asistencia alimentaria por medio de la Tarjeta Alimentar. Son sus beneficiarios quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) de hasta 14 años, la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y aquellas madres de siete hijos que cobren la pensión no contributiva. El beneficio alcanza a unas cuatro millones de personas que reciben un ingreso mensual que oscila entre los $6000 y $12.000.

Este programa, a cargo de la secretaría de Inclusión Social que comanda la camporista Laura Alonso, demanda un enorme esfuerzo fiscal del Estado. Alonso maneja una partida de poco más de $181 mil millones, una de las más voluminosas del Ministerio de Desarrollo Social. En estos ocho meses, esta dirigente cercana a Máximo Kirchner recibió un refuerzo del 58,6% de la partida para ampliar la base de beneficiarios de la tarjeta y contener, así, la demanda social.

En tensión con el kirchnerismo, Emilio Pérsico, del Movimiento Evita, controla como secretario de Economía Social otra de las cajas más suculentas del ministerio que comanda Zabaleta, la del programa Potenciar Trabajo. Este programa cuenta con una partida casi tan voluminosa como la de Alonso: $144,5 mil millones. Si bien este programa incrementó sustancialmente su partida cuando desapareció el ATP, en estos últimos ocho meses el refuerzo recibido no llegó al 30% respecto del crédito inicial.

Peor suerte corre el programa Economía Social, concebido para capacitar y brindar asistencia técnica a los sectores más vulnerables a la hora de buscar empleo: la partida no sólo no creció, sino que se recortó en $30 millones y quedó en $1719 millones.

Tanto Pérsico como Daniel Menéndez, de Barrios de Pie, exsubsecretario de Políticas de Integración y Formación y 16° candidato en la lista bonaerense del Frente de Todos, forman parte de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), promotor de la masiva movilización que se desplegó el 7 de agosto pasado, día de San Cayetano. Fue una demostración de fuerza de los movimientos sociales afines al Gobierno que, en tensión permanente con La Cámpora y los intendentes del PJ, se volcaron a la calle para reclamar, entre otras cosas, la creación de un salario universal que cubra la canasta básica familiar y la sindicalización de los trabajadores de la economía popular.

La discusión interna sobre qué hacer con los planes sociales atraviesa al oficialismo desde hace tiempo. El presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, impulsa un proyecto para limitarlos y el movimiento Evita confronta con La Cámpora y con intendentes del PJ. Juan Grabois, del MTE, se enfrenta con el ministro bonaerense Andrés Larroque por el reclamo para que se instrumente un salario universal.

El ministro Guzmán le bajó el pulgar a esta alternativa; una política de esta naturaleza demandaría no menos de 2.8 puntos del PBI, lo que haría volar por los aires las cuentas públicas. De ello conversaron Guzmán y Zavaleta la semana pasada, en su primera reunión tras la asunción del nuevo ministro. Ambos coincidieron en la necesidad de “transformar los planes sociales en trabajo” pese a las objeciones de los movimientos sociales. Decididos a no deponer sus reclamos, las agrupaciones opositoras al Gobierno desplegaron su poder de fuego la semana pasada con una movilización multitudinaria en las calles porteñas. Fue su primera y más fuerte señal de advertencia al Gobierno y al ministro Guzmán frente al ajuste en el gasto y un previsible acuerdo con el FMI.

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