Gamarra se enroca e insiste en ligar el intento de golpe en Brasil con la sedición en España

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra.

Cuca Gamarra, se ha reafirmado este martes en su crítica al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La secretaria general del PP incendió este domingo las redes sociales al asegurar que el asalto a la democracia en Brasil –con miles de simpatizantes de Bolsonaro tratando de ocupar las sedes del Congreso, la Presidencia y el Tribunal Supremo- estaría tipificado como un “simple delito de desórdenes públicos” en España tras la reciente reforma del código penal llevada a cabo por el Gobierno.

“Pueden mirar el Código Penal cómo ha quedado después de la reforma de Sánchez”, ha recalcado este martes ante las preguntas de los periodistas a su llegada a un desayuno informativo protagonizado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En unas declaraciones a su salida, ha agregado que “lo que ha ocurrido en España es que la reforma del Código Penal vacía de contenidos algunos delitos” y ve “importante recordarlo” frente a “aquellos que buscan amnesia y amnistía”.

El mensaje de Gamarra en Twitter generó fuertes críticas tanto en el PSOE como entre sus socios parlamentarios, como ERC, mientras que el PP y FAES, la fundación que preside José María Aznar, han compartido su argumento al señalar que el presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva no rebajaría las penas a los asaltantes, seguidores del expresidente Bolsonaro.

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En el desayuno informativo que ha protagonizado este martes, Feijóo también ha aludido al ejemplo de Brasil para defender el compromiso del PP de dar marcha atrás a la reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno y el de tipificar como delito el referéndum ilegal.

“Yo creo que hay que tipificar el delito de referéndum para evitar males mayores como los que han ocurrido en Brasil o como los que han ocurrido en el Capitolio o como algunas manifestaciones que hemos visto en España, que ya tiene la gente alguna gente mala memoria, como es una manifestación delante del Congreso mientras un presidente que ha ganado las elecciones está tomando posesión”, ha firmado Feijóo.

Se refería así a la manifestación de Rodea el Congreso, donde los manifestantes protestaron en las inmediaciones de la Cámara Baja en septiembre de 2012.

Con su tuit, Gamarra aludía así a la reciente reforma del Código Penal llevada a cabo por el Gobierno para suprimir el delito de sedición y modificar el de malversación. Tras su aprobación en el Senado el pasado 22 de diciembre, la sedición -penada hasta ahora con un máximo de 15 años de cárcel- desaparece y se integra en un delito denominado “desórdenes públicos agravados”, que tendrá una pena máxima de cinco años.

Según la reciente reforma, el delito de desórdenes públicos del que habla Gamarra castiga “la actuación en grupo con la finalidad de atentar contra la paz pública, entendida esta como la normalidad de la convivencia con un uso pacífico de los derechos, especialmente los derechos fundamentales y, por último, la existencia de violencia o intimidación”. Existe, además, “una modalidad agravada” cuando el delito es cometido “por una multitud cuyas características (número, organización y finalidad) sean idóneas para afectar gravemente el orden público”, aunque no exige que dicho orden público llegue a verse efectivamente afectado o impedido. Basta, simplemente, con haberlo puesto en peligro.

Sin embargo, un asalto del Congreso o del Senado en España no se consideraría nunca un desorden público, sino un delito contra altas instituciones de la Nación o uno de rebelión.

Según explica el juez Joaquim Bosch a El HuffPost, en Brasil queda aún por determinar el tipo de violencia ejercida por los manifestantes y la finalidad de sus acciones. “De partida, estos mismos hechos en España podrían calificarse como un delito de rebelión porque perpetran un alzamiento público y violento para cambiar por la fuerza un gobierno de un país”. En España, las penas por rebelión van de los cinco a diez años de cárcel para los participantes y hasta los 15 o 25 años para los que organicen el golpe.

Si la violencia no tiene fuerza suficiente para forzar un cambio de gobierno o no se trata de una actuación con esa finalidad, Bosch explica entonces que hablaríamos de un delito contra las altas instituciones del Estado, recogido en el artículo 493. En todo caso, el magistrado no contempla en ningún modo que un escenario similar al de Brasil en España se juzgara como un delito de desórdenes públicos.

Por tanto, no es cierto que un intento de asalto al Congreso o al Senado se pudiera tipificar en España como un delito de desórdenes públicos, sino como uno contra las altas instituciones de la Nación o como rebelión en función de la violencia ejercida y la finalidad del mismo.

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