El ex funcionario de Construcción de Miami Lakes dice que renunció por presiones para emitir permisos

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Cuando el urbanizador Carlos Pérez se encontró con un obstáculo en la renovación de su casa en Miami Lakes a principios de 2020, contactó al alcalde Manny Cid a través de un amigo común: Marty Caparrós, quien es vecino de Pérez en Southwest Ranches y presidente ejecutivo de la urbanizadora Prestige, que contribuyó a la más reciente campaña de reelección de Cid.

Cid visitó entonces la propiedad y llamó al administrador municipal para pedirle que organizara una reunión entre Pérez y Michel Mesa, funcionario de Construcción de Miami Lakes.

De repente, una disputa administrativa sobre una construcción no permitida se había convertido en algo político, o al menos eso parecía.

Otros dos funcionarios electos, los miembros del Concejo Jeffrey Rodríguez y Joshua Diéguez, también hablaron con Pérez y luego con el administrador municipal sobre los problemas con los permisos de Pérez, muestran los registros. Pérez contrató a Javier Vázquez, abogado y cabildero (y amigo de la infancia del administrador) para que lo ayudara a comunicarse con el gobierno municipal y organizaran una reunión con Mesa.

Y en una reunión de Concejo celebrada en marzo pasado, después de que Pérez y varios miembros de su equipo de construcción se quejaran de su continua dificultad para comunicarse con Mesa, el concejo votó a favor de crear un comité de expertos en el sector de la construcción para recomendar cambios en el Departamento de Construcción, incluso cuando dos concejales, Marilyn Ruano y Luis Collazo, argumentaron que se trataba de un intento indebido de influir en un departamento independiente.

Mesa renunció abruptamente en junio, el mismo día que la directora de Permisos, Lourdes Rodríguez, quien dijo en su carta de renuncia que “las circunstancias la habían llevado a marcharse”.

Mesa, que se marchó tras aceptar el puesto de funcionario de la Construcción en Bay Harbor Islands, no hizo ninguna alusión a las circunstancias de su partida en la carta de enuncia. Pero ahora, ante la demanda presentada el 21 de diciembre contra él por el hijo de Pérez, Carlos Pérez Jr. —para quien el mayor de los Pérez estaba renovando la casa en 14412 de Rosewood Road—, Mesa está hablando.

En una declaración el lunes, Mesa dijo al Miami Herald que no habría dejado Miami Lakes en junio pasado si no fuera por los intentos de Pérez y su equipo “para reducir la integridad del Departamento de Construcción”. Mientras que varios funcionarios de la ciudad dijeron al Herald que creían que Mesa se había ido por un mejor salario en Bay Harbor Islands, Mesa dijo que era “ampliamente conocido” que la situación con Pérez fue un factor en su decisión.

La semana pasada, en una moción para desestimar la demanda en su contra en el Tribunal de Circuito de Miami-Dade —que acusa a Mesa de retener los permisos a propósito después que se enteró de que Pérez había pedido ayuda al alcalde—, Mesa dijo que se sintió presionado para dar luz verde al proyecto de Pérez después que la ciudad descubrió que las renovaciones se habían realizado sin permisos.

“Esta demanda frívola es un abuso escandaloso, malicioso y procesable en el sistema judicial por parte de un solicitante de un permiso de construcción que está molesto porque el demandado se negó a ceder a los esfuerzos del demandante para corromper al gobierno de Miami Lakes”, dice la moción de desestimación de Mesa, que fue presentada por el abogado Michael Pizzi, ex alcalde de Miami Lakes.

‘Una lucha de poder’

La demanda contra Mesa es un intento inusual de responsabilizar personalmente a un funcionario por sus decisiones profesionales. Pérez Jr. había demandado previamente al gobierno de Miami Lakes, pero abandonó el caso en el tribunal federal en marzo pasado. Los funcionarios de Construcción son generalmente inmunes a la responsabilidad a menos que se demuestre que han actuado con malicia o imprudencia.

El fiasco de varios años ha planteado cuestiones sobre el papel que deben desempeñar los funcionarios electos en el funcionamiento de los departamentos de Construcción locales, si es que deben desempeñar alguno. La ley de la Florida dice que los funcionarios de Construcción deben actuar de forma independiente, “sin interferencia de nadie”. Pero varios funcionarios de Miami Lakes dijeron que no hay nada indebido en cómo se manejó el caso de Pérez.

Cid, el alcalde, dijo que su visita a la propiedad y la posterior solicitud de que el administrador organizara una reunión era una práctica normal, y simplemente parte de su esfuerzo más amplio para garantizar que se satisfagan las necesidades de los habitantes.

“Cualquier persona de la comunidad puede solicitar que vaya a su casa y vea cuál es el problema”, dijo Cid. “Es lo mismo que hago con todos los habitantes”.

Rodríguez, quien le dijo al administrador municipal que creía que Mesa estaba manejando mal el caso de Pérez y también propuso el comité, dijo que su enfoque siempre fue mejorar la comunicación de la ciudad con los vecinos, no tratar de influir sobre el funcionario de Construcción sobre las decisiones de seguridad vital.

El caso de Pérez, añadió, no era el único que había puesto de manifiesto el margen de mejora del Departamento.

“Somos la caja de resonancia entre los residentes y el gobierno”, dijo Rodríguez. “Está dentro de nuestro ámbito”.

Pero no todos los funcionarios municipales lo vieron así. Ruano, quien votó en contra del comité ad hoc, dijo que todavía siente que la formación del comité fue parte de una “cacería de brujas política” contra Mesa. Y Pérez, dijo, estaba usando a los funcionarios electos para tratar de influir políticamente.

“Cuando [Pérez] empezó a llamar a los miembros del Concejo, lo que intentaba era influir en el funcionario de Construcción. Eso es lo que realmente creo”, dijo. “Se convirtió en una lucha de poder”.

Marilyn Ruano, concejal de Miami Lakes
Marilyn Ruano, concejal de Miami Lakes

Según el portal Political Cortadito, las renuncias de Mesa y Rodríguez también provocaron inicialmente que el administrador municipal Ed Pidermann saliera en su defensa.

En una entrevista en julio, Pidermann habría calificado la reunión de marzo, en la que Pérez y su equipo habían criticado a Mesa., de “un desfile orquestado de personas que menospreciaban al departamento de Construcción y a la administración”. Añadió que la interferencia política había provocado “probablemente” las renuncias de Mesa y Rodríguez.

Pero la mañana en que se publicó el artículo, Pidermann envió un correo electrónico a la autora (Elaine de Valle, ex reportera del Herald) para decir que lo había “citado mal”. “Nunca le dije que la razón por la que se fueron fuera una interferencia política. Le aconsejé que hablara directamente con los dos para que le dijeran porqué se fueron”, dijo.

Hablando con el Herald la semana pasada, Pidermann dijo que los funcionarios electos se comportaron de forma totalmente apropiada al transmitirle las preocupaciones de Pérez, dejándole cumplir su papel de intermediario y de amortiguador con el departamento de Construcción.

“No creo que se hayan apoyado en mí [políticamente]. Ninguno de ellos”, dijo Pidermann. “De hecho, sería ilegal que ellos o yo intentáramos hacerlo con un funcionario de Construcción”.

‘Está pagando el precio’

En su presentación ante el tribunal la semana pasada, Mesa invocó el derrumbe de las Champlain Towers South en Surfside, donde murieron 98 personas en junio pasado, para subrayar el papel crucial de los funcionarios de Construcción para mantener la seguridad de las personas. Ross Prieto, ex funcionario de Construcción de Surfside, enfrentó críticas después del colapso por decir a los propietarios que el edificio parecía estar en buen estado, incluso después de recibir un informe que detallaba los daños estructurales.

“Como toda la nación aprendió de los trágicos eventos del colapso de las Champlain Towers, si las autoridades de Construcción no hacen su trabajo, la gente muere”, dice la presentación judicial.

Kawa Foad, abogado de Pérez Jr., dijo al Herald que estaba “disgustado” por la comparación.

“Están comparando manzanas con lasaña”, dijo Foad. La propiedad de Pérez en Miami Lakes, dijo, “era una propiedad deshabitada que estaba en malas condiciones. Trataban de arreglarla lo más rápido posible”.

Pérez admite que empezó a trabajar en la casa de Rosewood Road sin los permisos necesarios, diciendo que se vio obstaculizado por el cierre del Departamento de construcción en los primeros días de la pandemia. Las reformas sin permiso incluían la construcción de una terraza, la instalación de ventanas y puertas contra impactos y la remodelación interior.

Cuando un inspector de la ciudad se percató de las obras en abril de 2020, el departamento de Construcción calificó la estructura de insegura, tal y como establece el código del condado. Pero la demanda dice que Pérez hizo todo lo posible después de eso, presentando planes estructurales revisados en respuesta a la información recibida de Mesa y encargando escaneos de radar de penetración de tierra para demostrar que las obras se habían hecho correctamente y de acuerdo con los planos.

Mesa, según la demanda, se enojó cuando supo que Pérez buscaba la ayuda del alcalde. Impulsado por un “ego frágil”, rechazó las reuniones con Pérez y retuvo los permisos necesarios, según la demanda, lo que acabó costando a Pérez y a su hijo más de $100,000 en honorarios legales y daños a la propiedad.

La demanda también dice que Mesa insistió en las imágenes de rayos X de la obra no permitida, en lugar de las exploraciones de radar de penetración en el suelo que Pérez y su equipo de expertos dijeron que son estándar de la industria y más seguro para los seres humanos.

En última instancia, la disputa fue resuelta en mayo pasado por la Junta de Reglas y Apelaciones de Miami-Dade, que determinó que se debía permitir a Pérez presentar los escaneos de GPR en lugar de los rayos X, lo que sentó el camino para que se emitieran los permisos.

Pero Mesa dice que tuvo en mente la seguridad, no la venganza. La demanda, dice su presentación en el tribunal es un intento de “seguir acosando y calumniando [a él] por ser un funcionario municipal de la construcción que hizo su trabajo”.

Ruano, el concejal, está de acuerdo.

“Se quejan que nuestro funcionario de Construcción no se comportó correctamente. Yo creo que es todo lo contrario”, dijo. “No cedió a la presión política y ahora está pagando el precio”.

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