“Fuga de médicos”: la alarmante problemática que amenaza con tensionar el sistema de salud público mendocino

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Fuerte preocupación en Mendoza por la renuncia de anestesiólogos en los principales hospitales públicos, como el Central
Marcelo Alvarez

MENDOZA.- En el sistema de salud de la provincia se viven largos días de tensión, malestar y ansiedad, sobre todo por la suspensión de las cirugías programadas, que ya superan las 5000. Pero, no solo es un problema que dejaron al descubierto los anestesiólogos, tras una renuncia masiva por desacuerdos salariales, que obligó al gobierno local a declarar la emergencia sanitaria en la actividad y amenazar con sanciones, sino que los demás profesionales sanitarios ponen en evidencia la crisis que padecen, lo que está llevando también a una “fuga de médicos”, aunque sea progresiva, y la provincia la relativice.

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Esto es: profesionales y prestadores en diferentes especialidades que se cansaron de reclamar y trabajar en el área pública mendocina y se instalan en el sector privado, o directamente, amplían el horizonte y se van a otras provincias o incluso a Chile para desarrollar sus carreras y tener un mejor pasar económico. Es más, algunos van y vienen. Por ejemplo, del otro lado de la Cordillera llegan a ganar hasta 1000 dólares por una guardia; cifra que, en pesos, está por debajo de lo que cobran durante todo el mes en Mendoza en un consultorio, con una guardia incluida. También, surge la oportunidad de irse a San Luis, donde, por ejemplo, está el caso concreto de un neumonólogo que percibe casi 200.000 pesos por atender en consultorio un día a la semana y realizar un par de fibrobroncoscopias, mientras que en Mendoza cobraba 35.000 pesos por una carga semanal de 12 horas en un efector público, según detallaron a LA NACION diversos profesionales consultados, que prefieren reserva de identidad.

“Lo del éxodo es real, el gobierno está equivocando el camino y es una pena; y lo más lamentable es que los más vulnerables no van a tener la atención que merecen. No hay un número preciso de médicos que se van, pero los movimientos se observan cada vez más”, contó a este medio, María Isabel Del Pópolo, actual prosecretaria de finanzas de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), ya jubilada en su función de secretaria general del principal sindicato, pero una de las voces más autorizadas para evaluar lo que ocurre en el sector.

“Hay varios colegas que ya se fueron y están muy molestos para hablar, porque también se van a probar suerte, o van y vienen y no quieren dar de baja la matrícula en Mendoza, para dejar la puerta abierta. Igual, somos varios los que estamos pensando en irnos si esto no cambia”, contó a LA NACION, Ignacio, un médico mendocino que afirma que no se puede llegar bien a fin de mes con el salario estatal, por lo que apeló a un emprendimiento en el sector privado. Mientras, algunos de sus colegas ya están viajando a San Luis o a Chile para cambiar su realidad.

No tenemos un número puntual del éxodo, pero es una situación concreta, sobre todo de la gente joven. Hoy, se van a hacer una guardia a Chile y se vuelven, con 800 o 1000 dólares. Hay una migración al exterior y a provincias vecinas, donde les ofrecen mejores condiciones, sobre todo en el sector privado. Solo tienen que hacer algunos trámites de reválidas y certificaciones para poder trabajar, incluso beneficiados por convenios del Mercosur”, contó Daniel Jiménez, secretario adjunto de Ampros, que afirmó que las especialidades más críticas son las más demandas y con más posibilidades para los interesados en partir. Así, emergentología, terapia intensiva, unidades coronarias, oftalmología, urología, neumonología, dermatología e imagenología están entre las más “beneficiadas” para emigrar.

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Voces

Ojo que la salud de la provincia no da más. Incluso, hay gremios que no reaccionan o los tienen callados. Pero, la realidad es que el sistema público, incluso la obra social de los empleados, está en crisis. Que los anestesiólogos tengan asociaciones fuertes no los hace mafiosos ni los ´carteliza´. Ahora, estamos todos los médicos listos para protestar más”, sumó su voz a LA NACION, otro reconocido médico mendocino, que incluso trabaja en áreas clave del Estado, más allá de sus labores en el sector privado. “Me cuesta mucho llegar a fin de mes. El deterioro de los honorarios se quedó muy atrasado en los últimos cuatro años”, indicó otro médico, pediatra y neonatólogo. “A mi marido no le faltan ganas de ir a probar hacer guardias a Chile. Yo estoy un poco mejor, pero la crisis en la salud pública mendocina es generalizada, con salarios muy malos”, completó otra médica.

“Ojalá no se vaya toda la atención al gremio de los anestesiólogos y se pueda ver la complejidad del momento que estamos viviendo entre todos los profesionales de la salud”, indicó a este medio otra médica mendocina, cardióloga, que hoy hace malabares para mantener su hogar.

Ante el reclamo salarial de los anestesiólogos, en los últimos días en la provincia se profundizó el conflicto, que derivó en la ley de Emergencia en la actividad, que prohíbe las renuncias. Así, mientras los especialistas denuncian las condiciones de contratación, el gobierno amenaza con retirarles las matrículas e imponerles sumarios, al tiempo que las más de 5000 cirugías programadas quedaron en stand by. En Mendoza, hay más de 200 anestesiólogos con matrícula activa, según datos del Ministerio de Salud provincial, de los que unos 60 tiene cargo de planta. Tras las intimaciones, solo cuatro aceptaron retomar sus actividades en el Estado. “Estamos atados. Los hospitales y la gente somos rehenes de estos conflictos, que debe solucionar el ministerio”, contaron a LA NACION fuentes de los principales hospitales de Mendoza, el Central, que es un centro de referencia de alta complejidad, y el pediátrico Humberto Notti, que reciben fuertes quejas de los pacientes.

“El gobierno tiene un montón de recursos para solucionar los conflictos. Hay más de 5000 cirugías programadas en espera; esto puede pasar a mayores, por eso debe haber una solución a corto término con los anestesiólogos y con todos los profesionales de la salud”, acotó Jiménez, que rechaza la Ley de Emergencia en anestesiología, pero disiente con los especialistas en proponer la tercerización o privatización de las prestaciones. De igual modo, en Ampros ya preparan una presentación ante la Justicia para que se declare la inconstitucionalidad de la norma, ya que consideran que “no se puede obligar a nadie a renunciar; no es la solución, es una ley inconstitucional; hay que crear mejores condiciones laborales y salarios”.

Negociaciones

Mañana volverá a realizarse una reunión entre los anestesiólogos y el gobierno para intentar alguna salida, aunque la tensión es creciente. Pero, mayor es el malestar y la desilusión de los médicos de las diferentes ramas, que siguen esperando mejores condiciones laborales, paradójicamente, después de haber trabajado con intensidad en la pandemia.

En contacto con LA NACION, voceros del Ministerio de Salud de Mendoza optaron por esperar al nuevo encuentro con los anestesiólogos para hacer nuevas declaraciones, aunque admitieron que hay médicos de las diferentes especialidades que están apuntando a otros horizontes, pero relativizaron ese movimiento. “No es algo general. Son pocos médicos los que se van a alguna provincia vecina, donde la realidad con la Salud no es la que cuentan”, se limitaron a señalar desde la cartera sanitaria, que considera haber realizado mejoras en paritarias.

Para los médicos, hay un atraso salarial que quedó anclado en 2020, cuando no se dio ninguna suba, por lo que los aumentos que luego vinieron no lograron compensar el impacto negativo de ese año. “Al tener ese año sin incrementos, te tira todo para atrás, en un Argentina con una macroeconomía en graves problemas. Veníamos de buenos acuerdos en los años anteriores, pero se dejó de indexar nuestro salario mes a mes”, remató Jiménez.

“En este momento, creo que se tiene que defender sin lugar a dudas la salud pública y los médicos son imprescindibles: son como siempre digo, los únicos que pueden firmar el certificado de recién nacido y el certificado de fallecimiento”, acotó Del Pópolo, que insta a las autoridades a cumplir los alcances de la ley N°7759 de Contrato de Trabajo. “Como siempre sucede en este país, las leyes se acomodan según convengan. Otra cosa sería la Salud en la provincia si se cumpliera nuestro Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), bajo la [norma] 7759. Es el único CCT de salud en el país y también América del Sur; es una verdadera política de recurso humano”, añadió la dirigente.

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