El peligro de tener a los extremistas en las fuerzas policiales

Neil MacFarquhar
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Manifestantes irrumpen en el lado del Senado del Capitolio el 6 de enero de 2021 tras un mitin en el que habló el entonces presidente Donald Trump. (Jason Andrew/The New York Times)
Manifestantes irrumpen en el lado del Senado del Capitolio el 6 de enero de 2021 tras un mitin en el que habló el entonces presidente Donald Trump. (Jason Andrew/The New York Times)

Durante más de tres décadas, el alguacil Chris West del condado de Canadian, Oklahoma, un hombre corpulento cuyo uniforme a menudo incluye un sombrero Stetson, un chaleco y una insignia con una estrella dorada, dedicó su vida a la aplicación de la ley.

Veterano del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, pasó 28 años como patrullero de carreteras en Oklahoma y ascendió al puesto de capitán antes de ser elegido alguacil de su condado natal en 2017. Obtuvo el galardón de alguacil del año de Oklahoma en 2019 y obtuvo un segundo mandato el pasado otoño, tras presentarse sin oposición.

Después, llegó el 6 de enero.

West dijo que dejó de lado su placa y su papel oficial cuando se dirigió a Washington para apoyar al entonces presidente Donald Trump. “Fui como ciudadano, como Chris West, el individuo”, dijo en una conferencia de prensa en El Reno, la sede del condado, después de regresar.

Según su propio relato, marchó hacia el Capitolio agitando una bandera de Trump y gritando consignas como “¡Detengan el robo!” y “¡Amamos a Trump!”. Pero dijo que no participó en el asalto al Capitolio y condenó el ataque.

Sus acciones han dividido al condado de Canadian, que incluye partes de la ciudad de Oklahoma y las zonas rurales del oeste, y miles de personas firmaron una petición con la que exigieron su destitución y aún más respaldaron una contrademanda que lo apoya.

Es uno de al menos 30 policías u otros agentes de la ley que asistieron a la manifestación del 6 de enero. Muchos de ellos se enfrentan ahora a investigaciones internas y tres han sido detenidos por cargos federales relacionados con la irrupción en el Capitolio.

Su presencia ha planteado cuestiones que se han ido cocinando a fuego lento durante años: ¿cuántos agentes de la ley de todo el país tienen creencias extremas o contrarias al gobierno y cómo los organismos pueden eliminarlas? Los líderes de las fuerzas del orden afirman que los funcionarios públicos deben tener un nivel de exigencia superior al de los particulares a la hora de aceptar los resultados de unas elecciones y desempeñar sus funciones.

Los jefes de policía de las ciudades estadounidenses más grandes, reunidos en una conferencia en línea la semana pasada, acordaron trabajar juntos para intentar bloquear la entrada a sus filas de miembros de organizaciones de extrema derecha u otras personas con opiniones radicales.

“No hay espacio, no solo en la sociedad, sino aún más en las profesiones de confianza y servicio público, para que la gente tenga opiniones extremistas, independientemente de su ideología”, dijo Art Acevedo, jefe de policía de Houston y presidente de la Asociación de Dirigentes de Grandes Ciudades, que incluye a altos funcionarios policiales de casi 90 ciudades estadounidenses y canadienses. Según los expertos, el objetivo del presidente Joe Biden de hacer frente al extremismo nacional dependerá en parte de la capacidad de frenar su propagación en los departamentos de policía y en el ejército.

Los altos cargos policiales y los expertos en aplicación de la ley señalaron que la preocupación por el extremismo en las filas policiales existe desde hace tiempo, pero tras el 11 de Septiembre, la persecución de los yihadistas pasó a ser prioritaria por encima de la persecución de las amenazas nacionales.

Durante su presidencia, Trump a menudo se declaró amigo de la policía y muchos sindicatos policiales le apoyaron. Los agentes de policía gozan de los mismos derechos que todos los ciudadanos a la hora de apoyar a los candidatos políticos, pero el problema viene cuando dan un paso más hacia el activismo antigubernamental, dijeron altos funcionarios policiales y expertos en aplicación de la ley.

Recientemente, durante las manifestaciones provocadas por la muerte de George Floyd bajo custodia policial, los organizadores de extrema derecha, deseosos de reclutar a policías o militares veteranos, se presentaron como aliados de las fuerzas del orden, dijo Brian Levin, policía retirado y director del Centro para el Estudio del Odio y el Extremismo de la Universidad Estatal de California en San Bernardino.

Varias organizaciones hablaron de ayudar a preservar la ley y el orden mientras amplificaban las afirmaciones distorsionadas sobre el fraude electoral o el caos en las protestas de Black Lives Matter. Se trataba de una “falsa alianza”, dijo Levin, sobre todo porque esas organizaciones buscan socavar al gobierno. En las protestas, los miembros de estos grupos suelen exhibir la bandera Thin Blue Line, una bandera estadounidense blanca y negra con una franja azul marino en el centro que simboliza la solidaridad con la policía.

Algunos alborotadores blandieron esa bandera el 6 de enero, incluso cuando los agentes de la policía del Capitolio fueron agredidos y uno de ellos murió. La bandera “ha sido secuestrada por extremistas”, dijo Acevedo. “Estas personas actúan como si estuvieran a favor de la policía, pero están golpeando a los policías”.

Tam Dinh Pham, un agente de policía de Houston, veterano desde hace 18 años, dimitió justo antes de ser detenido el 19 de enero, acusado de ingresar de manera ilegal al Capitolio. Pham, de 48 años, primero lo negó y luego dijo a los agentes del FBI que quería “ver la historia”, según la denuncia penal. Dos agentes de una pequeña ciudad de Virginia que han sido acusados fueron despedidos.

Pham no ha sido vinculado a ninguna organización extremista, pero Acevedo utilizó su ejemplo para llevar a cabo una animada llamada y respuesta con los cadetes de la policía en su primer día de entrenamiento el mes pasado. La Policía de Houston publicó un video del intercambio, que incluye estos fragmentos:

“Si alguien en esta sala ahora mismo cree que alguien tenía que estar en ese edificio del Capitolio, ¡tiene que salir ahora mismo! ¿Me entienden?”.

“¡Sí, señor!”.

“Porque no sobrevivirán en este departamento con esa mentalidad. ¿Lo entienden?”.

“¡Sí, señor!”.

“¿Hay lugar para el odio?”.

“¡No, señor!”.

“¿Hay lugar para la discriminación?”.

“¡No, señor!”.

“¿Hay lugar para una milicia en este departamento o en cualquier otro departamento de policía?”.

“¡No, señor!”.

Interrogó a los cadetes, a quienes preguntó cuatro veces si entendían que debían denunciar a cualquier agente que tuviera mentalidad extremista. Recientemente, un cadete que presumía de pertenecer a la Hermandad Aria, una banda criminal neonazi, fue denunciado por un compañero y despedido.

“Creo que todos estamos bastante enfadados ahora mismo porque tenemos policías que piensan que está bien asaltar el Capitolio de nuestra nación”, dijo Acevedo a los cadetes. “Esas personas son traidores absolutos a nuestra nación, a nuestro juramento de cargo”.

Se desconoce el número de extremistas dentro de las fuerzas del orden, a los que la policía califica de marginales, al igual que al público en general. Con 18.000 cuerpos de seguridad en todo el país, muchos de ellos pequeños y sin recursos, existe un mosaico de normas y prácticas sobre cómo eliminar a las personas percibidas como amenazas. El despido no es automático.

Un oficial de policía de Filadelfia fotografiado con lo que parecía ser un tatuaje nazi en 2016 no fue despedido, en parte, porque el departamento no tenía una política declarada sobre ese tipo de tatuajes. En 2019, prohibió a los agentes mostrar tatuajes que hicieran apología de la violencia o se consideraran lascivos, entre otras restricciones.

El Tribunal Supremo ha restringido los derechos de libertad de expresión de los funcionarios públicos que hablan de manera oficial sobre asuntos de interés público, señalaron los expertos, y en aquellos casos en los que el bien público supera al del individuo. Pero los ayudantes del alguacil del condado de Los Ángeles que impugnaron su despido por pertenecer a una banda, por ejemplo, en ocasiones fueron restituidos.

Patrick Yoes, presidente nacional de la Orden Fraternal de la Policía, dijo que es probable que haya personas con opiniones extremas en las fuerzas del orden, al igual que en la sociedad. “Aunque pueda existir la percepción de que tenemos un gran problema en todo el país, no se ajusta a lo que han sido mis observaciones”, dijo.

Aun así, tanto él como muchos otros esperan que se realicen exámenes más exhaustivos. Las pruebas poligráficas para los candidatos a policía de Houston que se centran en el consumo de drogas o la actividad delictiva en el pasado se ampliarán para incluir las opiniones contrarias al gobierno, dijo Acevedo.

El FBI ha calificado el extremismo nacional como una amenaza importante, pero no ha desarrollado una respuesta a los adeptos al extremismo que forman parte de la policía, dijo Michael German, un exagente del FBI que trabaja en la reforma de la aplicación de la ley en el Centro Brennan para la Justicia de la Universidad de Nueva York.

Los agentes saben quiénes tienen opiniones de extrema derecha, señalaron él y otros, pero tienden a protegerse entre sí.

En el condado de Franklin, Kentucky, cinco defensores públicos pidieron al alguacil local que investigara a Jeff Farmer, un ayudante del alguacil, después de que asistiera a la concentración del 6 de enero.

El agente apoyó la falsa afirmación de que los resultados electorales eran fraudulentos y asistió a una protesta repleta de “símbolos ofensivos”, como una horca y la bandera confederada, dijo Nathan Goodrich, uno de los defensores públicos. “Creo que los departamentos de policía deberían asegurarse de que la credibilidad de sus agentes no sea cuestionable”, dijo.

Farmer, que fue puesto en licencia administrativa mientras lo investigaban, no respondió a un mensaje telefónico para solicitar sus comentarios. Más tarde, fue absuelto de cualquier infracción penal y se le pidió que no publicara nada en las redes sociales que pudiera perjudicar a la oficina del alguacil.

En Oklahoma, los críticos de West dijeron que durante meses había adoptado posiciones abiertamente políticas. Eso incluía negarse a poner en vigor el mandato de cubrebocas de Oklahoma City, destinado a reducir la propagación de la COVID-19, y formar un “pelotón” civil para mantener el orden en los actos públicos, que sus oponentes consideraban una organización paramilitar. Los disturbios ocurrieron meses después.

David Mahoney, presidente de la Asociación Nacional de Alguaciles, dijo que había transmitido al FBI la información que había recibido acerca de que West había hecho una llamada telefónica de celebración desde el interior del Capitolio.

West no devolvió las llamadas en busca de comentarios y tres de los principales autores de la petición que lo apoya también rechazaron hacer comentarios.

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This article originally appeared in The New York Times.

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