Fuerte debate por acuerdo entre Argentina e Irán

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BUENOS AIRES (AP) — El gobierno defendió el miércoles en el Senado el polémico acuerdo que Argentina firmó con Irán para esclarecer el atentado a una mutual judía en 1994, mientras que opositores lo consideraron una claudicación ante el país islámico.

Organizaciones comunitarias judías y de parientes de las víctimas del atentado cuestionaron el entendimiento por considerar que Teherán nunca permitió en el pasado entregar a los cinco iraníes presuntamente involucrados en el atentado y que además la comisión de juristas internacionales contemplada por el acuerdo y que tiene como misión avanzar en la resolución del caso se colocaría por encima de la jurisprudencia argentina.

Pese a las críticas, el oficialismo impuso su mayoría en tres comisiones del Senado encargadas de analizar el tema y obtuvo este miércoles un dictamen que habilita su debate en el recinto el jueves 21 de febrero.

El canciller Héctor Timerman dijo que el memorándum de entendimiento firmado en enero servirá para que la investigación del ataque a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que causó 85 muertos, "salga de la total parálisis en la que se encuentra". El funcionario dio explicaciones ante las comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado.

Los parlamentos u otros "órganos relevantes" de Argentina e Irán deben aprobar el memorándum de entendimiento para que entre en vigor, según dice el propio documento. El oficialismo tiene el control de ambas cámaras legislativas con el apoyo de algunos aliados.

Timerman destacó que, gracias al acuerdo, por primera vez la justicia argentina podría indagar a sospechosos del ataque. Pidió además a los legisladores opositores que "no fantaseen más", ya que el texto del memorándum "no tiene cláusulas secretas ni persigue intereses espurios". Al contrario, dijo, "permitirá que se cumplan las diligencias procesales que indica el código penal para que la cause avance y se destrabe, y que los imputados estén frente a un juez argentino y éste los interrogue".

Ante las afirmaciones de opositores de que el gobierno de Irán no tiene ninguna voluntad de que los iraníes sospechosos sean procesados, Timerman recordó que su par iraní, Alí Akbar Salehi, se comprometió a respetar lo firmado, lo que incluye los interrogatorios a todos los sospechosos. Además dijo que en el proceso se aplicará "la ley argentina" y que los sospechosos serán sometidos a una verdadera declaración indagatoria.

Buenos Aires y Teherán acordaron la creación de una "comisión de la verdad" integrada por cinco prestigiosos juristas de nacionalidades distintas a la argentina y la iraní para avanzar con la causa. El entendimiento sostiene que los juristas pueden dar recomendaciones sobre cómo proceder con la causa en el marco de la ley y regulaciones de ambos países, a partir de las evidencias que recaben sobre cada uno de los sospechosos. El gobierno sostiene que esas recomendaciones "no son vinculantes".

El senador opositor Gerardo Morales, de la Unión Cívica Radical, afirmó que el gobierno "se entregó y claudicó" ante Irán al firmar un acuerdo que "cede la jurisdicción". Ernesto Sanz, del mismo partido, cuestionó que el acuerdo no diga explícitamente que se aplicará el código procesal argentino.

Samuel Cabanchik, de Buenos Aires Federal, afirmó en tanto que la Argentina es la "víctima" del atentado y que firmar un acuerdo con Irán, "presunto victimario, es una apuesta demasiado grande".

Timerman admitió en otro momento que los acusados por el atentado podrían negarse a declarar en el marco de la ronda de interrogatorios que se realizarían en Teherán. "Podrán no declarar, pero también podrán no declarar acá", afirmó el funcionario.

Además dijo que en sus tratativas con funcionarios iraníes previas a la consecución del acuerdo tuvo que reunirse con gente con la que no deseaba hacerlo. "Lo hice porque creo firmemente, de corazón, que podemos llegar a movilizar la causa. No es ningún placer para mí sentarme con negadores del Holocausto. Hubiera preferido no tener que hacerlo", afirmó.

Ante las comisiones del Senado también argumentaron su rechazo al acuerdo los presidentes de la AMIA, Guillermo Borger, y de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Julio Schlosser.

Borger dijo que la AMIA no puede aceptar esa "comisión de la verdad por encima de la jurisprudencia argentina". "Somos víctimas, somos querellantes y no delegamos en nadie lo relacionado con este atentado", dijo el dirigente judío, quien sin embargo admitió que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández ha impulsado en los últimos años la investigación del ataque.

Borger enfatizó que Irán niega el holocausto además de ir "de la mano del terrorismo internacional".

"Nos asociamos con un país teocrático y negacionista... seríamos tierra fértil para un nuevo atentado. No podemos permitir además que los iraníes propongan a juristas internacionales" para integrar la comisión, señaló el dirigente judío.

En tanto, Schlosser dijo no desconfiar del gobierno argentino, sino del iraní. "Este interlocutor que tiene Argentina no es válido ni creíble". Agregó que la comunidad judía quería un "memorándum completamente claro que donde dice 'interrogatorio' diga 'declaración indagatoria'...en los términos en que está redactado el documento no podemos apoyarlo".

Los únicos que podrían ser interrogados en Teherán son ministro de Defensa, Ahmad Vahidi; el ex ministro de Inteligencia, Ali Fallahijan; el ex consejero de la Embajada de Irán en Buenos Aires, Mohsen Rabbani; el ex tercer secretario de la embajada, Ahmad Reza Asghari, y el ex jefe de la Guardia Revolucionaria, Mohsen Rezai. Además Interpol emitió otra notificación roja para el libanés Imad Fayez Mughniyah, fallecido en 2008.

Laura Ginsberg, titular de la agrupación por el esclarecimiento de la masacre impune de la AMIA, dijo que si el Congreso apoya el acuerdo "el primer escenario posible es que esta supuesta comisión de la verdad dice que no hay evidencia; ¿Qué pasa si hubiera evidencia? Supongamos que hay una interrogación, ¿qué va a decir Irán después? No van (los acusados al interrogatorio). El gobierno (argentino) va a decir que hicimos todo lo que pudimos".

"Si ustedes apoyan esta ley van a sancionar la ley de Punto Final de la AMIA", señaló Ginsberg en referencia a la norma que en los años 80 cerró la posibilidad de seguir procesando a los sospechosos de violaciones a los derechos humanos de la última dictadura (1976-1983). "Es el cierre que el Estado argentino viene buscando desde hace años para sacarse el asunto de encima", dijo la dirigente judía, cuyo esposo, José Ginsberg, murió en el atentado de 1994.

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Con información de la periodista de AP Débora Rey en Buenos Aires.

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