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Jiquilisco (El Salvador), 29 mar (EFE).- La niña de 4 años se despide de Oswaldo con un abrazo, camina un trecho corto, se voltea y le dice a su padre: "No vayas a venir de noche". De noche, hace 11 meses, policías encapuchados entraron al terreno de su casa, sin orden y solo con una supuesta denuncia anónima, para detener a su madre. Desde entonces no la ve, no la abraza. El Salvador estaba cerca de cumplir, en ese momento, un mes bajo un régimen de excepción, aprobado por el Congreso a petición del presidente Nayib Bukele tras una escalada de asesinatos que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días, y que ahora ya cumple un año de su implementación. EFE visitó la remota zona del Bajo Lempa, en el oriente del país, para conocer el caso de tres mujeres detenidas y cuya inocencia sus familiares defienden hasta en instancias internacionales. CLAUDIA: LA MAESTRA PARA NIÑOS DE CINCO COMUNIDADES A Claudia Hernández, de 27 años, la detuvieron el 24 de abril de 2022, cerca de las 11.00 de la noche. Oswaldo Ortiz, su pareja, recuerda que se fueron a dormir a las 9.30 de la noche y que una hora y media después el ladrido de su perro los despertó. "Me levanté, abrí la puerta de la casa y cuando abro ahí estaban los policías", adentro de su propiedad y sin orden de allanamiento, relata Oswaldo. "Hay una denuncia anónima contra ella", le dijo uno de los agentes captores, que le confirmó que era parte de las detenciones generadas por el régimen de excepción. Oswaldo señala que los policías no realizaron ninguna revisión a su casa o al teléfono de Claudia, tampoco a su documento de identidad para "ver si realmente ella era o no era ella" la persona que buscaban. Lo que sigue es el traslado de Claudia a un calabozo de la Policía Nacional Civil, después para una cárcel de mujeres en el centro de El Salvador y finalmente a otra prisión a más de 170 kilómetros de distancia. La pareja de Claudia señala que en el acta oficial de la detención los policías aseguran que ella fue capturada en otro lugar, a 8 kilómetros de distancia de su casa, junto a 16 personas. "Claudia trabajaba en un centro de bienestar infantil y atendía a niños de cinco comunidades", que asistían con transporte gratuito dado por la cooperación internacional, acota Oswaldo, y lamenta que la Fiscalía, pese a la autorización judicial, no ha tomado la declaraciones de testigos a favor de su compañera. "Lo más difícil es cuando los niños te preguntan por qué la mamá no viene", dice. El régimen de excepción, bautizado por el Gobierno como "guerra contra las pandillas", es aceptado por la mayoría de la población, según las encuestas, y se registran miles de denuncias de atropellos. "En este momento, nuestra lucha es demostrarle al juez que la Policía está mintiendo", subraya Oswaldo y sostiene que existe un temor entre las familias de los detenidos a denunciar públicamente. En el Bajo Lempa, un asentamiento conformado por una veintena de comunidades de sobrevivientes de la guerra civil (1980-1992), se ha formado el Comité de Familiares Víctimas del Régimen, que al grito de "¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!" dieron a conocer el 10 de marzo que denunciaron al Estado salvadoreño ante la CIDH por la "violación sistemática" de sus derechos. Los casos relacionados con detención arbitraria representan el 98,5 %, mientras que en el 30,9 % también han denunciado allanamiento ilegal de morada y el 9,1 % malos tratos. SARAI Y DILMA A Sarai Santos (47) también la capturaron en su casa, dos horas y media antes que a Claudia y a varios kilómetros de distancia. Los policías y soldados llamaron a la puerta, hicieron una inspección y se marcharon. Cinco minutos después, los soldados se saltaron un muro y le ordenaron abrir nuevamente. "La vamos a llevar detenida", le dijo uno de los policías a Sandra Núñez (30), hija de Saraí. En el puesto de la Policía les informaron: "Aquí se les ha detenido por colaboradoras de pandilla (...) y se me van de aquí, si no quieren que a ustedes se les detenga también". Sandra afirma que su madre trabajaba en esa época como contadora de la Asociación Intercomunal de Comunidades Unidas para el Desarrollo Económico y Social del Bajo Lempa (Acudesbal), además de ejercer su profesión en otros dos lugares. "Ha sido una mujer entregada y colaboradora que en su comunidad y aquí cualquiera le puede dar fe de eso", acota la joven, la mayor de tres hijos. A pesar de que fue detenida en su casa, de acuerdo con Sandra, la Policía asegura que su madre fue capturada "a medianoche" lejos de su casa con un grupo de 16 personas más, "cosa que es mentira". Daniel González (36) relata que su hermana, Dilma González (31), fue detenida en la calle por cuestionar a agentes de la Policía por la captura de otro joven el 9 de mayo de 2022. "Solo por preguntar por qué se llevaban al muchacho amigo de nosotros fue que la policía se bajó y le dijo que la iba a detener por estar defendiendo a pandilleros", relata Daniel, quien lamenta que sus familiares no tienen la opción de "defenderse para nada". De acuerdo con organizaciones humanitarias, las capturas del régimen de excepción han generado una "crisis de cuidados" entre las familias, dado que las labores de cuido se están acumulando aún más en las mujeres, dado que la mayoría de detenidos son hombres. Expertos también señalan que las condiciones carcelarias para las mujeres presentan complicaciones, a raíz de que sus necesidades de salud sexual y reproductiva "son absolutamente olvidadas". En cada concentración, las familias de los detenidos del Bajo Lempa prometen que "reunidos y unidos liberaremos cada caso. Reunidas y unidas hasta darles el abrazo". Hugo Sánchez (c) Agencia EFE
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