Fotos y testimonios documentan represión con gas pimienta y otros abusos contra inmigrantes en un centro de detención en Arizona

Un punzante reporte oficial describe el grave maltrato a que fueron sometidos en 2020 inmigrantes detenidos en el Centro Correccional La Palma, en Arizona, de parte de oficiales que custodiaban esa instalación. Imágenes de lo que allí sucedió han causado indignación.

Actualmente, en la frontera sur de Estados Unidos se sufre una crisis por la oleada de migrantes –en gran parte familias y menores solos originarios de Centroamérica– y por la insuficiencia de las instalaciones que las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza y otras agencias disponen para albergarlos. Las condiciones en las que se encuentran muchos de esos migrantes están detenidos son inadecuadas, y pueden ponerlos en riesgo, lo que resulta censurable.

Eso se da también en el contexto de la eliminación, por parte del gobierno de Joe Biden, de crueles e inhumanas políticas que durante la administración Trump se impusieron sobre los migrantes, a lo que se suma el clima de estigmatización y criminalización que el expresidente y su entorno crearon en contra de esas personas.

Por ello, el reporte sobre los abusos en La Palma, elaborado por el Inspector General del Departamento de Seguridad Interior (DHS), es una muestra de la rudeza y la vulneración de derechos básicos que se perpetraba contra los inmigrantes en la pasada administración, algo que muchos que hoy critican la presente respuesta migratoria oficial tienden a omitir. Y algo que el presente gobierno debe tener en cuenta para no incurrir en esos u otros abusos.

De acuerdo a ese reporte, en el centro de La Palma se cometieron en 2020 diversos abusos que, reportó la televisora CBS News, pusieron en riesgo “la salud, la seguridad y los derechos” de los inmigrantes detenidos, lo que constituía “un clima de maltrato y abuso verbal”.

Casi 1,300 quejas fueron recopiladas en la investigación y algunas son especialmente perturbadoras.

Por ejemplo, el 13 abril de 2020, inmigrantes allí detenidos bajo custodia de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) realizaron protestas pacíficas para denunciar que no se les estaba proveyendo equipos para prevenir la propagación del covid-19. Contar con esa protección era realmente necesario para cuidar la salud de los detenidos, en momentos en los que la pandemia arreciaba con fuerza, y la autoridad debía haber provisto esos materiales.

El reporte del Inspector General de DHS estableció que el personal de La Palma no proporcionaba de modo apropiado mascarillas a los detenidos ni propiciaban su distanciamiento social, situaciones que habrían contribuido a la aparición de brotes de covid-19 en esas instalaciones (200 de los1,200 inmigrantes detenidos allí dieron positivo de coronavirus en agosto de 2020).

En lugar de propiciar la seguridad y la salud en La Palma, cita el reporte, empleados de ese centro de detención reprimieron a los inmigrantes. Imágenes provenientes de las cámaras de seguridad de ese recinto muestran a custodios, provistos de escudos, rociando gas pimienta contra varios de los detenidos que protestaban y yacían en el suelo.

De acuerdo a Insider, el reporte señala que inmigrantes detenidos dijeron que fueron agredidos con gas y proyectiles de pimienta y agentes químicos.

Varios de los inmigrantes que participaron en esas protestas fueron luego castigados con “largos periodos en segregación” en los que no se les daba acceso a ropa limpia, materiales legales y otros servicios a los que tenían derecho.

El reporte añade que las quejas que los afectados presentaron luego de que se les dio ese maltrato fueron rechazadas, y otros inmigrantes que sufrieron esa represión optaron por no presentar quejas por miedo a represalias.

CBS News añade que además de esa violencia física los detenidos en La Palma sufrían constantes agresiones verbales, incluso de tono racista, y amenazas de ser rociados con gas pimienta.

Por añadidura, los servicios médicos en ese centro eran inadecuados y sin personal suficiente, por lo que la atención a los detenidos era lenta e insuficiente. En ciertos casos hacían allí falta medicamentos para atender los padecimientos de los inmigrantes allí recluidos.

El reporte indica que, en promedio, el personal médico de La Palma demoraba 3.35 días en atender el llamado de un detenido enfermo, circunstancia inhumana que implica imponer sufrimientos y riesgos adicionales a la salud de los inmigrantes allí recluidos. En algunos casos, el personal demoró incluso dos o tres semanas en atender algunos pedidos de asistencia médica.

ICE respondió al reporte del Inspector General de DHS afirmando que en La Palma ha seguido los lineamientos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), que ha provisto a los detenidos de mascarillas y los ha instruido a mantener distancia social. También indicó que se habrían aplicado medidas correctivas al personal que maltrató a los detenidos.

Ni los abusos en La Palma en 2020 y otras situaciones pasadas, ni lo que hoy sucede en la frontera sur, son aceptables y constituyen fallas que han de ser corregidas.

Por lo pronto, el reporte señala que en una inspección realizada en 2021, La Palma cumplió con las normas en relación a la atención médica y la medicación de los detenidos.

Y es de esperar que las malas condiciones de los migrantes detenidos en la frontera, y en general las de todos los retenidos por las autoridades fronterizas y de inmigración en los diversos estatus y modalidades, cumplan con las normas de seguridad y sanidad, respeten sus derechos y traten a los detenidos con respeto.

La aplicación de las leyes de inmigración ha de ser también respetada, con base en la justicia y los principios humanitarios, pero en ningún caso abusos, violaciones de derechos y tratos inhumanos son tolerables.

La migración, mayormente motivada por cuestiones de violencia y miseria en los países de origen y por la demanda de mano de obra en Estados Unidos, no es en sí un crimen ni los migrantes han de ser criminalizados por el hecho de buscar una vida mejor, esfuerzo en el que, además, con frecuencia contribuyen al bienestar general estadounidense.