Un fondo de ayuda por COVID-19 se ofreció solo a residentes negros. Entonces se promovieron juicios.

John Eligon
·8  min de lectura
Nkenge Harmon Johnson, presidenta y directora ejecutiva de Urban League of Portland, en Portland, Oregon, el 28 de diciembre de 2020. (Tojo Andrianarivo/The New York Times)
Nkenge Harmon Johnson, presidenta y directora ejecutiva de Urban League of Portland, en Portland, Oregon, el 28 de diciembre de 2020. (Tojo Andrianarivo/The New York Times)
Joy Mack, quien recibió una subvención del fondo CARES de Oregon, al que responsabiliza por haber salvado su salón del derrumbe financiero, en Portland, Oregon, el 28 de diciembre de 2020. (Tojo Andrianarivo/The New York Times)
Joy Mack, quien recibió una subvención del fondo CARES de Oregon, al que responsabiliza por haber salvado su salón del derrumbe financiero, en Portland, Oregon, el 28 de diciembre de 2020. (Tojo Andrianarivo/The New York Times)

En Oregon, algunos líderes ciudadanos negros escucharon la alarma al principio de la pandemia.

Tanto datos como anécdotas de todo el país sugerían que el coronavirus mataba a personas negras en cantidades desproporcionadas. En el área local, en cuanto se emitieron órdenes de permanecer en casa y empezaron a aplicarse otras muchas medidas, los negros propietarios de negocios habían comenzado a preocuparse por su medio de subsistencia. Muchos no tenían casas valiosas que pudieran utilizar para obtener capital, y las solicitudes de ayuda que habían tramitado ante el gobierno no habían dado resultados.

Después de convocar varias reuniones virtuales, los líderes ciudadanos propusieron una solución osada y novedosa que los legisladores estatales aprobaron en julio. El estado reservó 62 millones de dólares de los 1400 millones de dólares en fondos federales recibidos como ayuda por la COVID-19 para otorgar subvenciones a residentes y empresarios negros, así como organizaciones comunitarias negras, que atravesaran dificultades relacionadas con la pandemia.

“Por fin decidieron ser honestos y aceptar que este grupo es el que necesita ayuda en este momento”, comentó Lew Frederick, senador estatal que es negro.

Por desgracia, en este momento millones de dólares en subvenciones se encuentran detenidos porque un empresario mexicano-estadounidense y dos blancos demandaron al estado, argumentando que el fondo destinado a residentes negros constituye discriminación en su contra.

La controversia presentada en Oregon es el combate legal más reciente en la batalla que se ha librado desde hace décadas en torno a la acción afirmativa, y ocurre en un año en que la pandemia ha dejado totalmente al descubierto las disparidades socioeconómicas y de salud que enfrentan los afroestadounidenses. Además, se ha desarrollado en el marco del movimiento Black Lives Matter, como resultado del cual instituciones por todo el territorio de Estados Unidos, desde empresas hasta gobiernos locales, han reconocido la existencia de un racismo sistémico, y los activistas han exigido que se tomen pasos significativos para acabar con las desigualdades raciales.

Políticos, sociólogos y juristas desde hace tiempo han discrepado en cuanto al alcance de las medidas que deben tomar el gobierno y las instituciones para subsanar el daño causado por la discriminación racial y la influencia que debe tener el racismo del pasado en las decisiones tomadas en la actualidad. Al crear el Fondo de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES, por la sigla en inglés de la ley correspondiente) de Oregon, los legisladores tomaron la medida extraordinaria de designar a un grupo racial específico como beneficiario, con fundamento en que los residentes negros han sufrido una discriminación única que los colocó en una situación desventajosa durante la pandemia.

A lo largo de las décadas, distintos mecanismos diseñados para lidiar con la discriminación han enfrentado desafíos legales. Los fallos de la Corte Suprema han establecido que las políticas con base en la raza son constitucionales solo si gracias a ellos se logra un interés gubernamental convincente y su diseño es específico para conseguir ese objetivo. El aspecto más notable es que el tribunal ha permitido que se utilice la raza en las admisiones a la universidad como factor para lograr diversidad entre los estudiantes. Sin embargo, en décadas recientes, el tribunal también ha emitido fallos en contra de uno de los razonamientos originales de las políticas de acción afirmativa: acabar con la discriminación del pasado y sus efectos persistentes.

“Es necesario mostrar que existe un vínculo muy cercano entre tu motivo para utilizar la raza y el resultado que deseas obtener”, explicó Melissa Murray, profesora de Derecho en la Universidad de Nueva York. “Además, creo que se va cuestionar en realidad si el financiamiento exclusivo para empresas de propietarios negros a través de este fondo CARES de verdad es la única forma en que pueden abordarse los problemas que han experimentado los negros oriundos de Oregon durante este periodo en particular”.

En Oregon, hay mucho en juego. Se han entregado subvenciones por alrededor de 50 millones de dólares, pero un tribunal congeló 8,8 millones, la cantidad restante menos los costos administrativos, en tanto se resuelve el juicio, proceso que podría tardar años.

En vista de que el Congreso amplió hace poco la fecha límite al final de este año para que los estados ocupen el fondo que se les haya asignado conforme a la ley CARES o devuelvan el dinero restante al gobierno federal, a algunos les preocupa que si se prolonga el procedimiento, se pierda el dinero para siempre.

La larga historia de racismo contra los negros en Oregon ha impulsado gran parte del apoyo para el fondo del estado. Por si fuera poco, si bien otros grupos raciales han dicho que lo respaldan, sus críticos argumentan que las personas negras no son las únicas que han sufrido discriminación en el estado.

Algunos residentes negros, que constituyen alrededor del dos por ciento de la población del estado, opinaron que ese argumento era una distracción
.
“Como estado, como país, es inusual que les demos recursos adecuados a las personas negras”, dijo Nkenge Harmon Johnson, presidenta y directora ejecutiva de Urban League of Portland. “A algunas personas les parece sorprendente, desagradable”.

Por su parte, Edward Blum, activista conservador blanco cuya organización, llamada Project on Fair Representation, respalda uno de los dos procedimientos en contra del fondo, indicó que la oposición tiene como objetivo evitar la exclusión racial.

“Es parecido a lo que pasa en el sector de empleos, cuando vas a solicitar un trabajo y ves un aviso en la oficina de empleos que dice: ‘No se esperan solicitudes de asiáticos’”, explicó Blum, quien ha encabezado acciones para objetar las políticas de admisiones basadas en la raza aplicadas en las universidades, entre ellas un caso de alto perfil en contra de Harvard. “Tu raza y tu grupo étnico no deben utilizarse para ayudarte ni tampoco para perjudicarte en tus objetivos en la vida”.

Walter Leja, demandante en uno de los casos, explicó que pronto podría despedir a empleados de Dynamic Service Fire and Security, la pequeña empresa de servicios eléctricos que comenzó a operar en Salem en 2007, si no recibe subvenciones. Señaló que un préstamo anterior de alrededor de 20.000 dólares, del programa federal Paycheck Protection, apenas fue suficiente para cubrir la nómina unos dos meses.

Leja, blanco de 64 años, reconoció que no sabe con seguridad si la discriminación histórica pone a los empresarios negros en una situación desventajosa. Pero eso no justifica que haya un fondo en particular para ellos.

“Es discriminación”, dijo. “Es reservar varios fondos que solo pueden asignarse a empresas negras cuando hay un montón de negocios distintos que necesitan acceso a esos fondos. No es un asunto entre blancos y negros. Se refiere a todos”.

Ese juicio, una demanda colectiva encabezada por Leja y el propietario blanco de una empresa de explotación forestal, Great Northern Resources, con oficinas en la ciudad de John Day, es una de las dos acciones promovidas en contra del fondo. La otra, planteada por el Centro de Derechos Individuales, despacho jurídico partidario del gobierno limitado, presenta la queja de discriminación del propietario mexicano-estadounidense de Revolucion Coffee House, en Portland.

Muchas de las desigualdades económicas y sanitarias de la actualidad se desprenden de políticas del pasado y prácticas que eran explícitamente racistas, según algunos sociólogos, quienes afirman que era necesario aplicar medidas enfocadas en algunas razas en particular para remediar los daños causados. El problema es que los tribunales han establecido parámetros estrictos para permitir el uso claro de la raza en la legislación. Con el fin de superar los obstáculos legales, los responsables de las políticas tienden a utilizar otras alternativas en vez de la raza, como la zona geográfica y la situación socioeconómica, cuando diseñan medidas que esperan beneficien a grupos raciales marginalizados.

Por desgracia, según explicó Akasha Lawrence Spence, representante del estado, no era suficiente aplicar medidas sutiles en la crisis actual. Identificar como beneficiarios específicos de esa ayuda a los residentes negros de Oregon fue un paso importante para hacer que las personas comprendieran los efectos del racismo, añadió.

“Este fondo indica que tenemos claro que, por ninguna otra razón más que el color de tu piel, has sufrido restricciones y no has podido acceder a herramientas que te permitan tener movilidad económica”, explicó. “Por este motivo, no vamos a crear ningún tipo de lenguaje velado. Como comunidad negra, estamos hartos de esa práctica”.

En Portland, Joy Mack afirmó que la pandemia reavivó el estrés que sintió cuando abrió el salón Jayah Rose en 2008. Tanto ella como su esposo, ingeniero de profesión, son negros y de clara clase media. Por desgracia, relató que después de visitar más de diez instituciones dedicadas al otorgamiento de préstamos para tratar de obtener financiamiento para su empresa emergente, solo recibió dos préstamos. Una de las instituciones acreditantes insistió en obtener más información financiera, así que a fin de cuentas decidieron ponerle fin a esa relación.

Para intentar mantener a flote su salón durante la pandemia, Mack, de 45 años, dijo que había solicitado un préstamo condonable al gobierno federal, que lamentablemente le negaron porque tenía una deuda fiscal de alrededor de 5000 dólares. Recibió una subvención de 5000 dólares de la ciudad y el gobierno federal le dio un préstamo por desastres de 10.000 dólares. También se vio obligada a obtener líneas de crédito.

A fin de cuentas, Mack recibió una subvención del fondo CARES de Oregon. Aunque no dijo cuánto recibió, sí comentó que ese dinero la había salvado de tener que cerrar por la carga de decenas de miles de dólares en deudas.

“Honestamente”, dijo, “fue lo que nos ayudó a apenas librar el tropiezo de COVID”.

This article originally appeared in The New York Times.

© 2021 The New York Times Company