Florida insistió en que la madre no era un peligro para sus hijos, hasta que fueron hallados atados y estrangulados

Durante años, los administradores estatales de bienestar infantil respondieron con regularidad metronómica a los informes de violencia e inestabilidad en el hogar de Odette Joassaint. Se quejaban de que su comportamiento era extraño y delirante, que había mordido al padre de sus hijos en el brazo y que no lo soltaba, que se negaba a darle a su hija mayor el medicamento psiquiátrico que le habían recetado y que, en su lugar, le daba alcohol a la niña de 14 años.

Los trabajadores de protección de menores exhortaron una y otra vez a Joassaint a aceptar una evaluación de salud mental. Joassaint se negó varias veces. Que así sea, dijo el Estado.

Así fue hasta el 12 de abril de 2022, cuando las autoridades recibieron otra llamada, esta vez de la propia Joassaint. Vengan por mis hijos, le dijo a la Policía cuando llegaron. Ya no los quiero.

Los agentes encontraron una escena de horror: Joassaint se había puesto nerviosa y presuntamente había atado a Jeffry, de 3 años, y a Laura, de 5, por los brazos, las piernas y el cuello, y los había estrangulado con una cinta roja después que se quedaron dormidos.

Dijo que sus hijos “sufrirían menos si estaban muertos”, según un informe policial.

Las muertes de Laura y Jeffry Belval son un caso típico en que el Departamento de Niños y Familias (DCF) de la Florida opta por no usar todas las herramientas a su disposición para desactivar un ‘artefacto explosivo’ doméstico.

Hay centros en los que Joassaint podría haber sido evaluada y haber recibido asesoramiento. El DCF remitió a Joassaint a uno, The Village. Cuando sus recomendaciones fueron ignoradas, los trabajadores del DCF podrían haber forzado el asunto por el bien de los niños, solicitándole a un juez que le ordenara a Joassaint someterse a la evaluación psicológica y aceptar asesoramiento, tratamiento u otros servicios si la evaluación los recomendaba. No dieron ese paso.

Como mínimo, los investigadores podrían haber solicitado una orden del juez, que obligara a Joassaint a abrir su puerta y dejar que la agencia evaluara en el lugar la situación de los niños. Tampoco lo hicieron.

230 muertes este año

En un estado que se ha vuelto insensible a la pérdida de niños pequeños —el DCF informa de 230 muertes de niños en lo que va de año, con causas que van desde ahogamientos hasta asfixias, pasando por sobredosis de drogas o tiroteos—, la forma aparentemente metódica en que Laura y Jeffry Belval fueron asesinados fue especialmente chocante.

En el 45% de esas 230 muertes, la familia, al igual que la de Joassaint, tenía un historial de protección infantil estatal en los últimos cinco años. Muchos, sin embargo, no eran tan extensos como los de la familia de Laura y Jeffry: 14 informes en total a la línea de atención al menor del estado, incluyendo el que se presentó después de la muerte de los niños. Cuatro llamadas fueron “descartadas”, lo que significa que nunca se investigaron.

“No se sabe por qué la madre hizo esto”, decía una anotación en el expediente del DCF después de la muerte de Laura y Jeffry.

En ese momento, el DCF todavía estaba investigando la denuncia anterior que involucraba a la familia, que se recibió tres semanas antes de la muerte de los niños.

Pero si la tragedia fue inesperada, no llegó sin señales de advertencia.

Cientos de páginas de registros del DCF obtenidos por Herald en virtud de la ley de registros públicos de la Florida, que detallan las vidas demasiado cortas y la sombría muerte de Laura y Jeffry Belval, ofrecen una serie de pistas del precario estado mental de Joassaint. Aunque los supervisores habían sugerido repetidamente que se evaluara a Joassaint por si tenía alguna enfermedad mental, la evaluación nunca se hizo, en parte porque Joassaint insistió en que no tenía problemas de salud mental y en parte porque el DCF simplemente la creyó.

“Me dijeron que iban a evaluar a Odette. Nunca lo hicieron”, dijo Frantzy Belval, de 45 años, padre de Jeffry y Laura. “El DCF es responsable de todo esto. DCF es responsable”.

Al día siguiente de la muerte de los niños, el DCF calificó los asesinatos de “devastadores” y se comprometió en un comunicado a iniciar una investigación completa y a “proporcionar actualizaciones periódicas y públicas”.

Desde entonces, sin embargo, el DCF se ha negado a discutir su historia con la familia de Joassaint o a responder a cualquier pregunta relacionada con los esfuerzos de la agencia. Los administradores emitieron una breve declaración por correo electrónico, enfatizando que los dirigentes carecían de motivos para alejar a los dos jóvenes de su madre.

El DCF dijo que “después de revisar los casos e informes anteriores de bienestar infantil para determinar los puntos comunes y evaluar más a fondo las prácticas en vigor, el departamento desarrolló un nuevo modelo destinado a abordar las deficiencias en el sistema de bienestar infantil”. El nuevo programa, llamado Family Navigator, tiene por fin involucrar mejor y más rápidamente a las familias en riesgo con servicios diseñados para mantener a los niños seguros.

Según la iniciativa, los investigadores de abuso infantil comenzarán a evaluar las necesidades de los niños en riesgo con mayor rapidez, con consultas con asesores de salud mental y tratamiento por drogas, alentar a los proveedores de servicios a “maximizar los recursos adecuados” para las familias necesitadas y ofrecer más servicios a través de $27.1 millones en nuevos fondos de salud mental y $73.9 millones en nuevos fondos de tratamiento de adicción a las drogas, dijo el DCF.

“Todos los días, el personal [del DCF] tiene la difícil responsabilidad de proteger a los niños de la Florida y, al mismo tiempo, solo retirar a los niños de un hogar si un padre no es apto para cuidar a sus hijos o es probable que los dañe. En este caso, los investigadores del DCF se involucraron mucho con la familia y recomendaron muchos servicios, pero no había antecedentes de abuso físico a los dos niños pequeños que hubieran llevado a sacarlos de su casa”.

La declaración añadía: “Incluso así, encontrará en estos registros que cuando el personal del DCF interactuó con esta familia, recomendó muchos servicios que finalmente fueron rechazados, mientras que esos mismos servicios podrían haber dado lugar a un resultado muy diferente”.

Fran Allegra, quien dirigió la agencia de cuidado de crianza privada de Miami-Dade desde 2004 hasta 2014, dijo que la declaración del DCF implica falsamente que la agencia tiene autoridad para actuar solo si un niño es golpeado físicamente o si un padre está de acuerdo en aceptar la ayuda del DCF. De hecho, DCF —e incluso un ciudadano privado— puede presentar una petición en el tribunal de bienestar infantil y pedir a un juez que tome las medidas necesarias para proteger a un niño.

Una de esas medidas puede ser la de alejar al niño de sus padres, pero también pueden incluir varias alternativas antes de eso, como que un juez ordene a los padres que acepten servicios, como el tratamiento contra las drogas, asesoramiento contra la violencia doméstica y control de la ira.

Durante la década que supervisó Our Kids, que ya no tiene contrato con el DCF, Allegra participó en los esfuerzos para desarrollar evaluaciones de seguridad para los niños que están en riesgo de sufrir daños. Dijo que el instrumento que el DCF usa ahora, partes del cual fueron adaptadas de una herramienta de evaluación creada por un grupo de bienestar infantil cuya junta Allegra preside, “exige que el DCF considere todas las llamadas de abuso anteriores, la conducta de los padres [y] la voluntad de los padres de cooperar” antes de decidir si actuar.

Aumenta la amenaza

Negarse a cooperar con una investigación, dijo Allegra, “aumenta la evaluación de la amenaza”.

“Si las familias supuestamente abusadoras se niegan a hablar con el DCF y simplemente se les permite negarse a cooperar, ¿cuál es el propósito de las investigaciones de protección infantil?”, dijo Allegra. “Si el DCF está en lo cierto al decir que son impotentes para tratar con los padres que no cooperan, entonces los abusadores de niños pueden simplemente no abrir la puerta y seguir lesionando a niños vulnerables. Esta postura desafía la lógica y el sentido común”.

El DCF, dijo, tuvo “múltiples y repetidas oportunidades de salvar a los niños [de Belval]”.

Joassaint sigue detenida en la cárcel del Condado Miami-Dade por cargos de asesinato en segundo grado, aunque los fiscales dijeron que tienen la intención de buscar una acusación por asesinato en primer grado. El defensor público Carlos Martínez, cuya oficina representa a Joassaint, se negó a discutir el caso con Herald.

Joassaint se mudó a Miami desde su Haití natal alrededor de 2015 con su hija mayor. Dio a luz a Laura en 2016 y a Jeffry en 2019. Los registros sugieren que su relación con el padre de los niños más pequeños, Belval, era tumultuosa.

El primer contacto del DCF con la familia parece haber sido en noviembre de 2017, cuando Laura tenía 1 año y su hermana mayor 10. Una llamada a la línea estatal de denuncias de abuso infantil alegó un “altercado doméstico” entre la madre y el padre en el que Belval “fue observado con una marca de mordida en el brazo derecho”. Joassaint “tenía una marca en la frente”. Belval le dijo a la Policía que golpeó a Joassaint en un esfuerzo por liberar su brazo de la mordida. Joassaint fue acusada de agresión doméstica.

La investigación se cerró al mes siguiente, cuando Belval obtuvo una orden de alejamiento contra Joassaint y se mudó de la casa de la pareja. Laura y su hermana mayor “no tienen marcas ni hematomas” y “el estado de la familia no está fuera de control”, escribió el investigador. El caso se cerró sin ninguna acción.

Un año después, en 2018, la Policía y los investigadores del DCF volvieron a la casa. La línea de atención de la agencia había sido informada que Frantzy Belval era un “borracho furioso” que abusaba de Joassaint regularmente. Joassaint estaba entonces embarazada de Jeffry y acusó a Belval de golpearla en la cabeza. Esta vez, Belval fue detenido.

“Los niños parecen estar asustados cuando hay violencia doméstica”, dijo una persona que llamó a la línea de ayuda.

Joassaint le dijo a un investigador del DCF que la pelea “era simplemente exagerada”, según un informe. La agencia le ofreció ayuda, pero “se negó y agregó que no necesitan terapia”.

En octubre de 2019, Joassaint no tenía hogar y vivía con sus tres hijos en Lotus House, un refugio para mujeres de Miami. La línea directa del DCF recibió otra llamada, alegando que el hijo mayor de Joassaint sufría de una enfermedad mental y había estado comportándose de manera indebida con otros niños en Lotus House. El DCF remitió a Joassaint para que recibiera servicios —que ella rechazó—, pero mientras esa investigación estaba pendiente el DCF recibió otro informe el 13 de febrero de 2020.

“La madre no ha estado tomando su medicamento para la depresión”, se le dijo a DCF. “Hay una preocupación por su capacidad para cuidar a los niños. Ha tenido pensamientos delirantes. Se ha comportado de forma extraña. Está confundida, no se orienta hacia sus objetivos y habla de forma imprecisa”.

Joassaint permaneció en el centro de acogida, aunque para entonces la hija mayor había sido enviada a vivir con su padre en Haití.

“Ha estado mostrando un comportamiento irracional”, se le dijo al DCF sobre Joassaint. Preocupa que pueda hacerle daño a los niños si sigue así”.

Sin embargo, el personal del centro de acogida no expresó ninguna preocupación por la forma de criar a los hijos de Joassaint cuando un investigador los interrogó. “La madre hace todo lo posible para asegurar de que sus hijos estén atendidos y, en su opinión, lo está consiguiendo”, le dijo al DCF un subdirector de Lotus House. Otra gerente dijo que “no tiene ninguna preocupación por la madre para criar a sus hijos”.

Los registros del DCF no dicen quién inició la investigación relacionada sobre la salud mental de Joassaint, y esa información es confidencial según la ley estatal. Un informe de la investigación no detalla lo que causó preocupación.

Cuando un investigador le preguntó por su estado mental, Joassaint dijo que “no tiene problemas con sus pensamientos y que funciona bien. No toma ningún medicamento, porque considera que podría perjudicar su capacidad para cuidar de sus hijos”.

Joassaint acusó al personal del refugio de denunciarla “porque no les cae bien y porque no les cae bien su hija”.

“En su opinión, no tiene ningún problema de salud mental y funciona bien mentalmente”, decía el informe acerca de Joassaint.

El informe añadía: “No sabe en quién puede confiar y solo confía ligeramente en el investigador de protección de menores, porque es de origen haitiano; sin embargo, sigue teniendo sus dudas, porque sigue siendo estadounidense y puede seguir estando en contra de ella, como todo el mundo”.

El investigador concluyó que “la madre era capaz de conducir pensamientos e ideas de manera racional. No parecía desorientada”.

El 11 de marzo de 2020, Joassaint fue remitida a The Village en Miami para recibir asesoramiento en salud mental, de acuerdo con los registros. Pero, en un correo electrónico dos días después, un miembro del personal dijo que Joassaint había “rechazado los servicios de la familia”. Joassaint, decía el correo electrónico, “afirma que no tiene tiempo y que no necesita los servicios”.

Un supervisor de DCF escribió el 9 de abril de 2020 que la investigación se cerraría. “La familia fue derivada a los servicios”, escribió el supervisor, sin señalar también que Joassaint los rechazó. “No hay preocupaciones por la seguridad [de los niños]”.

Otra llamada a la línea directa

Seis meses después, Joassaint fue objeto de otra llamada a la línea directa. Las alegaciones están fuertemente redactadas en los registros obtenidos por Herald, presumiblemente para proteger la privacidad de la hija superviviente de Joassaint, que había regresado de Haití. Parecen referirse a que Joassaint no trató ni medicó la enfermedad mental crónica de la hija mayor, lo que llevó a su hospitalización en Jackson Memorial Hospital.

Joassaint fue descrita como “molesta y cansada de que el DCF la llamara”.

El informe se cerró en noviembre de 2020, con “ningún indicador” de que Joassaint estuviera descuidando las necesidades médicas de su hija. Una vez más, los registros reflejan que “la familia fue referida a servicios”. Una vez más, Joassaint los rechazó.

En el verano de 2021, cuando Joassaint fue denunciada ante el DCF una vez más, parece haber abandonado cualquier esfuerzo por cooperar con la agencia, una postura que mantuvo en gran medida hasta la muerte de sus hijos.

El informe estaba muy censurado, pero parece que vuelve a referirse a la salud mental del hijo mayor de Joassaint, quien le dijo a un investigador que las acusaciones eran “hechas maliciosamente por el padre de sus dos hijos menores porque tienen problemas y ya no están juntos”.

Los archivos no revelan quién inició la investigación, pero está claro que Belval buscaba la custodia de sus dos hijos y expresó su preocupación por los problemas psiquiátricos de su hermanastra: “Teme que ella [la hermana mayor] les haga algo”.

En una entrevista con Herald, Belval confirmó que estaba preocupado por la salud mental tanto de la hija mayor de Joassaint como de la propia Joassaint.

Joassaint, una vez más, “no se mostró cooperativa”, de acuerdo con el informe. Ella “dice que no necesita servicios, ni ninguno de sus hijos, y que no quiere ser molestada en relación con este informe”.

Alrededor de la navidad de 2021, el DCF recibió un nuevo informe. Durante la investigación, la agencia fue informada de nuevo —al parecer por un médico— que Joassaint se negaba a darle a su hijo mayor, de 14 años en ese momento, los medicamentos psiquiátricos prescritos. Joassaint afirmaba que “el gobierno había desordenado el cerebro de su hijo” con ellos.

En una anotación fechada el 24 de enero de 2022, el informe añadía: “También indicó que no le abrirá su puerta a nadie, y le pidió a este [investigador] que se mantuviera alejado de este caso”.

“Afirmó que el gobierno no puede quitarle a su hijo”, decía el informe. De hecho, el gobierno hizo exactamente eso: el DCF se llevó a la mayor de las niñas y la internó, en virtud de la Ley Baker, en un centro psiquiátrico para su tratamiento. La investigación termina allí sin que se investigue seriamente el bienestar de Jeffry y Laura.

El informe documenta la instrucción de un supervisor de que un investigador “evalúe” a Joassaint para ver si tenía una enfermedad mental. Los registros del DCF no indican que se haya hecho dicha evaluación.

Frantzy Belval dijo que un investigador prometió “que la evaluarían para ver si podía cuidar de los otros dos niños”, sus hijos. “Estuve esperando, esperando y esperando y no me dijeron nada”.

“¿Y mis dos hijos?”, dijo que preguntó.

Laura, ya con edad suficiente para expresarse, le dijo a un investigador que quería vivir con su padre todo el tiempo en lugar de solo los fines de semana, como había sido el caso, dijo Belval.

La solución del DCF, dijo, fue hacer recaer sobre él la responsabilidad de proteger a los jóvenes.

Belval dijo que le preguntó al investigador por qué la niña mayor fue retirada de la custodia de Joassaint al mismo tiempo que fue considerado que sus hijos estaban a salvo. “El DCF me dijo que la razón por la que no se llevaron a mis dos hijos fue porque yo estoy aquí. Voy a vigilar todo. Pero mis hijos solo venían conmigo el sábado y el domingo”.

La última oportunidad del DCF para actuar llegó en marzo, cuando se le informó a la línea de atención de la agencia de que Belval y Joassaint habían tenido otro enfrentamiento físico, en el que Belval golpeó a Joassaint repetidamente en la cara.

La investigación comenzó como terminó la anterior, con Joassaint negándose a abrir su puerta. Y terminó demasiado tarde.

Poco después de iniciarse la investigación, un investigador habló largo y tendido con la vecina de Joassaint, quien afirmó que esta provocó el incidente. Dijo que Joassaint intentó arrebatarle algo a Belval —un collar— y que esta se echó hacia atrás. La vecina nunca vio a Belval agredir a la madre de los niños.

El informe decía que la vecina “no habla con la madre porque esta es muy grosera y agresiva”.

El 23 de marzo, un supervisor del DCF anotó en el acta que el investigador del caso “no pudo evaluar a la familia, porque la madre evitaba al investigador”. El supervisor repitió la instrucción que había sido desatendida tantas veces en el pasado: “Evaluar si hay alguna [enfermedad] mental debido a los comportamientos violentos”.

Belval le dijo a Herald que le advirtió a los investigadores que “tienen que ser duros con Odette”. Le dijeron que lo harían. Pero, añadió, ella los mantuvo alejados de sus hijos una y otra vez.

“No quiso cooperar con nadie”, dijo.

Solo a través del padre el DCF pudo ver a los menores.

Alrededor del 2 de abril, Belval permitió que un investigador entrara en su casa, y el investigador hizo uno de los últimos retratos de Laura y Jeffry: se describió que Laura tenía antojo de arroz, frijoles, pescado y pollo, y que le gustaba jugar con el teléfono inteligente de su madre y ver videos de YouTube. Estaba “preocupada”, escribió el investigador, con un nuevo par de zapatillas de tenis y no quería seguir hablando.

Jeffry fue descrito como un niño pequeño típico. Le “gusta jugar, reírse y agarrar cosas”, escribió el investigador. “El niño disfruta saltando en la cama”.

Diez días después, el DCF fue enviado al apartamento de la madre, en donde encontraron a Jeffry y a Laura sin respuesta. Habían sido estrangulados en la cama.

Al día siguiente, el 13 de abril, se incluyó en el expediente de la familia un informe que documentaba la última evaluación de los niños por parte del DCF, una “evaluación de peligro” hecha por el investigador exactamente 11 días antes. El informe, en un espantoso error de cálculo, afirmaba que los niños no corrían “ningún peligro actual”.

A las 15:09 horas del 15 de abril —dos días después del asesinato— un coordinador clínico de la agencia privada de acogida de Miami Citrus Health Network, ingresó una anotación en la investigación de la muerte: “Seguimiento”, escribió, “para ver si la madre hizo una evaluación psicológica”.