El fiscal Gerardo Pollicita pidió procesar a exfuncionarios de la TV Pública

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En la TV Pública no habrá aumentos este año porque, según destacaron, los sueldos se encontraban por encima de los del resto de la industria
Gentileza Sking

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió procesar a cinco exgerentes de la TV Pública por fraude, al entender que retiraron 11,4 millones de pesos en efectivo sin los controles administrativos correspondientes. Los acusados ya fueron indagados a mediados de este año por el juez federal Luis Rodríguez, que ahora debe decidir si los procesa.

Una vez que estalló el escándalo, Rosario Lufrano, directora de la TV Pública, suspendió la tira y se logró el retorno de $8.089.083 del total de $11.400.000 extraídos de la cuenta bancaria de Radio y Televisión Argentina SE.

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El retiro de dinero se produjo entre el 26 de febrero y el 8 de marzo pasado. Los acusados son Alejandro de la Torre, director adjunto de Administración, Finanzas y Relaciones Comerciales (DAyF); Claudio Lamalfa, Tesorero; Guillermo Siairia, director de Administración, Finanzas, Relaciones Comerciales; Ernesto Molinero, gerente de Producción; y Ariel Berliner, subgerente de Gerencia de Producción de la UNC7.

La Justicia investiga un presunto delito cometido por exfuncionarios de la TV Pública durante la gestión de Rosario Lufrano
La Justicia investiga un presunto delito cometido por exfuncionarios de la TV Pública durante la gestión de Rosario Lufrano


La Justicia investiga un presunto delito cometido por exfuncionarios de la TV Pública durante la gestión de Rosario Lufrano

Los cinco exfuncionarios están acusados de haber extraído, para la producción “Los amores prohibidos de Belgrano”, los $11.400.000 como anticipo de gastos para adquirir de manera discrecional productos y servicios, por fuera de las regulaciones sobre el manejo de fondos y eludiendo los mecanismos de control internos.

Para el fiscal Policita, ello redundó en “indebidos beneficios para los imputados y hacia terceras personas”; entre ellas, “la encausada Adriana Maestri” y provocó “un perjuicio económico en las arcas públicas”.

“La conducta desarrollada por los nombrados estuvo orientada a procurarse el manejo de dinero en efectivo por fuera de los límites previsto para este tipo de operaciones en el ámbito estatal, con miras a disponer arbitrariamente del mismo y llevar a cabo distintas erogaciones presuntamente vinculadas con las necesidades de la tira en cuestión, extremo que generó un lucro indebido al no contar con la debida autorización del Directorio de RTA SE ni la aprobación de un presupuesto que los respaldara”, escribió el fiscal.

Recordó que las normas internas establecen que antes de contratar, el interventor o el directorio deben aprobar el proyecto y en este caso no ocurrió así.

De la Torre, Lamalfa, Siaria, Berliner y Molinero, “excediéndose en sus funciones y abusando de la confianza que les había sido depositada, dispusieron arbitrariamente de fondos del Estado Nacional” violando los “principios generales que rigen su accionar como funcionarios públicos”, dijo el fiscal, que sostuvo que gestionaron y autorizaron en expedientes administrativos “diversos anticipos de gastos cuyas irregularidades quedaron evidenciadas”.

El fiscal  Gerardo Pollicita
El fiscal Gerardo Pollicita


El fiscal federal Gerardo Pollicita

Explicó Pollicita que el suceso comenzó cuando Molinero le encomendó a Berliner que solicitara ante la Gerencia de Administración y Finanzas UGC7 “anticipos de gastos” para la compra de vestuario, ambientación y arte para “Los amores prohibidos de Belgrano”. Se abrieron tres expedientes administrativos por anticipo de gastos que suman los 11.400.000 pesos. Las notas de Berliner fueron autorizadas por Molinero y Siaira.

La fiscalía dijo que eludieron la norma que establece que los anticipos de gastos por mas de 3000 pesos deben ser autorizados por el directorio.

Para la fiscalía, no tenían aval de las autoridades y dos pedidos adicionales de anticipos se gestionaron rápidamente, sin que se hubiera rendido el primero de ellos.

Tras las autorizaciones, se libraron tres cheques por firmados por Lamalfa, De la Torre y Siaria por 11.400.000 pesos que salieron de la cuenta corriente en pesos n° 512455-100/2 de titularidad de RTA SE radicada en el Banco Itaú, en la cual se recibían Transferencias del Tesoro Nacional para el funcionamiento de esa sociedad.

El dinero fue retirado en efectivo el 2, 4 y 8 de marzo de 2021, respectivamente, por Lamalfa, desde la sucursal de Banco Itaú situada dentro del canal, a escasos metros de las oficinas donde desempeñaban funciones los acusados. Luego fue trasladado por él y por Berliner, en bolsas de nylon negro, hacia la Dirección de Administración y Finanzas.

Las principales irregularidades

El fiscal dijo que con este dinero los acusados “encararon distintos pagos presuntamente vinculados con la ejecución de Los amores prohibidos de Belgrano” y que con esas erogaciones “se vieron beneficiados ellos mismos y terceras personas”. Sostuvo, como ejemplo, que “el beneficio irregular a terceros se advierte palmariamente en el pago realizado a Maestri”, a quien se le pagaron el 3 de marzo de 2021, en concepto de “servicio de realización para el proyecto Los Amores de Belgrano” 1.900.000 pesos, “sin ningún tipo de respaldo contractual y mediante compra directa”. Pollicita destacó que el dinero se extrajo para anticipo de gastos y no para contratos. Y advirtió además que no se pidieron tres proveedores antes de contratar como señala el régimen de contrataciones.

El fiscal dijo que Maestri tenía un vínculo con los funcionarios, ya que había sido contratada anteriormente en la Dirección de Arte para el diseño, preproducción y recreación estética de la imagen en el ciclo por $187.550 pesos, “lo cual la colocaba en una posición privilegiada”.

El fiscal habló de un “direccionamiento espurio” de la contratación y destacó que el pago de 1.900.000 pesos se realizó en su totalidad sin que el trabajo estuviera terminado. Ante el pedido de las autoridades del canal, Maestri devolvió 1.155.000 pesos mediante una nota de crédito y para los restantes 745.000 pesos presentó una rendición de gastos “que puede ser objetada a simple vista, atendiendo a que varios de los comprobantes aportados eran simples recibos y no facturas”.

El fiscal dijo además que hay gastos en efectivo vinculados a movilidad de los involucrados por 3.314.059 de pesos “realizados a priori en beneficio de los propios encausados y ajenos a la finalidad para la cual fueron gestionados”.

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