El fiscal general de Perú investiga a un exministro y a congresistas por corrupción

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Lima, 5 may (EFE).- El fiscal de la Nación de Perú, Pablo Sánchez, abrió una investigación preliminar contra el exministro de Transportes Juan Silva por presunta organización criminal y contra seis congresistas por supuesto tráfico de influencias, a raíz de la adjudicación irregular de obras en el actual gobierno, informó este jueves el Ministerio Público.

La investigación abierta contra Silva, integrante del primer gabinete de Pedro Castillo, busca determinar su responsabilidad en los presuntos delitos de colusión y contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal, en agravio del Estado peruano.

Silva es investigado por las irregularidades en la licitación de obras, contratación de funcionarios y por favorecer a ciertos empresarios en la adjudicación del proyecto Puente Tarata, según detalló la Fiscalía.

Este caso salió a la luz pública hace unos meses cuando se difundió la declaración de la empresaria Karelim López a la Fiscalía, señalando a Silva y al mismo presidente Pedro Castillo como los responsables de una mafia al interior del Ejecutivo para adjudicar obras de infraestructura en forma irregular.

Según la Fiscalía, los actos ilícitos que se imputan al exministro Silva se habrían realizado "en el contexto de la ejecución de un plan delictivo" de la organización criminal a la que se integró en 2021, cuando asumió la cartera de Transportes y Comunicaciones, al designar a personas de su confianza en la oficina de Provías Descentralizado, a cargo de las concesiones viales.

Con respecto a los legisladores del partido opositor Acción Popular Rafael Doroteo, Elvis Vergara, Juan Mori, Jorge Flores, Jhaec Espinoza e Illich López, el fiscal los investigará por el presunto delito de tráfico de influencias agravado por el favorecimiento a empresas chinas en licitaciones del Estado.

Los parlamentarios favorecieron presuntamente a las empresas China Civil Engineering Construction, sucursal del Perú, y China Railway Tunel Group, junto a la compañía peruana INIP Ingeniería Integración de Proyectos que se adjudicó seis licitaciones en asociación con las primeras.

Según la información preliminar, el exministro de Transportes se reunió con los legisladores en Palacio de Gobierno y ellos participaron supuestamente en las decisiones referidas a la adjudicación de contratos irregulares y en la elección de las empresas ganadoras.

La investigación iniciada por el fiscal de la Nación se basa en los informes sobre el mismo caso realizados por el Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima y el Séptimo Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

(c) Agencia EFE

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