La fiscal general deja su cargo tras ataques sobre su gestión en Costa Rica

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San José, 25 jun (EFE).- La fiscal general de Costa Rica, Emilia Navas, informó este viernes que deja su cargo para acogerse a su jubilación, esto luego ataques a su gestión por inhibirse en un caso de corrupción en el que su esposo es defensor de los involucrados.

Navas indicó en un mensaje enviado por el Ministerio Público que a raíz del caso denominado "Cochinilla", se ha desatado "una serie de ataques personales y contra la institución", mientras que ella siempre ha actuado de forma "recta, probo", así como "ética y moral".

"A pesar de ello, con el propósito de no debilitar la función del Ministerio Público y la encomiable labor de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, y con el fin de no distraer la atención sobre lo esencial, valga decir, el combate frontal contra la corrupción, he decido acogerme a la jubilación a la que tengo derecho", cita el documento.

La fiscal general ha recibido una serie de cuestionamientos y ataques a su gestión, luego de que se diera a conocer que su esposo, Francisco Campos, es el defensor de MECO una de las empresas involucradas en el caso de corrupción.

Desde hoy y hasta el 12 de julio, la fiscal se dedicará a realizar los informes para hacer la transición del cargo al fiscal subrogante. Posteriormente, entre el 13 de julio y el 24 de agosto, tendrá un período de vacaciones para luego hacer efectiva su jubilación a partir del 25 de agosto del 2021.

"Al asumir el cargo de Fiscala General de la República, hace más de tres años y medio, busqué inculcar los más altos estándares de probidad, transparencia y legitimidad en las funciones propias del Ministerio Público, lo que generó nuevos y más transparentes modelos de gestión", expresa la declaración.

Que añade: "El camino ha sido largo y difícil, sin embargo, estoy convencida que ha valido la pena, pues tenemos un Ministerio Público más fuerte, independiente funcionalmente y combativo de los actos de corrupción que golpean al país y afectan el bienestar común".

EL CASO

El lunes 11 de junio, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llevaron a cabo 57 allanamientos y detuvieron a 30 sospechosos de haber conformado una red de corrupción en la adjudicación de contratos de construcción y mantenimiento de infraestructura vial.

Las empresas investigadas son MECO, H.Solís, ITP, CASISA, Constructora Herrera, Constructora Montedes, y Alsofrutales. También figura como indagado el asesor presidencial en infraestructura Camilo Saldarriaga, quien no fue detenido pero cuya casa y oficina en la Casa Presidencial fueron allanadas.

La Fiscalía describe el caso como "un grupo criminal dedicado a la comisión de delitos de corrupción para la obtención de beneficios indebidos en los procesos de contratación y ejecución contractual de obra pública".

La Fiscalía investiga los presuntos delitos de cohecho propio, tráfico de influencias y estafa en perjuicio del Estado.

El caso abarca desde el supuesto pago de sobornos a funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad hasta el aparente desvío de fondos públicos de una obra de infraestructura hacia otra para beneficiar contratistas. El OIJ afirma que el caso involucra cerca de 120 millones de dólares.

(c) Agencia EFE

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