Fiscalía de QR refuta acusaciones por omisión sobre represión

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CANCÚN, QR., febrero 9 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de Quintana Roo informó que, en diciembre del 2020, ejercitó acción penal por lesiones, abuso de autoridad, delitos contra los principios del sistema penal acusatorio y robo, en contra de 11 funcionarios, entre ellos, altos mandos policiacos, involucrados en el ataque a manifestantes y periodistas que resultaron agredidas el nueve de noviembre en Cancún.

En respuesta a los reclamos hechos frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la Ciudad de México, y frente a la Fiscalía, en Cancún, por la probable omisión e irregularidades en las investigaciones, la institución dio a conocer que entre los imputados figuran el entonces secretario de Seguridad Pública del municipio de Benito Juárez, Eduardo Santamaría; el subsecretario, el director, tres coordinadores, tres supervisores y dos elementos de esa misma dependencia.

Dentro de la carpeta de investigación -se indicó- se han realizado diversos actos de investigación entre ellos, una decena de entrevistas a víctimas; 78 entrevistas a elementos de la policía municipal; 23 ampliaciones de entrevista a elementos de la dependencia y cinco entrevistas a servidores públicos municipales.

También 80 dictámenes periciales de diversas especialidades, como medicina, psicología, balística, valuación, química, análisis de videograbaciones, identificación, entre otras.

Además, se rindió un informe a las Comisiones Nacional (CNDH) y estatal de Derechos Humanos (CEDHQROO) y Amnistía Internacional (AI), aseguró la institución, a través de un comunicado de prensa.

Un desglose del caso fue turnado a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, de la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía Especializada contra la Libertad Sexual y el Libre Desarrollo de la Personalidad de la Fiscalía estatal.

Luego de que las víctimas y la periodista, Cecilia Solís, hicieran público que en la carpeta judicializada, no existen personas señaladas como responsables, pues los 11 policías declararon que no sabían quién les dio la instrucción de disparar contra la multitud, la Fiscalía ha dado a conocer detalles hasta ahora ocultos a la comunidad, pero al mismo tiempo evidente.

Entre ellos que, de acuerdo al análisis de los videos proporcionados por el C-4, "se pudo determinar la probabilidad de que integrantes de un grupo operativo de la policía municipal, hayan sido los que realizaron los disparos de arma de fuego", algo que se desprende de la simple observación de videos y fotografías difundidos profusamente esa misma noche y los días subsecuentes.

La institución detallo que, derivado de lo anterior, se analizan 89 armas de fuego a través del Sistema Integrado de Identificación Balística conocido como IBIS y del microscopio de comparación balística con que cuenta la propia Fiscalía para lograr identificar a los autores materiales.

"Las víctimas han sido asistidas por la asesoría jurídica Victimal y se les proporcionaron medidas de ayuda inmediata y asistencia para su rehabilitación médica, psicológica y económica quedando inscritas en el Registro Estatal de Víctimas. Cabe destacar que desde el 1 de diciembre cuentan con abogado particular", expuso la Fiscalía.

De acuerdo con los testimonios de las víctimas, renunciaron al acompañamiento de personal de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAVQROO), porque solo se presentaron a asistirles una vez y se desatendieron del caso, por lo cual tuvieron que recurrir a asesoría legal privada.