La fiscalía pidió indagar a funcionarios de la TV Publica por el retiro de dinero sin control

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El fiscal  Gerardo Pollicita
El fiscal Gerardo Pollicita

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió indagar a funcionarios de la TV Pública en la causa que investiga el presunto retiro irregular de dinero de las cuentas del canal, sin haber seguido los procedimientos administrativos. El retiro bajo sospecha fue de $11.400.000; gran parte de ese dinero se recuperó.

Los acusados por el fiscal son Alejandro de la Torre, Claudio Lamalfa, Ariel Berliner, Guillermo Siaria, Ernesto Molinero y Adriana Maestri. Ahora será el juez Luis Rodríguez quien decida si los convoca.

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El dinero retirado se iba usar en la producción de la serie Los amores prohibidos de Manuel Belgrano.

La presidenta de la TV Publica, Rosario Lufrano, no está entre los que tienen pedido de indagatoria. En esta causa es denunciante. Aportó información y evidencia acerca de que los retiros de dinero se hicieron sin la aprobación ni la intervención de la presidencia ni el directorio, en violación de lo que establece la normativa.

Los seis funcionarios que Pollicita pidió citar están acusados de defraudación a la administración pública con incumplimiento de deberes de funcionario público que se pena con hasta seis años de cárcel.

El fiscal dijo que a partir de la evidencia que reunió se puede “tener por cierto —con el grado de certeza que esta instancia requiere— que los imputados, violando sus deberes y abusando de la confianza que les había sido depositada como funcionarios jerárquicos de RTA SE, mediante la extracción en efectivo de sumas de dinero de la cuenta bancaria de la sociedad y su posterior utilización, eludiendo los pertinentes mecanismos de control y la normativa que reglamenta el accionar hacia dentro de la misma, perjudicaron a las arcas públicas asignadas a RTA, en un claro beneficio propio y de terceras personas”.

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Gentileza Sking


La TV Pública quedó envuelta en un escándalo cuando se conoció el millonario retiro que se hizo en efectivo (Gentileza Sking/)

De la Torre es director Adjunto de Administración, Finanzas y Relaciones Comerciales; Lamalfa, tesorero; Siaria, director de la Dirección de Administración, Finanzas y Relaciones Comerciales; Molinero, gerente de Producción, y Berliner, subgerente de Gerencia de Producción de la Ejecutiva de la Unidad de Negocio Canal 7 (UNC7).

El fiscal dijo que “la maniobra cuestionada estuvo orientada a procurarse el manejo de dinero en efectivo, por fuera de los límites previstos para este tipo de operaciones en el ámbito estatal, con miras a disponer arbitrariamente del mismo y llevar a cabo distintas erogaciones presuntamente vinculadas con las necesidades de la tira en cuestión [sobre Manuel Belgrano], lo cual generó un lucro indebido al no contar con la debida autorización del Directorio de RTA SE ni la aprobación de un presupuesto que los respaldara”.

El fiscal reconstruyó la maniobra y explicó que del total del dinero retirado (11.400.000 pesos) se logró el regreso a las arcas públicas de 8.089.083,88 pesos.

Las normas del canal señalan que los gastos por sumas superiores a los 3000 pesos requieren expresa autorización del interventor de la sociedad (actualmente, el directorio). Pero los retiros de dinero en este caso se hicieron “careciendo por completo del aval del Directorio y/o la Presidencia del canal”, los anticipos de gastos fueron gestionados y autorizados desde la Gerencia de Administración y Finanzas y la Gerencia de Producción. De acuerdo con la fiscalía, además, en poco tiempo y sin presentar la rendición de gastos, se pidió un nuevo anticipo y más adelante, un tercero.

Luego de que Molinero y Siaria autorizaron esos anticipos de gastos se emitieron tres cheques, firmados por Lamalfa, De la Torre y Siaria por un total de $11.400.000. La plata provino de la cuenta N° 512455-100/2 de RTA SE del Banco Itaú, donde se recibían las transferencias del Tesoro Nacional.

El dinero fue retirado en efectivo los días 2, 4 y 8 de marzo de 2021, por Claudio Lamalfa en la sucursal del banco que está dentro del canal “por fuera de los pertinentes controles de las autoridades y en contra de las previsiones de las normas que regulan el manejo de dichos fondos”, sostuvo el fiscal.

La presidenta de la TV Pública, Rosario Lufrano, es denunciante en esta causa
La presidenta de la TV Pública, Rosario Lufrano, es denunciante en esta causa


La presidenta de la TV Pública, Rosario Lufrano, es denunciante en esta causa

La manera de llevar a cabo las transacciones “dotó de un total poder de discrecionalidad a los investigados” que se hicieron de una suma millonaria en poco tiempo y encararon diferentes pagos, dijo Pollicita. El fiscal consideró que “se vieron beneficiados ellos mismos y terceras personas” y que la “contracara” fue un “perjuicio a las arcas del Estado”.

Una compra directa y sin contrato

A Maestri le pagaron el 3 de marzo de 2021, por “servicio de realización para el proyecto Los Amores de Belgrano” $1.900.000, sin respaldo contractual y “mediante compra directa, infringiendo con esto último lo previsto en el artículo 7 del Reglamento de Contrataciones, aprobado por Resolución RTA SE 2/2010, el cual establece que este tipo de operaciones no puede superar la suma de $1.200.000″.

Maestri “tenía un vínculo previo con los funcionarios de RTA SE”, pues había sido contratada el 12 de mayo de 2020 para la dirección de arte para el diseño, preproducción y recreación estética de la imagen en el ciclo de producción “Los amores prohibidos de Belgrano” por $187.550,10.

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El fiscal Pollicita dijo que hubo un “direccionamiento espurio” y que se pagaron $1.900.000 “sin que el trabajo presuntamente comprometido se encuentre terminado”. Maestri, ante el pedido del canal, “sin oponer reparo alguno, procedió a devolver inmediatamente el importe de $1.155.000 mediante una nota de crédito”. Por los restantes $745.000 “presentó una rendición que puede ser objetada a simple vista” pues incluye comprobantes que eran simples “recibos” y no facturas, afirmó el fiscal.

Por otra parte, se efectuaron gastos en efectivo por $3.314.059,99, muchos de los cuales, al estar en gran parte vinculados a la movilidad personal de los involucrados, “se entiende fueron realizados a priori en beneficio de los propios encausados y ajenos a la finalidad para la cual fueron gestionados”.

Tras el escándalo, Lufrano “ordenó al director de Administración el cese inmediato de todas las actividades relacionadas con la tira y la recuperación del dinero”, relató Pollicita.

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