La fiscalía pidió que Alberto Samid vuelva a la cárcel por haber violado la prisión domiciliaria

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El empresario de la carne fue llevado al juicio desde el penal de Ezeiza
Emiliano Lasalvia

El fiscal federal Gabriel Pérez Barberá pidió que se revoque la prisión domiciliaria del empresario Alberto Samid, condenado por asociación ilícita, y que regrese a la cárcel, después de que se hizo público que fue a comer a una parrilla cuando esa salida no había sido autorizada por el tribunal que lo controla.

El argumento de la defensa de Samid fue que volviendo a su casa, después de una mañana de trabajo, el empresario había tenido un “síndorme confusional”, pero para el fiscal eso no fue debidamente probado. Ni el certificado médico que presentó Samid, ni sus declaraciones a la prensa después de haber dejado la parrilla convalidan su versión, sostuvo Pérez Barberá en su dictamen.

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“A mi juicio, ha quebrantado injustificadamente su obligación de permanecer en su domicilio particular, dado que no cumplió las condiciones impuestas por el tribunal al concederle autorización para egresar de su domicilio por motivos de índole laboral”, señaló el fiscal, que relató: “Como es de público conocimiento, el pasado lunes 21 de junio del corriente año (feriado nacional) una ciudadana increpó y filmó al mencionado José Alberto Samid por encontrarse almorzando en un restaurante. Dicho video fue compartido rápidamente en las redes sociales y replicado en numerosos portales de noticias”.

El fiscal recordó que Samid solo tenía autorizado salir de su domicilio, en Ramos Mejía, por motivos laborales, los lunes, miércoles y viernes (siempre que fueran días hábiles), entre las 9 y las 13. También destacó que la parrilla negó haber tenido cualquier vínculo laboral con Samid, pese a que la primera defensa del empresario fue que “estaba trabajando”.

Ahora será el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°1 el que resuelva si Samid, que lleva dos años en prisión domiciliaria, vuelve a la cárcel.

El empresario fue condenado el 25 de abril de 2019 a una pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, entre otras, por el delito de asociación ilícita, en carácter de coautor. No obstante, cumple un régimen de prisión preventiva porque el tribunal consideró que, como no está firme, la condena todavía no es “ejecutable”. El último recurso que le queda al empresario contra su sentencia es un recurso de queja ante la Corte Suprema, que hasta ahora no tomó el tema.

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