Fiscalía de Perú y OIM descartan relación entre migración venezolana e inseguridad

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La Fiscalía de Perú descartó este miércoles que exista una relación entre la inseguridad ciudadana y la inmigración venezolana, tema de debate en la campaña electoral de 2021, cuando varios candidatos prometieron deportaciones masivas.

"La percepción de inseguridad aumenta por las condiciones de vida en los vecindarios y no necesariamente por la presencia de refugiados y migrantes venezolanos", concluyó un estudio de la Fiscalía y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), una agencia de la ONU.

"Las denuncias a los refugiados y migrantes venezolanos representan un porcentaje mínimo del registro policial, pero existe una alta percepción de inseguridad por su presencia" en Perú, según el estudio divulgado este miércoles.

Políticos y ciudadanos culpan a los 1,3 millones de venezolanos que Perú acogió desde 2017 de un supuesto aumento de la delincuencia, aunque la inseguridad no es algo nuevo en el país.

Según la Fiscalía, solo el 0,6% de las denuncias por delitos en 2019 y 2020 en Lima fueron contra venezolanos. Sin embargo, el 28% de los peruanos tiene una percepción negativa de ellos y el 39% los asocia a hechos delictivos.

- Percepción de inseguridad -

"La percepción de inseguridad está siendo asociada al fenómeno migratorio y la llegada de población venezolana [...], pero también debe considerarse que la población refugiada y migrante está en una situación de mayor riesgo y presenta factores de vulnerabilidad", dijo la fiscal Rosario López Wong en la presentación del informe.

"Esta percepción de inseguridad no es nueva y tampoco es fruto de la migración venezolana. Hay elementos que aumentan la percepción de inseguridad, como la calidad de los servicios públicos y el deterioro de los espacios comunes", indicó por su parte Mateo Mandrile, coordinador de programas de la OIM en Perú.

Los medios de comunicación peruanos, nacionales y locales "tienen una alta incidencia en la creación del imaginario de aumento de percepción de inseguridad" por la inmigración venezolana, dice el estudio de la Fiscalía y la OIM.

Para el estudio fueron entrevistados 2.000 habitantes de Lima y del vecino puerto del Callao, donde vive el 82,3% de los venezolanos en Perú.

De los entrevistados, el 40% ha sido víctima de delitos, pero la mayoría de los perpetradores eran peruanos.

"Los delitos donde se identifica al perpetrador como peruano son el hurto (46%) y ofensa sexual (76%), mientras que delitos como extorsión (14%) se ha identificado al perpetrador como de otra nacionalidad", según el estudio.

- "Plazo de 72 horas" -

La inseguridad y la delincuencia son de las mayores preocupaciones de los peruanos (44%), detrás de la corrupción (54%) pero por encima del alza de los precios (32%), según la encuestadora Ipsos.

La inmigración venezolana fue uno de los temas de debate en la campaña electoral de 2021 en Perú.

"La gente está pidiendo a gritos expulsar a venezolanos que están delinquiendo en nuestro país", afirmó entonces el candidato ultraconservador Rafael López Aliaga.

Los militares van a "agarrar a cualquier extranjero que no tenga regularizado su tema migratorio [...]. Los subiremos en un barco y los bajaremos en el primer puerto que encontremos fuera del país", prometió el aspirante centrista Daniel Salaverry.

El ganador de los comicios, el actual presidente izquierdista Pedro Castillo, sostuvo que daría un "plazo de 72 horas a extranjeros ilegales para dejar el país, los que han venido a delinquir". Sin embargo, no ha deportado a nadie en sus 10 meses en el poder.

En Perú, Colombia, Chile y otros países que han recibido a millares de migrantes venezolanos se han visto expresiones xenófobas. Hay gente que los culpa por la inseguridad, la delincuencia, el desempleo, el déficit público, los problemas en los hospitales y hasta por el aumento de los divorcios.

La salida de seis millones de venezolanos comenzó tras la llegada al poder de Nicolás Maduro, el heredero de Hugo Chávez fallecido en 2013, y se intensificó en los años siguientes con una crisis económica que arruinó el poder adquisitivo.

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