Fiscalía de Guanajuato tardó 7 meses en entregar restos de dos jóvenes ya identificados

Alberto Pradilla
·4  min de lectura
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David Lorenzo Pizano López, de 19 años, salió de su casa en Juventino Rosas, Guanajuato, el 7 de agosto de 2020. Su madre, María Guadalupe López, recuerda que eran las 21:30 horas porque le pareció muy tarde. “Voy y vuelvo”, respondió su hijo. Pero no volvió.

Un mes después los restos del joven fueron hallados en una fosa junto a los de dos amigos: Martín Delgado Calero y J. Cruz García. Solo la familia del último, que lo reconoció por un tatuaje, pudo recuperar sus restos. Los otros dos, aunque también fueron identificados, tardaron más de siete meses en ser entregados a sus familiares. Todo este tiempo lo pasaron en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Celaya.

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“Es un dolor y una desesperación muy grande, saber que está ahí y que no puedes hacer nada”, decía María Guadalupe López, días antes de que la Fiscalía General del Estado (FGE) hiciera entrega de los restos. Finalmente, el viernes 12 ambas familias pudieron velar a sus allegados para posteriormente darles sepultura.

Animal Político contactó con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para conocer su versión, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.

Poco se sabe de qué ocurrió aquella noche del 7 de agosto en la que David desapareció con sus compañeros. Alguien dijo luego a las familias que los jóvenes habían sido secuestrados por personas que viajaban en una camioneta blanca. Una triste historia demasiado habitual en Guanajuato, el estado que concentra el 15% de los asesinatos de todo el país.

Según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, Guanajuato es el segundo estado con mayor número de desaparecidos en los dos últimos años, solo superado por Jalisco.

“Lo empezamos a buscar, sábado en la mañana, en la tarde, en la noche. El domingo desde tempranas horas. Pero nada”, dice López.

Tras dos días buscando metieron el reporte de desaparecido en el Ministerio Público de Juventino Rosas.

La respuesta la recibieron un mes después.

“Llegamos y el licenciado nos dijo que lo sentía mucho que eran nuestros familiares”, explica.

Los criminales los habían descuartizado, así que los restos no estaban completos. En el caso de su hijo, lo que encontraron era la parte del tronco hasta los pies, un cráneo y una mano.

Al día siguiente fueron a Guanajuato a hacerse pruebas de ADN. Sin embargo, antes pasaron por el Semefo de Celaya para hacer el reconocimiento. “El que podía ser mi hijo, sus restos, traían un pantalón y unos tenis idénticos a los que le compré”, asegura.

Ella estaba convencida: ese era su hijo.

Sin embargo, tardaron tres meses en recibir una nueva comunicación. La FGE le pidió que llevara al papá del joven, ya que los resultados no estaban claros.

Al no encontrarse cerca esta persona, recurrieron al abuelo paterno, que se hizo las pruebas. Era el mes de noviembre y López estaba segura de que esos restos eran de su hijo David. Lo mismo ocurría con la familia de Martín, que tuvo que enviar al papá a entregar su ADN nuevamente.

Ambas familias siguieron esperando sin recibir respuesta. Hasta que López entró en contacto con el colectivo Luz y Justicia, uno de los doce formados en Guanajuato por familiares de desaparecidos. Tras varias gestiones recibieron la confirmación de lo que ya sabían: que esos restos eran los de sus hijos.

Finalmente, los restos fueron entregados el viernes 12 de marzo.

“Yo no quiero saber quién fue o quién lo hizo. Solo quiero dar sagrada sepultura. Ya no quiero saber más”, asegura.

La mujer se muestra molesta con el trato recibido en Fiscalía. Fueron más de siete meses con su hijo identificado y sin poder sacarlo del Semefo. Siete meses en los que se practicaron dos pruebas distintas de ADN. “No se si no saben hacer, o están muy excesos en trabajo. Ha habido demasiado muerto, pero si no llegamos a meternos en el colectivo no sabemos si estaríamos todavía esperando”, protesta. “Se podían haber entregado desde el principio, ya estaban identificados”, insiste.

“Este caso ejemplifica dos cosas: la falta de capacidad para la identificación forense, ya que tardan meses en entregar resultados, y la saña con la que están actuando los grupos criminales, ya que los cuerpos estaban desmembrados”, explica Raymundo Sandoval, investigador e integrante de la Plataforma por la Paz de Guanajuato.

El malestar de los colectivos con la fiscalía no se limita a este caso aislado. De hecho, familiares de desaparecidos mantienen desde el pasado lunes un plantón frente al Teatro Juárez en Guanajuato, que no levantaron a pesar de mantener una reunión con el titular Carlos Zamarripa. El detonante de esta protesta fue la exhumación de restos que se habían encontrado en El Sauz de Villaseñor, Celaya, y que se retiraron sin contar con los familiares durante el fin de semana.

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