Filipinas se niega a colaborar con investigación de la CPI sobre "guerra contra las drogas"

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FOTO DE ARCHIVO: Presidente de Filipinas Rodrigo Duterte'

Por Karen Lema y Neil Jerome Morales

MANILA, 16 sep (Reuters) - El gobierno del presidente filipino, Rodrigo Duterte, dijo el jueves que no cooperará con una investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre su guerra contra las drogas, ni permitirá que ningún investigador ingrese al país.

Los jueces de la CPI aprobaron una investigación formal sobre la sangrienta campaña de Duterte, en la que murieron miles de presuntos narcotraficantes de drogas, muchos ejecutados por la policía, según activistas, que dicen que las fuerzas del orden han matado a personas con el respaldo tácito del presidente.

Duterte y sus jefes de policía afirman que las muertes fueron en defensa propia, mientras que su gobierno insiste en que la CPI no tiene derecho a inmiscuirse en los asuntos del país.

"Si hay quejas, deben presentarse en Filipinas porque nuestros tribunales están funcionando. La CPI no tiene jurisdicción", dijo el portavoz presidencial Harry Roque en una rueda de prensa.

"Cuando nos convertimos en parte del estatuto de Roma (de la CPI), no renunciamos a nuestra soberanía y jurisdicción".

Los datos del gobierno muestran que 6.100 presuntos narcotraficantes fueron asesinados por las fuerzas de seguridad en operaciones antidrogas desde que Duterte asumió el cargo a mediados de 2016.

Agrupaciones de derechos humanos dicen que muchos miles más fueron asesinados, en su mayoría por pistoleros misteriosos que nunca fueron capturados, y acusan a la policía de estar involucrada. La policía rechaza esas acusaciones.

Los jueces en La Haya declararon el miércoles que los materiales de los fiscales mostraban que la campaña antidrogas "no puede verse como una operación legítima de aplicación de la ley", sino más bien como un ataque sistemático contra civiles.

El asesor legal presidencial Salvador Panelo dijo el jueves que a los investigadores de la CPI no se les permitiría ingresar al país. Los abogados de las víctimas, sin embargo, dicen que las entrevistas se pueden realizar de forma virtual.

La CPI se estableció para perseguir crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad y tiene jurisdicción si un estado miembro no puede o no quiere hacerlo por sí mismo.

El popular Duterte, de 76 años, ha desafiado a la CPI a llevarlo a juicio y ha dicho públicamente que feliz "se pudriría en la cárcel" por matar a personas que tengan la intención de destruir su país.

Pero en marzo de 2018 canceló unilateralmente la membresía de Filipinas en el tribunal, un mes después de que su fiscal dijera que se estaba llevando a cabo una pesquisa preliminar sobre la guerra contra las drogas. La CPI dice que puede investigar crímenes cometidos mientras Filipinas era miembro, hasta 2019.

(Reporte de Neil Jerome Morales y Karen Lema. Editado en español por Janisse Huambachano)

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