La guerra contra las drogas, el sangriento legado de Duterte en Filipinas

Bangkok, 1 oct (EFE).- La guerra contra las drogas en Filipinas, investigada por la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad, es el legado más sangriento del presidente filipino, Rodrigo Duterte, cuyo mandato se acerca a su fin con el inicio hoy del registro de candidatos para sustituirle en las elecciones de mayo de 2022.

La CPI decidió el pasado 15 de septiembre en La Haya dar luz verde a la investigación de la guerra contra las drogas, iniciada por Duterte a su llegada al poder en 2016, mientras el polémico presidente afronta una nueva etapa, ya que por ley no puede presentarse a la reelección.

Este viernes comenzó el registró oficial de los candidatos a los próximos comicios, en los que Duerte se ha postulado como vicepresidente, lo que no le permitiría conservar la inmunidad del jefe del Estado, aunque si cierta protección si gana y el futuro presidente es su aliado.

Algunos analistas sugieren que su propia hija, Sara Duterte, podría presentarse como candidata presidencial en las elecciones del año próximo, pero de momento no ha hecho públicas sus intenciones.

UN LEGADO SANGRIENTO

La guerra contra las drogas es el legado más polémico de Duterte, que a pesar de los miles de muertos no ha conseguido acabar con el narcotráfico.

La Policía filipina reconoce que ha matado a más de 6.100 sospechosos en redadas contra el narcotráfico, pero los grupos defensores de los derechos humanos hablan de entre 27.000 y 30.000 muertos, en su mayoría víctimas de supuestas ejecuciones extrajudiciales.

Entre las víctimas se encuentran al menos 112 niños, según un informe publicado en 2020 por la Organización Mundial contra la Tortura.

Pese a sus repetidas llamadas a matar a traficantes y hasta drogadictos, Duterte niega cualquier implicación en las ejecuciones extrajudiciales, pero su Gobierno sí ha reconocido fallos en la guerra contra las drogas iniciada en 2016.

DISCURSO ANTE LA ONU

En un discurso grabado ante la Asamblea General de la ONU, Duterte afirmó la semana pasada que ha ordenado al Departamento de Justicia y la Policía que revisen el comportamiento de los policías en las operaciones antidroga.

En un alegato contra la injerencia extranjera aunque sin citar a la CPI, el mandatario abogó por que los que hayan "sobrepasado los límites" se sometan a las leyes filipinas y recalcó que "el cambio significativo, para ser duradero debe venir de dentro".

Presionadas también por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, las autoridades filipinas han anunciado la investigación de unas 60 de las más de 6.100 muertes ocurridas durante operaciones contra el narcotráfico.

Sin embargo, los grupos de derechos humanos denuncian que las investigaciones llegan tarde, son insuficientes y se centran en los policías que siguen las órdenes y no en quienes las dan.

"El Gobierno, al tiempo que aboga por la mano dura en la guerra contra las drogas, también quiere mejorar su imagen porque le preocupa y piensa en cómo se percibe la guerra contra las drogas, nacional e internacionalmente", indica a Efe el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Filipinas, Aries Arugay.

El analista señala que la impunidad de las supuestas ejecuciones extrajudiciales es uno de los motivos por los que la CPI ha decidido investigar la guerra contra las drogas.

POLÍTICA DE ESTADO

En su decisión escrita, los magistrados de la CPI describieron redadas policiales con numerosas víctimas mortales que formarían parte de "una política de Estado", pues "hay un vínculo claro entre los asesinatos y la campaña contra las drogas del Gobierno".

Los jueces señalan que la orden de una circular de la Policía Nacional para "neutralizar" a los sospechosos en las redadas antidroga es un eufemismo de "asesinar".

El Gobierno de Duterte, que retiró a su país de la CPI en 2019, defiende que el tribunal no tiene jurisdicción en Filipinas y ha afirmado que no permitirá la entrada de los investigadores en suelo filipino.

Cristina Palabay, secretaria general de Karapatan, indicó a Efe que, aunque los investigadores de la CPI no entren en Filipinas, estos pueden recabar desde el exterior pruebas como copias de informes policiales facilitados por fuentes no gubernamentales.

"(La CPI) puede obtener pruebas testimoniales a través de comunicaciones seguras en línea o remotas con víctimas, familiares y otras fuentes", explicó la activista de Karapatan, una coalición de ONG defensoras de los derechos humanos.

GUERRA CONTRA LOS POBRES

A pesar de que los pobres son las principales víctimas de la guerra contra las drogas, muchos filipinos humildes apoyan a Duterte, aunque su popularidad ha caído en las últimas encuestas, pasando del primer al segundo puesto como el candidato preferido para vicepresidente.

Arugai achaca esta bajada de popularidad a que algunos votantes no aprueben que Duterte se presente candidato a vicepresidente para aferrarse al poder o la mala gestión de la pandemia que ha castigado duramente a Filipinas.

El presidente, que en 2016 prometió que resolvería el problema de la droga en seis meses, reconoció el pasado 26 de julio que pensó que acabar con el narcotráfico sería más fácil, aunque volvió a desafiar a la CPI.

"La CPI puede grabarlo: a los que destruyen mi país, os mataré. Y los que destrozan a la juventud de mi país, os mataré. Terminaré con vosotros porque amo mi país. Podemos hacerlo de manera legal, pero llevaría meses y años", espetó.

Gaspar Ruiz-Canela

(c) Agencia EFE

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