Fernández apela a la solidaridad de los argentinos pero con un guiño a los acreedores

Agencia EFE

Buenos Aires, 11 ene (EFE).- Alberto Fernández, que cumple un mes como presidente de Argentina, dijo al asumir que se encontró con una "tierra arrasada" que le ha obligado, entre otras medidas, a crear un impuesto "solidario" orientado a la redistribución de ingresos pero que implica también un guiño a los acreedores de la deuda.

La Presidencia del peronista Fernández ciertamente parte con "terroríficos números", como el propio mandatario los ha calificado: el PIB de Argentina habría vuelto a caer al menos un 2,5 % en 2019; la inflación habría acumulado el año pasado un alza cercana al 55 % -la mayor tasa de los último 28 años-; el nivel de desempleo es del 9,7 % y la de pobreza ronda el 40 %.

En su discurso de investidura el 10 de diciembre, Fernández propuso empezar a resolver la crisis mediante un "contrato social fraterno y solidario" y en pocas semanas adoptó una serie de medidas que implican un giro en la política económica, ahora de perfil heterodoxo, que unos ven como "justicia redistributiva" y otros como "ajuste" a los sectores medios y altos.

"Yo sé que a los que están mejor les duele que uno les pida más esfuerzo, pero todo ese dolor será saldado cuando veamos que ya en Argentina no hay hambre", sostuvo Fernández el miércoles pasado en un acto.

El nuevo Gobierno decretó el pago de bonos a jubilados y trabajadores del sector privado y del público y creó una tarjeta para la adquisición de alimentos por parte de los sectores más vulnerables.

"Hay un esfuerzo por parte del Gobierno para inyectar unos 100.000 millones de pesos (unos 1.590 millones de dólares) en la economía", afirmó el martes pasado el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, que argumenta que recomponer ingresos impactará positivamente en el consumo y en la actividad económica en general.

Los recursos para estas políticas saldrán en buena parte de los cambios impositivos incluidos en la ley de "emergencia económica", aprobada por el Parlamento en tiempo récord y que otorga al Ejecutivo amplias atribuciones.

Gracias a la norma, se aumentaron y crearon impuestos, como el denominado tributo "solidario" que grava con un 30 % la compra de divisas extranjeras y los gastos en el exterior o el alza en los derechos de exportación, que afectan particularmente al sector agropecuario.

Pero además la norma congela la actualización automática de las jubilaciones, que ahora serán ajustadas temporalmente a criterio del Ejecutivo.

Según Ramiro Castiñeira, economista jefe de la consultora Econometrica, la "ley de solidaridad y reactivación productiva" implica un ajuste fiscal por más de 2,4 % del PIB, equivalente a 9.000 millones de dólares, derivado de mayores impuestos por 6.000 millones y de la contracción del gasto en jubilaciones por 3.000 millones.

Así, según el economista, el ajuste recae en el campo y las pymes, que pagarán 3.000 millones de dólares en nuevos impuestos; la clase media, que pagará otros 3.000 millones en tributos, "sea por ahorrar, viajar o comprar un auto"; y en los jubilados.

El "impuestazo", como lo califican los más críticos, tendrá una contracara positiva en las cuentas públicas argentinas, que resultarán menos desequilibradas.

Aunque los cálculos privados varían, la ley de "emergencia" permitiría un ahorro fiscal de entre el 1 y el 1,9 % del PIB y hay expertos que hasta incluso proyectan para 2020 un superávit fiscal primario del 0,7 % del PIB, una mejora que resultará clave en la negociación que Argentina se apresta a iniciar con los acreedores de su deuda soberana.

Argentina necesita mejorar su perfil fiscal de cara a esas conversaciones, en las que los acreedores privados y el Fondo Monetario Internacional, a cambio de conceder mayores plazos de pago, querrán ver sobre la mesa un plan "consistente" que garantice que el país suramericano podrá honrar sus compromisos.

Además de este guiño a los acreedores que implica garantizar un mejor horizonte fiscal, el nuevo Gobierno ha dado señales de querer evitar un cese de pagos a la espera de una negociación "amigable".

La ley de emergencia, de hecho, autoriza al Gobierno a emitir letras a diez años, por un total de 4.571 millones de dólares, y a adquirir con esos títulos dólares provenientes de las reservas del Banco Central con el fin de destinarlos al pago de deuda.

Pero además el Tesoro ha realizado ya en el último mes tres colocaciones de letras en el mercado doméstico, obteniendo recursos que aplica al pago de sus compromisos financieros de estas semanas con el fin de evitar un "default" antes de cerrar un acuerdo con sus acreedores.

El Gobierno asegura que tiene voluntad de pagar pero que necesita tiempo -prorrogar los vencimientos- para volver a poner la economía en pie.

El recién estrenado plan económico aún genera dudas entre los especialistas en aspectos clave, como la política antiinflacionaria.

Los pronósticos para 2020 no son de recuperación, pero sí de moderación de la crisis: los expertos que mes a mes consulta el Banco Central para su informe de expectativas vaticina que este año el PIB se contraerá el 1,6 % y que la inflación será del 42,2 %.

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