Femicidio: primera condena contra un gobierno por no proteger a la víctima

Salta deberá indemnizar a la familia de la víctima
Fuente: Archivo

SALTA.- "Abuela, algo malo va a pasar", dijo la niña de cinco años luego de atender el teléfono fijo de la casa. Aquel 20 de noviembre de 2014, algunas horas después de llamar para anticipar su crimen, el policía José Adrián Chilo asesinó de dos disparos -con su pistola reglamentaria- a la artesana Claudia Alejandra Sierralta Carrizo, de 33 años, con quien había tenido dos hijas. También abrió fuego contra algunas personas que intentaron detenerlo en la calle.

Recientemente, la Sala Tercera del Tribunal de Impugnación confirmó la condena a cadena perpetua para el femicida, y también ratificó que el Estado provincial deberá "pagar en forma solidaria, conjunta y mancomunada, a E.I.C. y a los menores G.M.J.C., J.A.C., G.B.S.y L.M.M.S., la suma total de $2.600.000 en concepto de reparación integral por el daño causado por la muerte" de la víctima.

Según datos del expediente, el policía Chilo había advertido a los médicos de la Policía de Salta sobre lo que podía ocurrir: se presentó voluntariamente, dijo que estaba consumiendo estupefacientes, que se encontraba alterado mentalmente, y pidió que le quitaran su pistola. Pero nadie escuchó. Dos meses después, el femicida llamó a su hija de cinco años, le advirtió del crimen, y luego mató a Claudia.

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Al respecto, la abogada de la familia, Gabriela Rodríguez, dijo a LA NACIÓN: "El Estado fue condenado debido a la inacción, porque teniendo todas las herramientas para evitar el femicidio no hizo nada. Este caso es una bisagra, porque ahora cuando un policía es denunciado por violencia de género le retiran el arma".

Y agregó: "Como querellantes manifestamos que la policía estaba custodiando la casa, pero no cuidaba a la víctima. Simplemente, cuidaban los ladrillos. Porque mientras un agente estaba en la puerta de la vivienda, a Claudia la ultimaban a pocas cuadras. El proceder del Estado fue pésimo". En esa línea, cabe destacar que en al menos otros tres femicidios se investigó, o se investiga actualmente, el accionar negligente de la policía.

"Por otro lado, el femicida no mostró arrepentimiento, sino que por el contrario hablaba con odio y resentimiento hacia la víctima. Sus hijos no lo están visitando en la cárcel por más que lo pidió. La niña más grande está muy afectada. y la pequeña sabe también que su padre mató a la madre", dijo la abogada de la familia Sierralta Carrizo.

A su vez, al confirmar la condena este mes, los jueces Eduardo Barrionuevo y Virginia Solórzano indicaron en el fallo: "El Estado tuvo conocimiento expreso de la situación de la que era víctima Sierralta, de la labilidad de Chilo, de la existencia de un elemento letal como es el arma, provista a Chilo por el mismo Estado, y no hizo nada efectivo para evitarlo. Claramente el deber de retirar el arma era jurídico y operativo y con total certeza se omitió cumplir el mismo".

Y agregaron: "La responsabilidad estatal frente a este resultado deberá asumirse desde la reparación ya que se omitió intervenir eficazmente en la prevención. No se trata de un deber de prevención genérico, pues ese deber devino en concreto cuando el Estado fue anoticiado de los hechos de violencia y verificó la inestabilidad emocional de Chilo".

También destacaron los jueces que con este femicidio fue vulnerado "uno de los derechos fundamentales más importantes, la vida de una joven mujer de 33 años de edad, madre de cuatro hijos menores de edad e hija de una mujer que debe afrontar con entereza el infortunio de la pérdida de su hija mayor, como así también la frustración y daño al proyecto de vida por su muerte".

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Durante la tarde en la que fue asesinada, Claudia Sierralta caminaba con relativa calma porque pocos días antes, cuando fue a realizar una nueva denuncia, le habían confirmado que su expareja no tenía el arma reglamentaria en su poder.

Por eso, la joven decidió ir hasta el centro de la ciudad para comprar materiales de trabajo. Mientras regresaba a la vivienda de su madre, fue asesinada. Al respecto, la abogada de la familia, dijo: "Claudia Sierralta venía sufriendo violencia familiar, física, psicológica, pero no lo denunciaba porque estaba inmersa en ese círculo tóxico. Cuando ella decide separarse, empieza el calvario. Chilo le había dicho que iba a matarla si ella decidía alejarse".