Feijoó, citado ante el juez para aclarar por qué no se convocó el Congreso del PP de Salamanca en casi dos años

Feijóo, en una imagen de archivo.
Feijóo, en una imagen de archivo.

Feijóo, en una imagen de archivo.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoó, ha sido citado a comparecer por el Juzgado número 5 de Salamanca, como representante legal del PP, para aclarar por qué su partido no ha convocado en casi dos años el congreso provincial de Salamanca.

Esta citación responde a una demanda de un grupo de afiliados -alcaldes y concejales-, que solicitan como medida cautelar que el cónclave se convoque antes de las elecciones municipales.

La demanda denuncia la presunta vulneración de los derechos de participación política y sufragio pasivo, según la información adelantada este viernes por la Cadena Ser acerca de una resolución del juzgado a la que ha tenido acceso EFE.

El abogado que les representa, Enrique Herrera, ha detallado que esta demanda fue presentada dos días después de que otro juzgado de Salamanca archivara la denuncia formulada por este mismo grupo de afiliados, pero que firmaba una persona que cambió de abogado y llegó a un acuerdo con el PP para retirar la demanda a principios de diciembre.

En paralelo: sigue la causa por la supuesta financiación irregular

A través de este nuevo procedimiento, Feijoó está citado  para comparecer el próximo 20 de enero a mediodía en los juzgados de Salamanca, donde por otra parte sigue su curso la causa por supuesta financiación irregular en el PP de Salamanca.

Esta otra causa figuran como investigados el ya expresidente provincial Javier Iglesias, la gerente provincial y el propio PP como persona jurídica, por el pago de cuotas atrasadas de afiliados para que participaran en las primarias que convirtieron a Alfonso Fernández Mañueco, actual presidente regional, en presidente del PP-CyL.

En su demanda, los afiliados denuncian que ante la alta de un congreso provincial es “flagrante el incumplimiento” del PP de sus propios estatutos, a la vez que relatan la falta de respuesta dada por el partido en su ámbito provincial, autonómico y nacional, a cuyos Comités de Derechos y Garantías recurrieron sin éxito.

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