The New York Times
WASHINGTON — La senadora Elizabeth Warren, demócrata de Massachusetts, presentó el 1.° de marzo un proyecto de ley que propone gravar el valor neto de las personas más adineradas de Estados Unidos, con la intención de persuadir al presidente Joe Biden y otros demócratas de obtener recursos para financiar amplios programas de gasto nuevos del gobierno federal mediante impuestos a los estadounidenses más ricos. El impuesto a la riqueza propuesto por Warren involucraría aplicar una tasa del dos por ciento al valor neto individual por encima de 50 millones de dólares; para el cálculo se tomaría en cuenta el valor de acciones, casas, embarcaciones y cualquier otro bien propiedad de una persona, después de restar sus deudas. También considera un recargo adicional del uno por ciento si el valor neto supera los mil millones de dólares. En la Cámara de Representantes, otros dos demócratas apoyan este proyecto: Pramila Jayapal de Washington, quien encabeza el caucus progresista del Congreso, y Brendan Boyle, moderado de Pensilvania. La propuesta, idéntica al plan que Warren dio a conocer durante su campaña para la nominación presidencial de 2020, no es una de las que más ingresos generarían entre las opciones que los dirigentes demócratas consideran en este momento para ayudar a cubrir las propuestas de campaña de Biden de gastar billones de dólares en infraestructura, educación, servicios de guardería, despliegue de energías limpias, servicios de salud y otras iniciativas nacionales. A diferencia de Warren, Biden con toda intención evitó apoyar un impuesto a la riqueza en las elecciones primarias demócratas de 2020 para la presidencia. Sin embargo, Warren insiste en que sus colegas apoyen este plan, que ha ganado popularidad entre el público ahora que los estadounidenses más ricos han obtenido enormes ganancias, mientras que 10 millones de estadounidenses siguen desempleados a consecuencia de la pandemia. Las encuestas han mostrado un respaldo constante a la propuesta de Warren, que ahora cuenta con el apoyo de más de tres de cada cinco estadounidenses, incluida una mayoría de los votantes republicanos. “Un impuesto a la riqueza es popular entre los votantes de ambos extremos por una buena razón: porque comprenden que el sistema está amañado para beneficiar a los ricos y a las grandes empresas”, explicó Warren. “En tanto el Congreso desarrolla otros planes para ayudar a la economía, el impuesto a la riqueza debería ser una de las primeras opciones para ayudar a financiar estos planes, debido a la enorme cantidad de ingresos que generaría”. Dijo que confiaba en que los “legisladores se sumarán a la abrumadora mayoría de estadounidenses que exigen más justicia, más cambios y que creen que ya es tiempo de aplicar un impuesto a la riqueza”. Biden no propuso ningún aumento de impuestos para cubrir el paquete de ayuda económica de 1,9 billones de dólares que espera firmar este mismo mes. Biden ha dicho que planea financiar el gasto a largo plazo (a diferencia de un sobresalto económico temporal) con aumentos a los impuestos gravados a las personas con mayores ingresos y las corporaciones. Tanto los grupos empresariales como los republicanos ya comenzaron a expresar inquietudes acerca de los planes de Biden en el ámbito fiscal. A esos mismos grupos no les gusta el plan de Warren, que fue una propuesta central de su campaña para las elecciones demócratas de 2020. Los críticos de esta propuesta argumentan que sería difícil para el gobierno federal calcular y recaudar este impuesto, que desalentaría la inversión y que los tribunales podrían declararlo inconstitucional. Warren tiene toda una colección de cartas de apoyo de estudiosos del Derecho Constitucional que opinan que su plan es satisfactorio. Warren calculó que su propuesta inicial durante la campaña de 2020 recaudaría 2,75 billones de dólares en una década, los cuales planeaba gastar en educación y servicios de guardería, con base en cálculos de los economistas Emmanuel Saez y Gabriel Zucman, de la Universidad de California, campus Berkeley. La versión más reciente, que comenzaría a aplicarse en 2023 sobre el valor neto calculado en 2022, generaría tres billones de dólares, según Saez y Zucman. Otros economistas, como Natasha Sarin de la Universidad de Pensilvania y Lawrence H. Summers de Harvard, calculan que ese impuesto recaudaría muchísimo menos. Zucman y Saez afirman que la diferencia en su cálculo se debe en parte al ciclo de recesión y recuperación por la pandemia, que ha enriquecido a algunos de los estadounidenses más ricos y exacerbado la desigualdad en la distribución de la riqueza. “La riqueza en los niveles superiores, en particular entre los multimillonarios, ha aumentado en los dos años” desde el cálculo de 2019 del plan de Warren, escribieron Saez y Zucman en un nuevo cálculo que acompaña al proyecto de ley. En un correo electrónico, Zucman enfatizó que “la disparidad entre el aumento de la riqueza para los ultrarricos y el aumento de la riqueza para la mayoría de los estadounidenses no es un fenómeno nuevo: la riqueza de los multimillonarios ha crecido a un ritmo más acelerado que la economía desde hace 40 años”. “Por desgracia”, señaló, “esta disparidad se ha ensanchado durante la pandemia. Por lo tanto, un impuesto a la riqueza podría ser una fuente significativa de ingresos para el gobierno en los próximos años”. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, no dio una respuesta directa el 1.° de marzo cuando le preguntaron durante una sesión si Biden apoyaba la propuesta de Warren. “El presidente está convencido de que los ultrarricos y las corporaciones deben comenzar a pagar la proporción justa”, dijo. This article originally appeared in The New York Times. © 2021 The New York Times Company
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