Familiares de víctimas de feminicidios protestan frente a la fiscalía

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TOLUCA, Méx., agosto 25 (EL UNIVERSAL).- Familiares de víctimas de feminicidios ocurridos en el Valle de México protestaron frente a la Fiscalía General de Justicia estatal, debido al rezago en la investigación, judicialización de carpetas de investigación, además de pretextos para no ejecutar órdenes de aprehensión contra presuntos feminicidas que ya cumplen alguna sentencia por otros delitos dentro de un penal estatal.

Frente a la explanada principal de la FGJEM, en Toluca, señalaron que algunos de sus casos desde hace cinco años no tienen avance, solo reciben pretextos, cómo la falta de mecanismos tecnológicos para realizar su trabajo.

Integrantes del Colectivo Verdad y Justicia acusaron que existe dilación en la judicialización de las carpetas de investigación, incluso en las investigaciones. Mauricio, papá de Fernanda asesinada en el 2019, señaló que incluso su hijo y él han recibido amenazas pero no le otorgaron medidas de precaución, pues "ni siquiera hay línea de investigación por el feminicidio de mi hija".

Por lo anterior, pidieron la presencia del Fiscal General José Luis Cervantes, pues señalaron que en reiteradas ocasiones los ha recibido la Fiscal de Delitos de Género, Dylcia García, pero ha sido una pérdida de tiempo.

Gloria Reyes, mamá de Salma Andrea Correa, asesinada en Tlalmanalco por un camionero que salió decidido a matar a varias personas y lo hizo. "Ahora estoy esperando que haya justicia, que ha llegado muy tarde, he pedido que sea juzgado el presunto responsable con perspectiva de género. Él fue detenido en el 2021 en Hidalgo y aún no sé si se va a juzgar con perspectiva de género".

Añadió que su caso es uno de decenas que se agrupan en el Colectivo Verdad y Justicia, que representa a familias del Valle de México, y aunque reconoció que en algunos casos han sido atendidos por personal responsable de los delitos de género, al final, "la justicia sigue estancado".

Señaló que en ciertos casos no siquiera han revisado las carpetas de investigación, en tanto que han tenido que aportar de su bolsa para apoyar con las investigación, para que al final los policías de investigación y Ministerios Públicos desdeñen el trabajo y ni siquiera judicialicen los asuntos o insistan en el pago por la reparación del daño.