Los familiares separados en la frontera podrían recibir hasta 450.000 dólares cada uno

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Milka Pablo sostiene a su hija Darly Coronado, de 3 años, mientras esperan un autobús poco después de reunirse tras meses separadas, en una estación de autobuses en Phoenix, Arizona, el 10 de julio de 2018. (Victor J. Blue/The New York Times)
Milka Pablo sostiene a su hija Darly Coronado, de 3 años, mientras esperan un autobús poco después de reunirse tras meses separadas, en una estación de autobuses en Phoenix, Arizona, el 10 de julio de 2018. (Victor J. Blue/The New York Times)


Según varias personas familiarizadas con el tema, las familias de migrantes que fueron separadas en la frontera durante el gobierno de Trump podrían ser candidatas a recibir cientos de miles de dólares en compensación por el daño que les infligió la política.

Las fuentes indicaron que algunas familias podrían recibir hasta 450.000 dólares por cada miembro afectado de manera directa. Sin embargo, las negociaciones entre el gobierno de Biden y los abogados que representan a las familias no han terminado, y muchas podrían recibir una cantidad bastante menor.

Alrededor de 5500 niños fueron separados de sus padres en la frontera sur al amparo de la política de “tolerancia cero” del presidente Donald Trump, sobre todo en la primavera y el verano de 2018. La mayoría venían de Centroamérica, pero la medida también afectó a personas de Brasil, México y Rumania, entre otros países.

“No hay duda de que el gobierno de Biden está haciendo lo correcto al proporcionar una indemnización monetaria significativa, dado que el gobierno maltrató de manera intencional a estas familias, incluidos bebés y niños pequeños”, dijo Lee Gelernt, el principal negociador de las familias y subdirector del proyecto de derechos de los inmigrantes de la Unión Americana para las Libertades Civiles.

“Pero, en última instancia”, agregó, “el gobierno de Biden será juzgado por el hecho de si les dio a estas familias o no una vía para quedarse en Estados Unidos, para permitirles superar este trauma para siempre”.

En una serie de negociaciones, los abogados argumentaron que el gobierno de Estados Unidos, incluido el Departamento de Seguridad Nacional, dañó a las familias al separar a los padres de los hijos, y que estas deberían tener derecho a una indemnización económica. En las negociaciones paralelas, la ACLU está intentando llegar a un acuerdo con el gobierno que les proporcione a las familias, entre otras cosas, una vía para permanecer en Estados Unidos y servicios sociales.

La política de separación de familias fue un componente clave de la ofensiva del gobierno de Trump contra la inmigración no autorizada. El objetivo era crear un poderoso elemento disuasorio para quienes esperaban venir a Estados Unidos, afectando incluso a familias que podrían haber tenido derecho legal de asilo debido a la persecución en sus países de origen.

Joselaine Cordeiro, una migrante de Brasil, separada de su hijo durante más de nueve meses, en Massachusetts, el 31 de enero de 2021. (Philip Keith/The New York Times)
Joselaine Cordeiro, una migrante de Brasil, separada de su hijo durante más de nueve meses, en Massachusetts, el 31 de enero de 2021. (Philip Keith/The New York Times)

La política se dio a conocer mediante un memorando en abril de 2018. Más tarde salió a la luz que las familias habían sido separadas ya en 2017 como parte de un programa piloto realizado cerca de El Paso, Texas. Cerca de 1000 de las 5500 familias siguen separadas porque los padres fueron deportados a su país de origen.

En virtud de esta política, los agentes de la Patrulla Fronteriza imputaron penalmente a los padres por haber entrado en Estados Unidos de manera ilegal, los encarcelaron y colocaron a sus hijos en refugios autorizados por el gobierno en todo el país. Las imágenes y las grabaciones de audio de niños llorando después de ser separados por la fuerza de sus padres provocaron una condena generalizada.

En junio de 2018, un juez federal de California ordenó al gobierno rescindir la política y reunificar de inmediato a las familias, con el argumento de que la práctica “turba la conciencia” y viola la Constitución. Los funcionarios del gobierno se esforzaron por cumplir una serie de plazos ordenados por el tribunal para reunir a las familias.

Las reunificaciones estuvieron marcadas por la angustia y la confusión: muchos niños pequeños no reconocían a sus padres después de meses separados. Algunos lloraban y rechazaban a sus padres. Los niños que habían aprendido a ir al baño antes de la separación habían vuelto a usar pañales.

El presidente Joe Biden se comprometió a indemnizar a las familias tras asumir el cargo.

En febrero, su gobierno formó un grupo de trabajo, con representantes de los departamentos de Seguridad Nacional, Salud y Servicios Humanos y Estado, para reunir a las familias migrantes que seguían separadas y determinar cómo reparar el daño causado por la política.

En los meses recientes, se autorizó el ingreso a Estados Unidos de una decena de padres que fueron deportados tras la separación de sus hijos, con permiso para permanecer aquí durante dos años. El gobierno permitió el ingreso a familias enteras, incluidos hermanos.

Solo una minoría de las familias puede tener derecho a una indemnización, según fuentes que conocen las negociaciones. Muchas no han presentado una queja administrativa al gobierno por miedo a las represalias, y los abogados siguen negociando para conseguirles una indemnización.

The Wall Street Journal dio a conocer el monto máximo de 450.000 dólares por familiar que se está negociando.

Tras una orden de un tribunal federal el año pasado, Seneca, una agencia de servicios sociales con sede en Los Ángeles, coordina el asesoramiento a los padres y niños reunificados en Estados Unidos.

“Lo que hemos visto es que a las familias les urgen los servicios de salud mental y los están recibiendo con entusiasmo”, comentó Mark Rosenbaum, el abogado principal del caso, que buscó obtener los servicios para las familias.

El alcance de los servicios se está negociando como parte del acuerdo, al igual que la cuestión de si se deben proporcionar servicios adicionales.

La brasileña Joselaine Cordeiro y su hijo, James, que entonces tenía 14 años, fueron de las primeras familias migrantes separadas en la frontera en 2017. Estuvieron separados durante más de nueve meses. Ella permaneció en un centro de detención de inmigrantes y él vivió en un refugio para niños administrado por el gobierno.

Cordeiro se convirtió en la segunda demandante en una demanda colectiva que la ACLU presentó contra la política de separación de familias; la ACLU y sus socios han logrado gran parte del trabajo de identificación de los familiares en todo el mundo.

Cordeiro, de 35 años, trabaja como empleada doméstica en la zona de Boston; obtuvo permiso para trabajar en Estados Unidos tras presentar una solicitud de asilo. Su hijo no puede trabajar porque carece de estatus legal, y a ella no le alcanza para pagar su asistencia a la escuela comunitaria.

“Si hay alguna ayuda financiera, supondría una gran diferencia”, dijo.

“Esta separación me ha causado una depresión que me ha impedido trabajar de manera constante”, añadió. “He tratado de ser fuerte”.

© 2021 The New York Times Company

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