Yahoo Noticias Familia pide justicia por desaparición forzada de político Flores en Bolivia
San José, 10 feb (EFE).- La familia del dirigente político Juan Carlos Flores Bedregal, presunta víctima de desaparición forzada en Bolivia a partir de 1980, pidió este jueves a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) una sentencia que obligue al Estado a esclarecer los hechos e identificar su paradero.
El caso se relaciona con la desaparición forzada del dirigente del Partido Obrero Revolucionario, diputado nacional y miembro del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, aparentemente a manos de fuerzas militares en el marco del golpe de Estado de 1980, y la impunidad en la que se encuentran los hechos.
La demanda señala que, si bien se adelantaron procesos que culminaron con sentencias condenatorias, hasta la fecha no ha existido un esclarecimiento completo de lo sucedido con la presunta víctima, incluyendo el paradero de sus restos mortales.
En la audiencia de este jueves ante la CorteIDH, en Costa Rica, rindió su declaración Olga Flores Bedregal, hermana del político desparecido, acerca de la vida del dirigente, de su desaparición y de los hechos posteriores, los cuales calificó como "un calvario de 42 años".
"Queremos que en América Latina la gente recupere la justicia. Ha llegado el momento en que instituciones como la Corte Interamericana cumplan el rol de recuperar para nuestros países, en especial para Bolivia, un espacio de esperanza y de luz, dado que en Bolivia hemos agotado los recursos sin obtener un resultado positivo", dijo Flores a Efe.
Olga Flores recordó que su hermano fue una persona entregada a su labor política y consecuente con su pensamiento de justicia social y el bienestar común, a quien considera como un ejemplo para la juventud actual de que se puede participar en la política en beneficio de la sociedad.
"Un dictamen de la Corte Interamericana va a ayudar enormemente a que se esclarezca, pero sobre todo queremos recuperar la presencia de Juan Carlos Flores como dirigente político en el continente y recuperar una ética política", manifestó la mujer que ha liderado una organización que trabaja por la búsqueda de personas desaparecidas en Bolivia.
Flores agregó que el delito de desaparición forzada se ha constituido en un "método represivo horroroso que es terrorismo de Estado", pues infunde en la población "el temor de ser perseguido y apresado".
La demanda por este caso también alega que el Estado boliviano no ha cumplido con su obligación de obtener, producir, analizar, clasificar, organizar y facilitar a la sociedad en su conjunto, el acceso a los archivos militares relacionados con graves violaciones de derechos humanos del pasado reciente, lo que habría tenido un impacto directo en la manera en que el Estado respondió a las solicitudes específicas de los familiares de Juan Carlos Flores Bedregal.
En la audiencia de este jueves ante la Corte Interamericana declaró en calidad de testigo Eduardo Domínguez, un dirigente político amigo de Flores Berrocal, quien dijo haber sido detenido junto a él el mismo día en que desapareció.
Domínguez relatò haber presenciado el momento en que un paramilitar le lanzó una ráfaga de balas de ametralladora a Flores Bedregal en el estómago, ante lo que, a su juicio, "nadie puede sobrevivir", y reconoció que desconoce qué pasó con el cuerpo que quedó tirado en el piso.
El testigo aseguró que el crimen tuvo como motivo la venganza frente a la lucha política y social que Flores Bedregal dio contra la dictadura en Bolivia.
En la audiencia, el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, explicó que la desaparición ocurrió a partir de un asalto armado a la sede de la Central Obrera Boliviana donde se encontraba el dirigente, y que se enmarcó "en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos, de represión contra líderes políticos y de uso sistemático de la desaparición forzada durante el Gobierno dictatorial".
La CIDH determinó que "la desaparición forzada de la víctima tuvo como móvil reprimir el ejercicio de los derechos políticos y la libertad de asociación", afirmó Vaca.
Tras la audiencia de este jueves, los demandantes y el Estado tendrán un mes para presentar sus alegatos finales por escrito y a partir de entonces la Corte emitirá una sentencia en los siguientes meses.
(c) Agencia EFE
