Los fabricantes de armas han evitado la responsabilidad tras los tiroteos masivos. Eso empieza a cambiar, y Highland Park lo ha notado

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Mientras los funcionarios de Highland Park reflexionan sobre su respuesta legal al tiroteo masivo del Día de la Independencia que mató a siete personas e hirió a docenas más, un caso de evolución lenta justo al otro lado de la frontera estatal sugiere un camino posible.

En 1999, Gary, Indiana, demandó a numerosos fabricantes, distribuidores y minoristas de armas, alegando que eran una molestia pública por suministrar armas que sabían que llegarían a los delincuentes.

El caso se encontraba entre una serie de demandas presentadas por ciudades y grupos de defensa, que buscaban responsabilizar a los fabricantes y comerciantes de armas por la carnicería causada por el uso de sus productos. Casi todas las demandas, incluida una presentada por Chicago, fueron desestimadas, con la ayuda de una ley federal diseñada para proteger a la industria de las armas de responsabilidad.

Pero la demanda de Gary sobrevivió. Y ahora, más de 20 años después, parece que las probabilidades de tales casos están mejorando.

Los padres de los niños asesinados en Newtown, Connecticut, ganaron un acuerdo de $73 millones a principios de este año de Remington, que fabricó el rifle estilo Bushmaster AR-15 utilizado en la masacre de la escuela primaria Sandy Hook. Más importante aún, los padres podrán publicar documentos internos de Remington que podrían iluminar las prácticas de marketing de la empresa.

Esa es una señal alentadora para Highland Park, que todavía está evaluando su posible estrategia de litigio.

“No dejaremos piedra sin remover”, dijo Steven Elrod, abogado corporativo de la ciudad y profesor adjunto en la Facultad de Derecho Pritzker de la Universidad Northwestern. “… Estamos muy avanzados en la investigación y evaluación del mejor curso de acción en nombre de la ciudad, los contribuyentes, los dueños de negocios cuyas operaciones se han visto interrumpidas y los residentes que experimentaron no sólo dolor físico, sino también sufrimiento emocional”.

Inmunidad a juicio

Las demandas por armas de fuego de la década de 1990 fueron una continuación de los litigios tremendamente exitosos contra las compañías tabacaleras que forzaron grandes acuerdos financieros y la publicación de documentos internos, dijo Dru Stevenson, profesor de la Facultad de Derecho del Sur de Texas en Houston.

Aunque algunos demandantes de armas ganaron acuerdos, dijo, la mayoría de los casos no tuvieron éxito, incluido uno presentado por Chicago.

En 1998, la ciudad demandó a 22 fabricantes de armas y cuatro distribuidores, alegando que eran una molestia pública equivalente a una fábrica contaminante o un bar que atiende a menores. El alcalde Richard M. Daley dijo que las empresas se habían convertido en socios voluntarios de los delincuentes.

“Vamos a golpearlos donde les duele, en sus cuentas bancarias, y no dejaremos de golpearlos hasta que dejen de inundar nuestras calles con armas”, dijo.

Las compañías negaron las afirmaciones de la ciudad y un juez del Condado Cook desestimó el caso, diciendo que los datos que la ciudad usó para vincular las armas del crimen con las armerías y los fabricantes de armas no eran convincentes. La ciudad apeló, pero en 2004 la Corte Suprema de Illinois desestimó la demanda y dictaminó que la regulación de armas de fuego era un asunto de la legislatura estatal.

Demandas similares llevaron a la Asociación Nacional del Rifle a cabildear contra lo que denominó litigios frívolos, y en 2005, el Congreso aprobó la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, que el presidente George W. Bush convirtió en ley. Eso le dio a la industria de las armas una mayor inmunidad, pero no cerró la puerta por completo a los litigios.

Los grupos de defensa continuaron presentando demandas bajo diferentes teorías legales. La que se mantuvo fue la “excepción predicada”, que sostiene que los fabricantes de armas pueden ser considerados responsables si violan a sabiendas una ley estatal o federal.

En el caso de Newtown, dijo Stevenson, los abogados señalaron las leyes de Connecticut que dicen que las empresas no pueden hacer publicidad de una manera que aliente a las personas a usar sus productos ilegalmente.

“Ese fue el gancho que intentaron allí y funcionó”, dijo. “Básicamente dijeron que Remington claramente había comercializado (el arma) a hombres jóvenes que son inseguros y quieren demostrar que son machos. Eso fue suficiente para hacer un reclamo bajo las leyes de publicidad y protección al consumidor de Connecticut”.

La NRA y otro grupo de cabildeo de la industria, la Fundación Nacional de Deportes de Tiro, no respondieron a la solicitud de comentarios del Tribune.

‘Una ballena varada’

El caso de Gary depende de una estrategia legal similar, pero utiliza la ley de alteración del orden público de Indiana, dijo Jody Madeira, profesora de la Facultad de Derecho Maurer de la Universidad de Indiana. La demanda ha sobrevivido a varias órdenes de desestimación y un esfuerzo de los legisladores estatales para acabar con ella.

En 2015, un senador estatal republicano llamado Jim Tomes presentó un proyecto de ley para prohibir los litigios contra la industria de las armas. Lo hizo retroactivo al día anterior a que Gary presentara su demanda, diciendo que el caso “ha estado ahí como una ballena varada y está empezando a apestar”.

La medida fue aprobada y el entonces gobernador. Mike Pence lo convirtió en ley. Un juez lo citó cuando desestimó el caso de Gary, pero un tribunal de apelaciones revocó la decisión y dijo que la ley no brindaba inmunidad contra el “diseño, fabricación, comercialización o venta ilegales de un arma de fuego”.

El caso, que nombra a 19 fabricantes, distribuidores y minoristas como demandados, permanece en el proceso de intercambio de información previo al juicio. El abogado de la ciudad de Gary no respondió a un mensaje en busca de comentarios.

Madeira dijo que si bien no hay garantía de que la demanda prospere, una victoria en la corte o un acuerdo favorable sentaría un precedente importante.

“Estas demandas tienen un valor simbólico importante, especialmente a raíz del proyecto de ley bipartidista del presidente (Joe) Biden (para endurecer las regulaciones de armas)”, dijo. “Creo que la marea está cambiando y que los fabricantes y vendedores de armas básicamente no pueden decir: ‘Somos completamente inmunes’”.

Mientras tanto, continúan otras demandas locales contra la industria de las armas. Chicago está demandando a una tienda de armas de Gary, alegando que la tienda está vendiendo “armas de fuego” a compradores ficticios, mientras que Erin Bauer, la viuda del comandante de la policía de Chicago asesinado, Paul Bauer, está demandando a un sitio web que presuntamente facilitó la compra de un arma utilizada para matar a su esposo.

Jonathan Lowy, abogado principal del grupo de defensa del control de armas de Brady, dijo que las demandas pueden brindar responsabilidad frente al estancamiento político.

“Si el Congreso sigue sin hacer su trabajo y sigue permitiendo que las empresas de armas comercialicen imprudentemente armas de guerra entre el público, incluidos los adolescentes que encajan en el perfil de tiradores en masa, esa conducta peligrosa puede ser refrenada por la responsabilidad legal”, dijo.

‘Proteger los latidos del corazón’

Los defensores están presionando para que se lleve a cabo una sesión legislativa especial para abordar la cuestión de la prohibición de los rifles de asalto, pero el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, y los líderes de la Asamblea General aún no han fijado una fecha. La Asociación del Rifle de Illinois ha dicho a sus miembros que espera que suceda poco después del Día del Trabajo.

Algunos han criticado a la gran mayoría demócrata de la Asamblea General por no haber promulgado leyes más estrictas. La representante estatal Margaret Croke, demócrata por Chicago, dijo que si bien esa ha sido una tarea difícil, dada la diversidad de puntos de vista sobre las armas dentro del caucus, se está comenzando a formar un consenso.

Presentó un proyecto de ley el año pasado diseñado para facilitar la presentación de demandas contra la industria. Llamada Ley de Protección de los Latidos del Corazón, se hace eco de una ley de Texas que permite a las personas demandar a cualquier persona involucrada en un aborto; sólo que esta ley se aplicaría a los fabricantes de armas, minoristas y compradores ficticios.

Croke dijo que su proyecto de ley pretende desafiar las protecciones especiales otorgadas a la industria de las armas de fuego.

“Vivimos en una sociedad muy litigiosa y no tenemos un gran organismo regulador federal”, dijo. “Para que las empresas cambien su comportamiento en Estados Unidos, tenemos que demandarlas. Perseguir los bolsillos de las grandes empresas es la única forma de lograr que hagan algo”.

La NRA y otro grupo de cabildeo de la industria, la Fundación Nacional de Deportes de Tiro, no respondieron a la solicitud de comentarios del Tribune.

jkeilman@chicagotribune.com

Twitter @JohnKeilman

  • Este texto fue traducido por Octavio López/TCA

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