Félix Verdejo es acusado por Gran Jurado Federal por asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz

·5  min de lectura
El boxeador puertorriqueño Félix Verdejo (Foto: AP)
El boxeador puertorriqueño Félix Verdejo (Foto: AP)

El boxeador Félix Verdejo Sánchez y Luis Antonio Cádiz-Martínez fueron acusados el jueves por un Gran Jurado que emitió una acusación formal por delitos federales que llevaron al asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz, anunció el fiscal federal W. Stephen Muldrow.

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, siglas en inglés) ha estado a cargo de la investigación desde el fin de semana cuando finalmente Verdejo se entregó a las autoridades luego que declaraciones de su cómplice lo vincularan con la muerte de la joven de 27 años.

La investigación se lleva a cabo en colaboración con el Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, el Negociado de Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia de Puerto Rico.

El pliego acusatorio emitido por Muldrow se dio también de la mano del agente especial a cargo del caso Rafael Riviere-Vázquez y Domingo Emanuelli, secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico.

Verdejo Sánchez y Cádiz Martínez enfrentan un cargo de robo de auto con resultado de muerte, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 2119 (3) y (2); un cargo de secuestro con resultado de muerte, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1201 (a) (1) y 2; y un cargo por matar a un niño por nacer, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1841 y 2, también conocida como “Ley de Víctimas de Violencia por Nacer de 2004”, según el pliego.

Además, Verdejo Sánchez enfrenta un cargo por usar y portar un arma de fuego durante y en relación con un delito de violencia, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 924 (c) (1) (A )(I).

La acusación federal incluye, además, un aviso de hallazgos especiales sobre hechos y factores relevantes que hacen que el caso sea elegible para la pena de muerte.

Estos incluyen el que cada imputado mató intencionalmente a la víctima (Keishla Rodríguez Ortiz); que cada acusado cometió el delito de una manera especialmente atroz, cruel o depravada, ya que implicó un abuso físico grave a la víctima; y que cada acusado cometió el delito después de una planificación y premeditación sustanciales para causar la muerte de la víctima.

Se desprende que Verdejo Sánchez, con quien la víctima mantenía una relación por los pasados 11 años, según su familia, consiguió la comisión del delito mediante el pago o promesa de pago de cualquier cosa de valor pecuniario. Cádiz Martínez, por su parte, es identificado como la persona que cometió el delito como contraprestación por el recibo, o en espera del recibo, de algo de valor pecuniario.

El caso está en manos del fiscal federal Jonathan Gottfried, jefe de la Sección de Crímenes Violentos y Seguridad Nacional de la Fiscalía federal, y la fiscal federal Jeanette Collazo.

“Keishla Rodríguez-Ortiz fue separada de una familia que la amaba, y a ella ya su hijo se les negó el derecho más fundamental a la vida, y la alegría de saber cómo pudo haber sido esa vida”, destacó Muldrow.

“Esperamos que este proceso brinde algo de consuelo a la familia de Keishla. Este caso también subraya el mensaje de cooperación con las fuerzas del orden público que he estado repitiendo a la comunidad: si tiene conocimiento de actividad delictiva, incluso si participa en esa actividad, haga lo correcto y preséntese ante las autoridades. Los fiscales y los organismos encargados de hacer cumplir la ley que han trabajado incansablemente y que continúan ayudando en la investigación en curso de este caso, son dignos de elogio”, agregó el fiscal federal.

Según establece la ley, las penas legales por violaciones de los estatutos de secuestro y robo de vehículos incluyen cadena perpetua o pena de muerte. El otro cargo, el de asesinato intencional de un niño por nacer, incluye cadena perpetua.

Verdejo Sánchez también enfrentaría a una sentencia de cadena perpetua por la violación de arma de fuego, la cual se impondría consecutivamente a cualquier otro delito relacionado con la condena.

La familia de Rodríguez Ortiz declaró en entrevista con Telemundo 31 que no quieren la pena de muerte para el boxeador. La madre de la víctima, Keila Ortiz Rivera, dijo que prefiere que le den “cadena perpetua para que sufra cada segundo como sufrió mi hija”. La hermana de la víctima también ha dicho que darle pena de muerte sería darle una salida fácil al excompañero sentimental de Keishla.

Esta semana también se revelaron los resultados de la autopsia realizada por el Instituto de Ciencias Forenses. Rodríguez Ortiz, quien tenía un mes de embarazo, murió por asfixia por inmersión, según publicó El Vocero en Puerto Rico.

La autopsia reveló que la víctima tenía la mandíbula fracturada, que fue inyectada con una mezcla de heroína y fentanilo, pero que cuando fue lanzada del puente, se presume estaba inconsciente, pero viva, añadió el rotativo puertorriqueño.

Estas revelaciones serían compatibles con la información ofrecida por un testigo, con conocimiento de lo ocurrido, que se encuentra cooperando con el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés).

“El FBI se enorgullece de haber trabajado junto con nuestros colegas de laPolicía de Puerto Rico y la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico en este caso”, dijo Rafael Riviere-Vázquez, agente especial a Cargo de la Oficina de Campo del FBI en San Juan.

“Reconozco el trabajo en equipo y los esfuerzos de los siete fiscales y el fiscal jefe asignado a este caso junto con el Negociado de la Policía de Puerto Rico”, dijo Domingo Emanuelli, secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico. “El mensaje es claro y contundente. Quién viole la ley, amenace la seguridad y la vida de las mujeres, pagará”, sostuvo.

“Seguimos trabajando de la mano con nuestros socios a nivel local, estatal y federal para llevar justicia a Keishla. Nuestro objetivo es llegar al fondo de este caso y procesar a los responsables de este delito”, dijo Alexis Torres, secretario del Departamento de Seguridad Pública. “Se lo debemos a Keishla, a su familia y al pueblo de Puerto Rico. Tenga la seguridad de que el DSP no descansará hasta que se haga justicia en este caso y en todos los demás en nuestra jurisdicción”, concluyó.

La acusación presentada el jueves contiene solo cargos contra los acusados de acuerdo con la investigación que disponen al momento, pero las autoridades hicieron hincapié en que no es evidencia de culpabilidad.

Nuestro objetivo es crear un lugar seguro y atractivo para que los usuarios se conecten en relación con sus intereses. Para mejorar la experiencia de nuestra comunidad, suspenderemos temporalmente los comentarios en los artículos.