Expresidente catalán y familia podrán ser juzgados por organización criminal

Agencia EFE
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Madrid, 20 abr (EFE).- Un tribunal español confirmó que el expresidente catalán Jordi Pujol, su esposa y siete hijos puedan ser juzgados por delitos que incluyen el de organización criminal, en un caso que investiga un millonario patrimonio de la familia en el exterior.

La Audiencia Nacional española determinó, en una resolución conocida este martes, que se puede llevar a juicio a Jordi Pujol, político nacionalista que presidió el Gobierno regional de Cataluña (noreste) durante 23 años de 1980 a 2003, y su familia por delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

El tribunal ratificó su competencia para juzgar a Pujol, que tiene 90 años, y su familia por actos realizados en el extranjero, fundamentalmente en Andorra, un pequeño país entre España y Francia, mediante el movimiento de fondos en efectivo de diversas cuentas bancarias de las que eran titulares varios de sus miembros o fundaciones controladas por ellos.

La resolución coincide con el juez que investigó el caso en que el político presuntamente se aprovechó del cargo de presidente y junto con su familia obtuvo una importante cantidad de dinero que fue ingresado en cuentas bancarias en el extranjero y sometido "a diversos movimientos y transmisiones, para ocultar su origen ilícito".

El tribunal consideró que también pueden ser juzgados varios empresarios investigados, después que el año pasado el juez propusiera llevar a juicio el caso y la acusación que ejerce el partido de izquierda Podemos reclamara penas de hasta 54 años de cárcel para uno de los hijos y de 20 para el expresidente, mientras que la Fiscalía aún no presentó cargos.

Pujol, una importante figura en la política catalana y del conjunto de España en las últimas décadas, hizo publico en 2014 que durante más de treinta años ocultó a la Hacienda Pública un dinero en Andorra, tras lo que pidió perdón a la sociedad y se inició una investigación en la que la Policía Judicial estimó que la familia podría tener un patrimonio no justificado de unos 69 millones de euros (unos 83 millones de dólares).

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